¿Cómo vigilará el gobierno a las universidades?

Al parecer, el proyecto plantea varias medidas sin distiguir las instituciones públicas de las privadas

Por: FEU Colombia
diciembre 16, 2014
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¿Cómo vigilará el gobierno a las universidades?
vanguardia.com

Desde hace varias semanas, el Gobierno Nacional ha planteado la urgencia de expedir una normativa que establezca los mecanismos para ejercer la labor de inspección, vigilancia y control sobre la educación superior. Una urgencia que aparece luego de la “crisis” alcanzada por la Fundación Universitaria San Martín y por otras instituciones que de modo casual han ido destapando sus ollas de corrupción en este momento específico. La nueva ministra de educación destapó la olla que la misma política educativa neoliberal ha cocinado durante dos décadas.

La corrupción, la apropiación de los recursos de las universidades e instituciones educativas en manos de particulares y el mal manejo administrativo en general, han sido elementos denunciados desde hace varios años por las comunidades educativas y por la sociedad colombiana, sin haber sido escuchados. Lo que hace creer que esta medida de urgencia, lejos de ser un hecho aislado, es una forma más de legitimar los lineamientos establecidos por la política pública, mal llamada “Acuerdo por lo superior 2034”, que sin ser un real acuerdo y sabiendo que atenta gravemente en contra de una educación como derecho fundamental y bien común, ya está siendo implementada a todos los niveles.

Es así como el Gobierno Nacional, una vez más, desconoce los planteamientos que los estudiantes y la comunidad educativa en general, han hecho en torno a las bases sobre las cuales se ha cimentado nuestro modelo educativo y con ellas las causas reales de los problemas que sustentan la baja calidad educativa de la educación colombiana. En ese sentido, el proyecto de Ley 124 de 2014, presentado con mensaje de urgencia en el Senado, mantiene la perspectiva perversa de una función del Estado para vigilar y castigar, en vez de brindar las garantías necesarias para el derecho a la educación, el real ejercicio de la autonomía, el mejoramiento de la calidad educativa y la construcción de un modelo educativo que rompa con la perspectiva de una educación como mercancía. Peor aún, parte del total desconocimiento de que es el Estado el principal culpable de la grave crisis de la educación superior a partir de la desfinanciación de las universidades públicas y de que al haber creado un modelo educativo que se sustenta sobre los principios del ánimo de lucro –que existe gracias al gobierno pese a su supuesta “prohibición”- generó todas las condiciones para la proliferación de instituciones donde prima el mercado sobre la academia y el conocimiento.

El proyecto plantea varias medidas sin distinción de lo que son las instituciones públicas de las instituciones privadas, entre ellas, sancionar a los funcionarios culpables de los malos manejos de las Instituciones y de que éstas no puedan cumplir con un “servicio continuo y de calidad”, acorde a sus propios reglamentos, la Ley y la Constitución política. ¿Será que entonces permitirá también sancionar al Gobierno nacional y al mismo Congreso de la República por el estado al que han llevado a la educación en nuestro país y por propiciar la corrupción y clientelismo al interior de las Instituciones educativas al ser ellos y los grandes dueños del mercado educativo los que han impuesto las directivas?

Este propósito tiene graves implicaciones en la autonomía universitaria, a pesar de que en el discurso plantee lo contrario. Medidas como crear fiducias que manejen los recursos de las instituciones cuando sea necesario, o retirar a los rectores o directivos de sus cargos y designar otros por parte del Ministerio de Educación Nacional, son claras muestras de que una vez más no serán las comunidades educativas las llamadas a tomar las definiciones en materia de gobierno, e incluso frente a las definiciones académicas que permitan superar las situaciones que enfrentan. Cuando se habla de “calidad” se deja una puerta abierta de par en par, para entrar a intervenir sobre cualquier decisión de las universidades e instituciones.

En realidad éste proyecto de ley lejos de garantizar la calidad educativa está diseñado para suprimir lo poco que queda de la autonomía universitaria. La educación superior de baja calidad, la llamada “universidad de garaje” ha sido una política de Estado desde la ley 30 del 92, y el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido su principal promotor ¿Acaso no era el ánimo de lucro el principal sustento de la reforma a la ley 30 del 2011? ¿Acaso no es el mismo gobierno nacional quien invita en su “Acuerdo por lo superior 2034” a la “creatividad financiera” ante la precarización y desfinanciación de las universidades? Y a partir de las anteriores reflexiones surge la pregunta más relevante en ese contexto ¿Es esa educación precarizada, sin sentido de lo público ni autonomía el reflejo de la paz que necesita Colombia, como demagógicamente lo sentencia el gobierno en el “Acuerdo por lo superior”?

Ante éste panorama parece paradójico y cínico que sea el gobierno quien hable de calidad, bajo el paradigma de la inspección, vigilancia y control, cuando precisamente ha propendido por desregular todo recurso privado que entra a las universidades (incluyendo las públicas), y regular todo recurso público cada vez más escaso e insuficiente. El mayor atentado contra la calidad educativa es la desfinanciación del gobierno colombiano, y el mayor atentado contra la autonomía es la dictadura del MEN sobre los gobiernos de las universidades, so pretexto de “vigilar” la calidad.

Existen medidas no solo más efectivas, sino que responden a las demandas históricas del movimiento estudiantil y de los distintos estamentos la propuesta alternativa elaborada por el movimiento estudiantil colombiano en cabeza de la MANE posterior a las movilizaciones del año 2011. Por ejemplo, la creación de un Sistema de Educación Superior, que basado en la autonomía, la democracia y una educación de gran excelencia (necesariamente bien financiada), ejerza la vigilancia, la inspección y el control, a partir de la construcción de una comunidad educativa que siembre la universidad de calidad, y no la universidad de garaje, política del gobierno colombiano. Esto implica a su vez el desarrollo de mecanismos democráticos que permitan que los profesores, trabajadores y estudiantes sean los que por un lado, elijan a las directivas que consideren más aptas y afines con los intereses colectivos y no con los del gobierno o el sector productivo actual y por el otro, sean quienes realicen veedurías, seguimientos y definan los rumbos que deben tener los recursos en las instituciones para construir la calidad educativa que necesita nuestra educación. Otra medida, que no podría ser desligada a la anterior, habría de ser garantizar los recursos necesarios a las universidades e instituciones para el mejoramiento de la infraestructura, nuevos proyectos de investigación, cualificación docente, programas de bienestar educativo: todos aquellos elementos que componen la calidad. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades parece ser analizada por el Gobierno nacional.

Sumado a lo anterior, Gina Parody antes de ser ministra de educación ejerció una fuerte labor de criminalización sobre la universidad colombiana, que trajo una ola de estigmatización y amenazas contra el movimiento universitario. Desde hace rato su intención ha sido clara de Vigilar y Castigar las universidades (sobre todo las públicas), y sus alocuciones sobre su proyecto de ley de vigilancia y control, contrastan con su silencio ante las incursiones de la policía a instituciones como la Universidad de Córdoba, donde varios estudiantes fueron golpeados brutalmente mientras la barbaridad quedaba registrada en video.

Si el gobierno cree que aplicando medidas dispersas, logra confundir al movimiento universitario frente a sus claras intenciones de reformar estructuralmente la educación superior para consolidar un modelo ajeno a los intereses del grueso de la sociedad colombiana, está equivocado. Los estudiantes tienen el reto de volver a las calles, de construir propuestas desde cada universidad e institución educativa, de organizarse y no cesar la lucha hasta tener un modelo educativo para un país con soberanía, democracia y paz!

¡DESDE LAS AULAS Y LAS CALLES SOMOS PODER CONSTITUYENTE!

 

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