Suena paradójico que mientras el señor Contralor General Edgardo Maya Villazón con su tremendo vozarrón vocifera en cada alocución que desde la Contraloría ha sido y será implacable contra la corrupción que carcome a este país, tal parece que desde su misma institución, como es natural, algunos funcionarios subalternos hacen “mofa” de ese anuncio constante del doctor Maya. Y es propiamente el caso de la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la Contraloría General en donde se presentó un caso que al parecer es pan de cada día en esta institución.
Resulta que un grupo de beneficiarios oriundos del municipio de Majagual en Sucre, quienes resultaron afectados y fueron víctimas de una decisión, según ellos, mañosa, tomada por la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la Contraloría General de la República, cuyo despacho profirió Auto No. 256 del 29 de agosto de 2016, por medio del cual se decretó la prescripcion y archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal 05-010-1022-11, SAE 2014-03010 por detrimento patrimonial causado en el proyecto de vivienda de interés social rural “El Jobo” para población desplazada en este Municipio. Enviaron una queja al Contralor Maya con copia a la Auditoría General, en donde presentan inconformismo y solicitan investigación por este hecho para ellos inadmisible y reprochable, en el que explican que el día 10 de marzo de 2016 el grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la Contraloría General emitió fallo con responsabilidad fiscal No. 03 derivado del radicado en mención por detrimento patrimonial en el proyecto mencionado por valor de $ 286.557.650 contra el exalcalde de Majagual (Sucre), Carlos Cabarcas Mejía (periodo 2008-2011), el contratista de la obra Manuel Benito Causil y el interventor de la misma Carlos Andrés Imbachi.
Los quejosos afirman que la Contraloría encontró que existían irregularidades de carácter fiscal en la construcción de 36 viviendas edificadas en el lote del barrio Puerto Dajer en Majagual-Sucre, las cuales el ente de control catalogó como no dignas para ser habitadas, generando un detrimento por valor de $ 206.321.508, correspondientes al subsidio otorgado por el Gobierno nacional a través de la Gerencia de Viviendas del Banco Agrario de Colombia por $ 5.731.153 cada una.
Así mismo, argumentan que la Contraloría determinó que en cuanto a las 14 viviendas que quedaron sin construir, se generó un detrimento por $ 80.236.142, para un daño patrimonial total de $ 286.557.650.
Para los quejosos resulta sorpresivo que cinco meses después, el proceso dio un giro total cuando el mismo despacho de la Gerencia Departamental Sucre profirió el Auto No. 256 del 29 de agosto de 2016, por medio del cual se decretó la prescripción y el archivo del mencionado proceso. Dicho Auto habría sido promovido por el Contralor Provincial German Cassas García, sobre quien los quejosos hacen una anotación especial y argumentan que este debió declararse impedido para conocer y decidir en este proceso, por ser primo y criado de la actual senadora sucreña Teresita García Romero, hermana del condenado parapolítico Alvaro “El Gordo” García, a quienes el procesado Carlos Cabarcas Mejía viene respaldando políticamente desde hace tres periodos electorales de Senado y a quien le ha colocado una votación cercana a los cinco mil sufragios en Majagual en los comicios electorales de los tres últimos periodos de Senado.
El exalcalde Cabarcas, quien actualmente está cobijado con detención domiciliaria por el delito de peculado por apropiación que le imputó la Fiscalía seccional 22 de delitos contra la administración pública de Sincelejo, quien ordenó su captura el pasado 22 de febrero por irregularidades en otro proyecto de vivienda de interés social por ola invernal en varios corregimientos de Majagual como La Sierpe, Boca de las Mujeres, Sincelejito, El Indio entre otros, es abierta y ampliamente conocido como militante del movimiento político de la senadora Teresita García, por lo que claramente según los quejosos se produjo en el Dr Cassas García un conflicto de intereses el cual él omitió. Cassas García ha sido altamente cuestionado por algunos medios de opinión, quienes afirman que desde su llegada a la Contraloría los procesos de responsabilidad fiscal del exgobernador de Sucre Jorge Barraza Farak, también de la cuerda del clan García Romero, han dado un giro en su favor hasta el punto de que en algunos se ha visto exonerado.
Por este hecho, solicitaron investigación contra los contralores provinciales que firmaron el Auto de prescripción y archivo de este proceso y además, contra Iván Pérez Castro y Oswaldo Martínez Peredo, estos dos últimos en su calidad de sustanciadores del proceso. Pues para los quejosos resulta verdaderamente inconcebible e injusto que mientras cerca de 50 familias desplazadas de Majagual hayan sido afectadas por la mala ejecución de las obras por parte de los implicados en este detrimento al patrimonio, estos hayan resultado premiados por la decisión de los mencionados funcionarios de la Contraloría General que habrían utilizado la estrategia de adormecer y anestesiar el proceso para después decretar la prescripción y archivo como forma de beneficiar a los implicados responsables en el fallo de primera instancia.
Esperemos que Edgardo Maya que se gasta un vozarrón de mando, que se autoproclama hombre implacable contra la corrupción, aplique el viejo y conocido refrán de que la ley entra por casa y lleve hasta las últimas consecuencias la investigación disciplinaria No. 5087 que mediante auto de fecha 23 de octubre de 2017 abrió la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General, contra las tres personas antes mencionadas. Si así lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo premie, pero si no, él y ella os lo demanden. Amanecerá y veremos dijo el ciego.
