Corrupción en alza y membresía en la OCDE

El organismo podría ser un aliado para avanzar en el propósito de convertir los códigos de conducta en herramientas jurídicamente ejecutables, que prohíban este tipo de actos

Por: Manuel Humberto Restrepo Dominguez
julio 16, 2018
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Corrupción en alza y membresía en la OCDE
Foto: Pixabay

La lucha contra la corrupción o es retórica de élites y gobernantes o es otra mentira, según los datos que muestran más retroceso que avance. De 2017 a 2018 la percepción de corrupción subió del puesto 90 al 96 entre 180 países, con calificación de 37 sobre 100 puntos (siendo cero el nivel más corrupto). La conclusión es que el país está permeado por la trampa, el fraude, el clientelismo y la impunidad y todo ocurre al más alto nivel del Estado. Por esta razón, ni el asesinato sistemático de cientos de líderes sociales y defensores de derechos, ni la impunidad que favorece a funcionarios y políticos implicados en grandes fraudes pasados y presentes, ni las traiciones al acuerdo de paz, ni la explotación con veneno y destrucción de la biodiversidad, no inquieta ni pone en riesgo al poder, así como no minó la obsesión del gobierno por entrar en la OCDE. ¿Cómo lo hizo?, ¿fue lobby?, ¿informes maquillados?, ¿formalidades astutamente presentadas?, ¿ceguera colectiva de 30 gobiernos de países cuyas economías trabajan de conjunto para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización?, ¿cómo lo hizo? No es claro, pero está ahí y podría valer para informarla de la otra realidad que vive el país y apostar por convertirla en la más firme aliada de la sociedad hastiada de corrupción.

Ver: Corrupción, un obstáculo a los derechos humanos

Llegar a ser parte implicó superar pruebas de difícil demostración, ya que la OCDE está organizada en torno a valores fundamentales de: compromiso con la democracia pluralista basada en el Estado de derecho (cuestionable en Colombia por la precaria independencia de poderes, la desigual aplicación de la ley y la exclusión de terceros con garantías para disputar el poder); respeto de los derechos humanos (impensable con la escabrosa realidad de líderes asesinados, políticos metidos con grupos criminales, paramilitarismo en boga y revictimización de víctimas); y el objetivo de alcanzar un desarrollo económicamente sostenible (del que la corrupción es el principal freno, entre otros con 156 políticos vinculados penalmente a corrupción, a oct 2017: eltiempo.com).

Colombia, con todo y las dudas insuperables, ya es un país de la OCDE y le corresponde al gobierno el compromiso ineludible de enfrentar en serio los sistemas de corrupción incrustados en el Estado y poner bajo juicio y castigo a los corruptus, para empezar por parecerse al menos a Panamá y Perú, con los que comparte el mismo índice de corrupción, pero no son de la OCDE. En Panamá el anterior presidente (Ricardo Martinelli) está preso por corrupción y espionaje (con presunto apoyo del gobierno Uribe) y; en Perú, el último presidente elegido (Kuczynski) fue destituido por corrupción y también están presos por lo mismo Fujimori y el anterior presidente y dos más enfrentan procesos penales. En Colombia, en cambio las respuestas para lo mismo solo son comprensibles aceptando que la corrupción tiene impregnado al país y que el Estado está brutalmente contaminado, ya que el partido Centro Democrático (CD) que tiene la mayor y más grave cantidad de hechos de corrupción (crímenes de lesa humanidad, desfalcos, fraudes) ganó la presidencia, en alianza con otros sectores igualmente cuestionados, lo que hace presumir que usará el poder del gobierno para afirmar la tragedia, como queriendo ratificar la conclusión de Transparencia Internacional en su informe de febrero, respecto que: “El problema de la corrupción en Colombia carece de una solución de fondo”.

El gobierno del CD, sin embargo, está obligado constitucionalmente a desarticular las tramas de corrupción por ser desencadenantes de la violación de múltiples derechos, pero también porque “la justificación misma del Estado social de derecho pasa, entre otros aspectos, por la sujeción de la actuación de sus autoridades a los principios de legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos” (Sentencia C-172/06). En paralelo le corresponde enjuiciar y castigar a los responsables, para cumplir siquiera el mínimo exigido por la OCDE, que es líder global en la lucha contra la corrupción, por la legitimidad de países con tolerancia cero como Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega o Canadá, donde tampoco se cometen homicidios y que podrán apoyar e intervenir con mecanismos de vigilancia in situ. La gobernabilidad del CD, tendrá que ver con la manera como asuma la tarea urgente de investigar, detener y encauzar de inmediato a funcionarios públicos de alto nivel, que han robado, depredado o desviado recursos públicos hacia estrategias de terror y muerte y con mayor premura los grandes fraudes cometidos durante el régimen Uribe. El gobierno no tendrá excusa (salvo con ilegalidad), para impedir o negarse a recibir el apoyo de la sociedad civil, la ONU, la CIDH y la CPI, para actuar y crear comisiones de alto nivel con acompañamiento de la OCDE, que será la perfecta aliada de la sociedad, entre otras acciones para tomar lo mejor de experiencias internacionales de lucha contra la corrupción, empezando por sacar la definición de corrupción de los límites del delito económico y extenderla a formas de abuso de poder en los cargos, conflictos de intereses, saqueo de recursos, clientelismo y chantaje y entender que “la corrupción en Colombia comparte medios y fines con el crimen organizado y las economías ilegales” (Dir. Transparencia por Colombia).

Igual la OCDE podrá ser un buen aliado para avanzar en el propósito de convertir los códigos de conducta en herramientas jurídicamente ejecutables, que prohíban deshonestidad, clientelismo, conflicto de intereses y nepotismo y exigir a todos los funcionarios —del vigilante al presidente—, actuar con rectitud, ser honestos, decir la verdad y declarar el patrimonio como parte de unas estrategias de construcción de una cultura de paz y de derechos sin mediación de los corruptus. El compromiso ético es rechazar totalmente cualquier forma de corrupción y promover pedagogías útiles a la formación de valores vitales de honestidad y respeto por la vida, la verdad y la justicia y para comprender que la corrupción es un complejo problema moral, social, político y económico que impide el buen vivir, el bienestar y el respeto por la vida y las diferencias. Es tiempo para salir de este síntoma de la enfermedad mayor representada en la toma del Estado por verdaderas mafias con participación directa, anuencia u omisión de las elites en el poder. Salir de la la corrupción implica compromiso y decisión personal y colectiva para rechazar actitudes culturales o personales que tienden a creer que la corrupción es invencible y hasta necesaria por tradición. La corrupción se manifiesta mediante prácticas y estructuras y es imprescindible que la sociedad actúe para derrotarlas de raíz a ambas.

P.D. La consulta anticorrupción es un mecanismo efectivo para vincular al gobierno y a todas las instituciones del Estado y de la sociedad en la aplicación inmediata de herramientas contra la corrupción y la tradición de los corruptus. Votar por el sí es apoyar la honestidad, por encima de diferencias ideológicas o de partido, porque el fin es sencillamente humano, representado en superar la vergüenza de vivir y luchar en un país donde “cada vez hay más corrupción” (T.I, feb 2018).

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