Congresistas piden a Duque sancionar la ley que declara a Orocué como patrimonio nacional

Amanda González, Jairo Cristancho y José Vicente Carreño le solicitaron al presidente que sancione pronto esta iniciativa que honraría a la cuna de 'La Vorágine'

Por: Juan Carlos Niño Niño
agosto 19, 2020
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Congresistas piden a Duque sancionar la ley que declara a Orocué como patrimonio nacional
Foto: CarlosE Duarte - CC BY 3.0

A buena hora, un grupo de congresistas le han pedido al presidente Iván Duque que sancione cuanto antes la ley que declara patrimonio histórico y cultural a Orocué (Casanare) —en su condición de cuna de la obra literaria La Vorágine— convirtiendo a este municipio en una de las poblaciones míticas de la literatura hispanoamericana y el resto del mundo, como ha sido Macondo en Cien años soledad de Gabriel García Márquez y Comala en Pedro Páramo de Juan Rulfo.

Esta semana, en misiva escrita, la senadora Amanda González y los representantes Jairo Cristancho y José Vicente Carreño solicitaron con vehemencia al primer mandatario de los colombianos la mencionada sanción, teniendo en cuenta que hace casi año y medio la Corte Constitucional acogió los argumentos y desestimó las objeciones del entonces presidente Santos, por lo que pide también en la sentencia al ahora presidente Duque que sancione lo antes posible esta iniciativa legislativa.

La valerosa y oportuna carta de estos tres congresistas al primer mandatario se debe convertir en un clamor en el departamento de Casanare y el resto de la Orinoquia, con la activa participación de los diferentes sectores sociales no solo para que la ley sea una realidad, sino además en el desarrollo de la misma, logrando por ejemplo una eficiente restauración y mantenimiento de la Casa Amézquita —donde vivió el autor de la obra— como también la adecuación de “La ruta turística de La Vorágine”, que recorrieron los míticos personajes de la novela Arturo y Alicia, con un esquema muy similar al de “La ruta turística de Don Quijote” en España.

La formulación del proyecto

A mediados de la década pasada, un grupo de intelectuales, historiadores y periodistas, denominado “Alianza La Vorágine” encabezado por el investigador Juan Grimaldos, Ángel Cruz (historiador de Orocué), Luis Bastidas y Elocadio Ortega (miembros de la Academia de Historia de Casanare), y el exdiputado Hernando Otálora, concertaron con el entonces representante a la Cámara Jorge Camilo Abril Tarache, un proyecto de ley en donde la nación declaraba patrimonio historico y cultural al municipio de Orocué (Casanare), en su condición de cuna de la obra literaria La Vorágine de José Eustasio Rivera, a lo que se me dio la confianza de estructurar y redactar esta ley de honores, en mi condición de asesor legislativo de Abril Tarache.

El trámite en el Congreso

El proyecto de ley se aprobó sin mayores contratiempos en Cámara y Senado, pero fue objetado y devuelto al Congreso de la República por el presidente Juan Manuel Santos, al considerar que la iniciativa fue tramitada por la Comisión Cuarta y no la Segunda, que está encargada de las leyes de honores, mientras que aquella se encarga de temas estrictamente tributarios, presupuestales y económicos.

Las mesas directivas de Cámara y Senado designan una subcomisión para elaborar un informe a las objeciones presidenciales, compuesta entre otros por Jorge Camilo Abril, Fabio Amín y Pedrito Pereira, quienes me delegaron la responsabilidad de estructurar y redactar el documento, lo que se convirtió en una experiencia absolutamente fascinante, un quehacer científico de hipótesis y experimentación, porque sin duda las objeciones cuestionaban con suficiencia legislativa dos aspectos fundamentales del proyecto, por lo que me aventuré a plantear una defensa que, lo confieso, no estaba del todo convencido, pero que no me quedaba otro camino que sustentarla y convencer a la subcomisión y a las plenarias de Cámara y Senado, que aprobaron el informe y rechazaron la objeciones del presidente Santos.

La sentencia de la Corte Constitucional

La iniciativa legislativa pasó entonces a la Corte Constitucional, que en la Sentencia C-162-19 respaldó de manera contundente la posición del Congreso (que a mucho honor era la misma que estructuré y redacté en el informe a las objeciones presidenciales, y que la subcomisión de senadores y representantes no dudaron en firmar); y desde abril del año pasado pidió la correspondiente sanción de la mencionada ley por parte del presidente Duque, lo que nos tiene con mucha incertidumbre y expectativa a los casanareños, revisando a diario la página web de la Presidencia de la República, con la ansiedad y la esperanza de que al fin aparezca la mencionada ley de Orocué.

La objeción presidencial consistía en que el proyecto fue tramitado por las comisiones cuartas y no por las segundas, porque éstas tenían a su cargo las leyes de honores, mientras aquellas se encargaban de los asuntos económicos, a lo que el Congreso argumentó que el proyecto incluía un artículo de gasto social, lo que hacía totalmente viable tramitarlo por la cuarta, a lo que la Corte Constitucional le dio la razón asegurando que el “contenido normativo acusado se compone de distintas materias que conjugan la exaltación del municipio de Orocué — Casanare—, propio de la ley de honores, con otras temáticas de tipo presupuestal, financiero y de consecución, administración y ejecución de recursos, por lo cual se trata de un proyecto multitemático”.

Y concluye con una idea que definitivamente sienta jurisprudencia frente a la facultad que tiene cada una de las siete comisiones constitucionales permanentes del Congreso, para iniciar la discusión de cualquier proyecto de ley, cuando uno o varios de sus artículos incluya un tema atinente a su competencia: “...este tribunal concluyó que en el presente caso era razonable que el proyecto de ley fuera repartido a las Comisiones Cuartas de Senado y Cámara, en atención a su carácter multitemático y habida cuenta que parte de su articulado tiene una conexidad con los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”.

Obras en Orocué

Finalmente, la Sentencia de la Corte Constitucional respalda la exposición de motivos del proyecto de ley, en el sentido de que el Congreso puede autorizar al gobierno nacional, dentro los límites y alcances del marco fiscal de mediano plazo, la destinación de las partidas presupuestales necesarias para la realización de obras que exalten esa condición de “patrimonio”, lo que se convierte en un instrumento de gestión para que éstas se puedan incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación.

Es así como esta iniciativa autoriza al gobierno nacional la inversión en obras de utilidad pública e interés social tan importantes como la restauración y adecuación de la “Casa Amézquita”, para convertirla en “Casa Museo Cuna de La Vorágine” y Centro de memoria histórica; Construcción de la Biblioteca Municipal “José Eustasio Rivera”, con una subdirección especializada en la obra literaria “La Vorágine”; Construcción de la “Escuela de formación de escritores José Eustasio Rivera”, con énfasis en los escenarios, circunstancias y personajes de la cultura y el folklore llanero; y Construcción del sendero y parque lineal histórico La Vorágine, que incluye las cápsulas virtuales para proyección de la obra en 3D.

Coletilla. Esta ley reafirma no solo que la célebre novela en gran parte fue escrita por José Eustasio Rivera en Orocué, sino además que la primera parte se desarrolla en los paisaje del sur de Casanare y con personajes basados en hombres y mujeres que vivieron en este municipio, hasta tal punto que se asegura que Arturo Cova fue en realidad un militar que trabajó en un juzgado de esta población, quien abandonó a la joven Alicia cuando se le acabó la pasión, a lo que la dama de alta sociedad capitalina decidió no retornar a esta ciudad sino que se refugió hasta sus últimos años en una conocida hacienda de Casanare.

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