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En la guerra cruzada entre el Gobierno nacional, las EPS y las distribuidoras de medicamentos hay un grupo en particular que ha salido especialmente perjudicado y son los miles de usuarios de Nueva EPS, que fue intervenida por el gobierno Petro y fue regida durante años por una junta integrada por reconocidos personajes públicos del país.
Esta es la EPS más grande del país con cerca de 11 millones de afiliados, es decir, cerca del 25% del total que tiene el sistema. Pero, así como son grandes a nivel de usuarios también lo son a nivel de deudas, algo que han denunciado tanto distribuidoras de medicamentos como clínicas, que acusan a la entidad de dejarlos sin los recursos suficientes para cubrir gastos como los pagos de salarios o las obligaciones con los proveedores.
El caso más reciente de un hospital determinado a no atender afiliados de Nueva EPS fue el de la Clínica El Prado de Medellín, una de las más importantes de la capital de Antioquia y que le pertenece al grupo español Quirónsalud, la cual sacó un comunicado anunciando que ya no contaban con ninguna relación contractual con esta EPS y que, por tanto, no iban a prestarle más servicios médicos a sus usuarios. Eso sí, esta decisión no incluye a las urgencias vitales.
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Misma decisión había tomado previamente la Clínica Bolivariana, que le pertenece a la Universidad Pontificia Bolivariana. Ambas motivadas por las grandes deudas que tiene la Nueva EPS con los centros asistenciales públicos y privados, la cual, por lo menos en el caso de Antioquia, sería de $ 250 mil millones según la Secretaría de Salud del departamento.
Pero, esto no es algo exclusivo de Antioquia, puesto que en otras regiones del país también ha habido otros centros de salud que se han ido por esa misma línea
Tal es el caso de la Fundación Cardiovascular de Colombia y del Hospital Internacional de Colombia, ambos ubicados en Bucaramanga, capital de Santander. En ese departamento, la deuda ascendería a $145 mil millones de acuerdo con declaraciones del gobernador Juvenal Díaz.
Nueva EPS está intervenida por la Superintendencia de Salud desde abril del año pasado. Su nombre no salió mencionado en el más reciente informe sobre las EPS que más adeudan en concepto de medicamentos e insumos similares, pero fue porque no reportaron la información correspondiente. Lo cierto es que es la entidad que más reclamos ha suscitado de parte de centros de salud y distribuidoras a tal punto de recibir represalias como la de no atender a sus afiliados.
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