Colombianos y colombianas
Nuestro país, según su Constitución Política, es un Estado Social de Derecho, por tanto, la conducta de su ciudadanía debe ceñirse a las disposiciones legales que la regulan; siendo sus funcionarios los llamados a dar ejemplo en el acatamiento de su ordenamiento legal y, cuando su desempeño sea señalado de ser violatorio del mismo, los jueces deben actuar con prontitud para evitar que, si es inocente, sea víctima de ultrajes injustificados, pero si es culpable, sea separado rápidamente del cargo y aplicarle la sanción que su censurable conducta merezca.
No es concebible que un alcalde o gobernador que llega al cargo mediante acciones ilegales o que, en el ejercicio de sus funciones cometa delitos y, solo dos años después de haber cumplido su mandato, sea sancionado con destitución por los mencionados actos delictivos, ¡Qué horror!
Esto solo sucede en un país llamado Colombia y es indicativo de que la corrupción ha invadido toda su estructura organizacional, porque para que tales hechos se den, es necesaria la complicidad, bien sea por acción u omisión de los tres poderes públicos, pues de otra manera no puede interpretarse la actitud pasiva y complaciente del gobierno, legisladores y jueces y, de la ciudadanía, legitimando con su silencio la degradación de nuestra democracia, por lo que el trabajo de asepsia que ha de realizarse para restaurar la moral pública nacional, debe ser de tal magnitud que impacte a todos los estamentos de la sociedad.
La gravedad de la situación se agudiza por el progresivo deterioro del orden público y la consecuente inseguridad ciudadana, llegando a su nivel más avanzado cuando los grupos delincuenciales están tomando el control de la nación, mediante dominios territoriales, tanto en el sector urbano como rural, en cuyas zonas parece vedada la presencia de las autoridades estatales.
La situación expuesta nos hace comprender su complejidad y, su solución no se da con la simple aprobación o modificación de unas leyes, o vinculando personas honestas en determinados cargos del Estado, porque estas acciones aisladas, son neutralizadas por las dominantes fuerzas de la corrupción y la delincuencia organizada. He ahí la magnitud del trabajo a realizar y la necesidad de liderazgos que interpreten objetivamente la realidad que vivimos y nos señalen horizontes claros que nos permitan identificar salidas y espacios adecuados para construir un futuro de optimismo, de paz, de convivencia y bienestar.
El momento no da espera y, de no actuar pronto, dentro de poco estaremos asimilándonos a la Venezuela sin rumbo de Maduro o a la Argentina de Milei quien se deleita con la insatisfacción de las necesidades de su pueblo, o a Haití, cuyo Estado está bajo control absoluto de bandas delincuenciales, mientras su pueblo se muere de hambre.
Esto es un compromiso de todas y todos.
Organicémonos con prontitud y responsabilidad y, nada de anarquía porque estaríamos identificándonos con los que buscan conducirnos al abismo.
Nuestro pueblo merece el futuro por el que tanto ha luchado.
Tú sabrás el puesto que has de ocupar en magna.
Economista y Docente Universitario
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