Según el DANE, el 43.1% del total de población económicamente activa (PEA), que hoy está signada en 24 millones, gana menos de un salario mínimo; es decir, unos 10.3 millones de colombianos. La mayoría del 60% restante de la población laboral gana igual o menos de dos salarios mínimos.
Lo primero se debe a que aun siendo proletarios no son asalariados, pues son remunerados por debajo del mínimo legal. Lo segundo se añade, además, entre otras, a la tasa de sobreexplotación laboral en varios sectores de la economía, la informalidad laboral y la fuerza laboral inmigrante (venezolana, otras), la baja acumulación de capital de las Mipymes (5.4 millones de negocios registró el DANE en 2021, de estos, más de 600 mil quebraron) y el déficit de derechos laborales con las últimas contrarreformas neoliberales de las últimas tres décadas.
Colombia, uno de los 30 países peores para laborar, según el Índice Global de Derechos y la OCDE, cuenta en 2022 con que 15.7% ganan el salario mínimo, unos 3.7 millones de fuerza laboral. Los trabajadores pensionados que ganan el equivalente a 1 SMLV son por su parte 1.257.164 personas, casi el 54.37% del total de jubilados del país.
El salario mínimo en Colombia está por debajo de la canasta básica familiar y ello obliga a que los hogares y sus miembros suplan sus necesidades materiales con aportes, cuestión que se complica con madres/padres solteros o en el que solo los padres trabajan.
Para agregarle al panorama, de por sí ya afectado por la pandemia COVID-19, Colombia cerró con una inflación general del 13%, con un incremento en los alimentos del 27%, con una tasa de desempleo en octubre del 9.7% y un índice de productividad del 1.24%.
El empresariado de FEDESARROLLO, ANIF, ACOPI y demás ralea vampiresca han propuesto entre 10-17%, la burocracia sindical apenas 20% –con un millón doscientos pesos– y el gobierno de Petro se la juega por conciliar entre ambos con una favorabilidad al capital.
La cartera ministerial laboral de la otrora dirigente sindical comunista y hoy Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, junto al exlíder sindical de la USO, Edwin Palma Egea, fijó que dicho aumento estaría cercano al 23%.
Algunos sectores de trabajadores, como la Coordinadora de Solidaridad y Luchas del Caribe y Bogotá, con la firma de más de 23 líderes sindicales, proponen un salario de 2 millones de pesos (aumento del 100%), acorde al coste real de la canasta familiar.
De igual manera, trabajadores anónimos en las redes sociales proponen salario mínimo de $1.500.000 con regulación estatal de precios (50%), por la dinamización al consumo en el mercado interno, desvalorización monetaria ante el alza del dólar e incentivo de mejora de vida de los trabajadores ante el nubarrón de crisis inflacionaria y económica.
Esta es la propuesta más razonable como consigna de lucha para imponersela a la patronal y el gobierno en la Mesa de Concertación Laboral. La cifra de aumento debe acercarse al cincuenta por ciento para que favorezca en algo a la clase trabajadora, para que de veras sea un “alivio”, para usar la expresión del senador Gustavo Bolívar.
Sorprende que los líderes burocráticos de la CUT, CTC y CGT, el Comando Nacional Unitario de las centrales obreras, exijan 20%; más cuando los pronósticos para el año siguiente prevén que este aumento se lo coma la tendencia inflacionaria, y que el costo de vida no corresponda con la capacidad adquisitiva, con el salario real.
Entonces no sería un aumento sino un descenso lo que piden; años anteriores sí exigían un salario de medio millón de pesos. Hoy la realidad colombiana exige ese aumento sustancial y razonable, en pro de las familias colombianas. De hecho, los propios voceros de los organismos multilaterales del capital, como la OCDE, para evitar estallidos, han recomendado aumentar los salarios por encima de lo habitual, regular precios y proseguir con giros de bonos sociales.
Como señaló el Presidente Petro: “Una central obrera puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de gente que trabaja, uno porque mucha gente no está en la relación salarial y, otra, porque de nada sirve crecer en un 10 % o 15 % si su canasta familiar crece más, lo que está es bajando el salario y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas”.
La exigencia social de salario mínimo de un millón y medio de pesos por el bienestar social de los colombianos al gobierno que dice ser progresista, al empresariado que dice ser dialogante y ponerse la mano en el corazón, los representantes sindicales que dicen estar con los trabajadores, sus bolsillos y estómagos, debe partir de estas cinco demandas adicionales para lograr un aumento salarial digno.
1. Por una reforma de la metodología de aumento del SMLV de la Ley 278 de 1996. Ya que se discute la idoneidad técnica de fijar el salario mínimo solo teniendo en cuenta el índice de inflación, índice de productividad, índice de competitividad y PIB, incluso el índice de precios al consumidor (IPC), según los parámetros de la economía ortodoxa neoclásica.
En cambio, se propone incluir y ponderar con mayor fuerza el coste real de la canasta básica, los principios (como el de progresividad) del Código Sustantivo del Trabajo y el art. 53 de la Constitución Política (Estatuto laboral), cercanas de la economía heterodoxa, preocupada por el bienestar laboral. Para que los trabajadores recuperen su capacidad adquisitiva deben acoger e imponer el criterio de salario mínimo móvil según la canasta familiar y los derechos sociales del pueblo.
2. A la par de un aumento sustancial del salario mínimo, para que surta efecto su alza debe haber regulación-congelación de precios y reducción de tarifas de servicios públicos, aumento del gasto social fiscal, reforzamiento de la estabilidad laboral y disminución de la jornada laboral de 48 hrs a 38 hrs, para distribuir el empleo entre más manos sin disminuir salario.
3. En la Mesa de Concertación Laboral debe haber una representación democrática de la clase trabajadora. No aceptamos a los presidentes de las centrales sindicales que no tengan aceptación por las bases y que no tengan una hoja de vida de lucha, intachable, no burocrática, vendida al patrón y corrupta.
De igual modo, es necesario que esté también un vocero representante, un trabajador que gane un salario mínimo y uno que gane menos, como parte de un Movimiento Social de Víctimas del Salario Mínimo.
4. La concertación del salario mínimo es la principal lucha colectiva y convención colectiva de los trabajadores, debe ser acompañada con protesta social unitaria.
Los líderes sindicales, altos, medios y bajos, de la CUT, la CGT, la CTC, el resto de centrales y los 5.000 sindicatos del país, a final de año deben convocar a protestas sociales unificadas. La fuerza de presión en la Mesa de Concertación Laboral se consigue con la fuerza de la calle. No aceptamos voceros negociadores que no llamen a sus afiliados y a todos los trabajadores colombianos a ejercer sus derechos constitucionales a la libre expresión, a la protesta ciudadana y pacífica, por un aumento salarial real.
Se precisa retomar los mítines, plantones masivos y tomas simbólicas al frente de las sedes centrales del Ministerio de Trabajo. Se precisa campañas pedagógicas y agitativas en las empresas y sindicatos, de cara a la negociación tripartita del salario mínimo. Es urgente volver a hacer convocatorias nacionales a un Paro Cívico Nacional, a huelgas por sectores laborales. Calle y más calle.
5. Como parte de la desindexación de productos y servicios, la equidad salarial y la lucha contra los privilegios y la corrupción, los salarios de los altos funcionarios públicos, entre ellos congresistas, deben ser reducidos sustancialmente.
Hoy un senador gana 33 veces el salario mínimo de un trabajador colombiano. Para equilibrar las cargas y que el ejercicio de la democracia no sea un oficio plutocrático, el político debe ganar lo que gana un profesional calificado o un obrero especializado, es decir, menos de 5 salarios mínimos. En la temprana Unión Soviética y en la Comuna de París, esta medida de tabla de honorarios sirvió para combatir la desigualdad salarial entre funcionarios y el pueblo.
Por ende, debe exigirse anualmente con el aumento salarial la reducción del salario de congresistas y demás burocracia del sector público. La reforma política que planea el gobierno Petro debe contemplar esto y la ciudadanía exigir cambios reales, no cosmética. Lo mismo la reforma laboral y Estatuto del Trabajo, que ha anunciado el Ministerio de Trabajo.
Si algo nos enseñó el estallido social colombiano de 2019-2021 es que los derechos y la reversión de medidas gubernamentales lesivas se consiguen a través de los métodos de acción colectiva. Las reformas no nos caerán del cielo con un mesías alias Petro y otro sucesor.
El salario mínimo no es una excepción y debe poder pasar de un sueño a una realidad el salario de un millón y medio, tal y como tienen otros países latinoamericanos, como Ecuador (US 454), Costa Rica (US 480), Chile (US 454) y Argentina (US 322), pues el de nuestro país es de apenas 227 dólares.
No más miseria. ¡Levántate pueblo, levántate Colombia!
