¿Cómo le ha ido al gobierno sorteando la crisis del COVID-19?

Análisis de las principales medidas económicas tomadas hasta hoy durante la pandemia en Colombia

Por: José Alfredo Moncayo Arenas
junio 12, 2020
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¿Cómo le ha ido al gobierno sorteando la crisis del COVID-19?
Foto: Leonel Cordero

En Colombia se inició el confinamiento preventivo obligatorio el 25 de marzo de 2020, con distintas prórrogas fundamentadas según las autoridades en la evolución del contagio y el avance en la adecuación de la capacidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, desde el 11 de mayo, sin haberse alcanzado el pico alto en la curva de contagio (según los expertos) ni tampoco un incremento suficiente en UCI, respiradores, pruebas, medidas de bioseguridad, etcétera, el gobierno nacional, presionado por el grave deterioro en la actividad productiva y seguramente por el enorme costo social, inició una apertura gradual de los distintos sectores de la economía, proceso que actualmente sigue el camino trazado por las autoridades nacionales y locales.

Hoy todavía no sabemos hasta dónde nos llevará esta incierta crisis y como era de esperarse ante el desconocimiento local y mundial del nuevo virus se estuvo y se continúa aprendiendo en medio del problema. No obstante la anterior realidad, es evidente que hubo y se siguen presentando desfases en la decisión, planeación y ejecución de las distintas actividades trazadas, antes y durante el confinamiento, en lo referente a las medidas prioritarias de adecuación y ampliación del sistema de salud, pero sobre todo en los instrumentos de política económica implementados para amortiguar los efectos de la crisis.

En efecto, la  crisis se manifestó dramáticamente en la reducción de la ocupación y el empleo, indicadores que de hecho ya venían mal y han sido golpeados con la pérdida del 25% del empleo, al reducirse la población ocupada de 21,9 millones de personas en abril de 2019 a 16,2 millones en abril de 2020. Esto significa una penosa pérdida de 5,4 millones de empleos entre abril de 2019 y abril 2020, de los cuales más de 4 millones de empleos se perdieron en lo corrido del 2020, bajando la tasa de ocupación de 55,8% en abril de 2019 a 41,6%  en abril de 2020, aumentando así drásticamente el desempleo de 12,6% en marzo de 2020 (10,8% en marzo de 2020), a 19,8% en abril de 2020 (10,3% en el mismo mes de 2019), según las últimas estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Todo lo anterior representa enormes costos sociales en uno de los países con mayor inequidad y desigualdad del mundo, sumergido además en una enorme informalidad.

Frente a lo anterior, debe señalarse que solo hasta el 8 de mayo, cuando ya al 30 de abril se había perdido el 25% del empleo en el país, el gobierno expidió con retardo el Decreto 639 de 2020, dentro del llamado programa de Apoyo al Empleo Formal, en el marco del Estado de emergencia económica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, estableciendo un subsidio que se entregaría para los meses de mayo, junio y julio de 2020, equivalente al 40% ($350.000) del salario mínimo ($877.803) para todos los trabajadores de las empresas constituidas antes del 10 de enero 2020 y que hubiesen tenido una disminución del 20% en su facturación durante el mes de abril de 2020. Posteriormente, mediante el Decreto 815 de 2020, este subsidio fue extendido hasta el mes de agosto del presente año.

Estas medidas se tomaron luego de las manifestaciones de auxilio de empresarios y trabajadores presentadas desde comienzos del mes de abril, expidiéndose después de cerca de 5 semanas, la estrategia de protección directa al empleo formal determinada en el párrafo precedente, que al parecer no solo fue tardía, sino además insuficiente, porque en la práctica muchas empresas tomaron la decisión de prescindir de los servicios de muchos de sus trabajadores, a pesar de esa subvención equivalente al 40% del salario mínimo, por no contar con los recursos para cubrir el 60% restante del pago de sus nóminas y demás prestaciones sociales, en razón del apagón en su actividad.

En comparación con lo sucedido en Colombia, a título de ejemplo, Francia ha utilizado activamente un subsidio en esta crisis que se llama desempleo parcial o técnico y llega hasta el 80% del ingreso neto de cualquier trabajador, sin importar el valor de sus ingresos.

Vale la pena destacar que, con medidas como las atrás descritas, se protege, no solamente el empleo, sino que además se incentiva la capacidad de consumo, la demanda agregada y por esta vía se estimula la oferta y por ende la producción, para completar el circuito de sostener y favorecer el empleo. En un cierre casi total de la actividad económica, al ser tardía e insuficiente la implementación de los instrumentos de protección del empleo, se presenta una rápida caída del mismo y posiblemente una lenta recuperación a futuro, situación que en Colombia, considerando el retardo y la insuficiencia del subsidio al empleo, desafortunadamente, podría estar llevándose a profundizar la crisis y la recesión económica.

Dicho de otra forma, actuar directamente sobre el empleo es fundamental, porque se actúa sobre el ingreso y por ende sobre la demanda agregada, En la actual coyuntura, si se mantiene la demanda deprimida, no se lograrían resultados sostenibles sobre actividad económica, porque la simple apertura gradual de la economía, sin una demanda agregada sostenible, no asegura el sostenimiento y crecimiento del empleo.

Aquí cabe resaltar que, al menos por fuerza de esta crisis, se está saliendo de la política económica de dirigir todo el esfuerzo institucional a favorecer la oferta, con enormes y casi siempre injustificados subsidios al gran capital, como en todas las últimas reformas tributarias, desconociendo la importancia de estimular el empleo, el salario real y en general el poder adquisitivo del trabajo, como motor fundamental de cualquier economía en el mediano y largo plazo.

Solo esperemos que las medidas que se sigan tomando para favorecer el empleo y el ingreso de los trabajadores sean consecuentes con la magnitud que requiere la inmensa crisis que hoy sufrimos, que será tan intensa como la duración de los choques que la generaron, es decir, en primer lugar, la emergencia de la pandemia, sin vacunas ni tratamientos ni inmunidad rebaño por un tiempo incierto y, en segundo lugar,  el desbalance comercial (déficit en balanza comercial US$ 10.769 millones en 2019 y posiblemente superior a US$12.000 millones en 2020) y fiscal (Déficit Fiscal Consolidado 2,5% del PIB en 2019, seguramente superará el 6% en 2020, dependiendo del comportamiento del recaudo y el gasto durante la crisis), generados, además del COVID-19, por la caída de la demanda y el precio en mercado internacional del petróleo.

En un país con altísima informalidad, la dramática pérdida de empleo y la prevención de un mayor daño a la ocupación, van exigir mayores esfuerzos, incluso un manejo menos ortodoxo frente a la política fiscal, con estímulos que se compadezcan con la dimensión y gravedad de la crisis, actuando pronto y directamente sobre la actividad económica, otorgándole un peso muy importante a los subsidios directos a la producción y al empleo, subsidios al empleo que se deben extender en el tiempo y aumentar en magnitud de acuerdo con la duración de la crisis, fortaleciendo además los créditos subsidiados directos y realmente accesibles a través del sistema financiero privado o en su defecto a través de la banca pública, compensando la actual reticencia de la banca privada en irrigar recursos a todos los sectores, incluso garantizados hasta en un 90% por el Fondo Nacional de Garantías y, en fin, cualquier mezcla de medidas que se implemente, pero con la fuerza suficiente para estimular el empleo y la actividad productiva sostenible.

No debemos dejar de recordar que como era lógico en un primer momento la prioridad del gasto público fue otorgarle recursos a la salud, para preparar el Sistema Nacional de Salud, pero desafortunadamente hasta la fecha, a pesar del esfuerzo presupuestal realizado, no se ha logrado totalmente la adecuación de los servicios de salud para que al momento de la apertura gradual de la actividad económica tengan la mejor capacidad de atención, incluidas las medidas de bioseguridad adecuadas para proteger al personal de atención sanitaria y cancelarles cumplidamente a la totalidad del personal de la salud sus pagos salariales actuales y atrasados.

Otro aspecto que asumió el gobierno al comienzo del confinamiento fue aumentar el flujo de transferencias de subsidios a las familias (Programa Familias en Acción) y adultos mayores (Programa Colombia Mayor) que integran la población que hace parte de la altísima informalidad económica del país. También se ejecutó el programa de ingreso solidario beneficiando a colombianos con ingresos inferiores a 437.000 pesos, con un subsidio de $160.000. Infortunadamente, todos estos esfuerzos fiscales con seguridad no fueron ni serán suficientes para garantizar un mínimo vital a la población más vulnerable durante el confinamiento.

Debe insistirse que las transferencias a los más vulnerables también deben ser consecuentes con la dimensión de la crisis, su duración y las necesidades inaplazables de la inmensa población informal y desposeída del país, quienes al final como ya se ha demostrado en el mundo entero, van a sufrir el mayor daño en el curso incierto de esta epidemia. Muy grave, pero es la realidad, producto de décadas de corrupción y políticas erradas.

Ahora bien, sin conocerse con certeza lo que sigue en costos humanos y en deterioro económico, materia en la que el daño desafortunadamente podrá ser mayor y más durable de lo esperado, debe empezarse a estudiar y plantear con serenidad, profundidad y decisión, quien va pagar en últimas la factura de la crisis, es decir, como se van a financiar los gastos extraordinarios de la misma y la urgente implementación de los instrumentos de política económica que se escojan para impulsar con urgencia y mayor esfuerzo de la política económica, la reactivación del crecimiento y sobre todo el empleo, ya dramáticamente castigado, porque no se puede dejar al laissez faire, laissez passer, es decir no plantear nada y así dejar que el grueso del costo se pague en el mediano y largo plazo con mayor inflación, producto del alto crecimiento del endeudamiento público que puede sobrepasar con creces el 60% del PIB al final de la crisis, el aumento del déficit fiscal (-2,5% del PIB en 2019, seguramente superará fácilmente el -6% en 2020, como resultado de la caída del recaudo al encogerse el PIB y el aumento del gasto derivado de la crisis) y el consecuente crecimiento  monetario, sin utilizar suficientemente la tributación progresiva con el propósito de trasladar una parte importante de la financiación de la crisis a los grandes patrimonios e ingresos que históricamente han sido los mayores beneficiarios de las políticas económicas y sin duda de las últimas reformas tributarias, porque dejar la carga de la factura de la crisis, a través de un posible proceso inflacionario, a los menos favorecidos y desposeídos, los llevará a que cada vez sea más lejana, sino nula, la posibilidad de obtener una vivienda propia, un mejor bienestar material y una educación más adecuada para sus hijos, acentuando peligrosamente la situación de pobreza y desigualdad en el país.

Por último, al implementar los instrumentos de reactivación económica y del empleo, debe actuarse con juicio y cautela, pero con las suficientes oportunidad y dimensión que se requiere, buscando perderle tanto temor a las calificadoras de riesgo, porque al final sería más desastroso perder la oportunidad de reactivar a tiempo el aparato productivo y el empleo, con sus consecuencias sobre el ingreso, la demanda agregada, la situación social  y la propia capacidad para honrar los compromisos futuros de nuestras obligaciones, por miedo a asumir algún riesgo en la calificación internacional, en un momento histórico que todo el mundo está en crisis, aunque en magnitudes y circunstancias diferentes.

Al aumentar el gasto público (G), el consumo (C), la inversión (I) y las exportaciones (X), se aumenta la demanda Agregada (DA) y el Producto Interno Bruto (PIB) y en consecuencia el empleo.

PIBÝ = DAÝ = CÝ + IÝ + GÝ + XÝ – M

Obviamente, este resumido análisis de algunos aspectos económicos fundamentales de la crisis, deja por fuera la discusión médica especializada sobre el mayor riesgo de contagio que se pueda desprender de estas decisiones de apertura gradual de la actividad productiva, especialmente, teniendo en cuenta que como ya se mencionó, los epidemiólogos afirman que no se ha alcanzado el pico alto en la curva de contagio y adicionalmente se insiste en una posible segunda ola de la enfermedad, situaciones que de presentarse seguramente llevarían a nuevas decisiones, acentuando los gestos de protección, aislamientos y atención especial a la personas con mayor riesgo en su salud por su edad y existencia de comorbilidades médicas, entre otras consideraciones.

No sobra decir mencionar  que en países con democracias más fuertes, con división de poderes reales y sistemas de pesos y contrapesos funcionales, como España, Francia e Italia, ya se han presentado demandas contra el Estado e incluso denuncias penales contra los responsables de la gestión de la crisis, sustentadas en omisiones, desprotección al cuerpo médico, políticas institucionales negligentes con pacientes, manejo de la información, etc. y seguramente, a pesar de la fortaleza de las medidas económicas asumidas por los países ricos para enfrentar la crisis y los enormes costos de las mismas, no faltarán también algunos procesos contenciosos en contra del Estado por el daño económico al empleo y a las empresas, sin embargo, en países como el nuestro, aunque podría posiblemente suceder los mismo, no será fácil esperar decisiones en derecho, justas y oportunas.

En todo caso, hoy, en medio de la incertidumbre, en el mundo entero, todos, ciudadanos, dirigentes políticos, empresarios, trabajadores, sindicatos, académicos, estudiantes, especialistas en las diferentes materias, cuerpo médico, entre todos, los habitantes de nuestro planeta y especialmente, los gobiernos, debemos poner todo el empeño para que el costo en vidas y el económico que nos falta, sean lo menos dañinos, pero para eso se requieren liderazgos que asuman verdaderamente el reto de enfrentar la dimensión de esta crisis y  mandatarios que se anticipen con oportunidad, mediante la política pública a los retos con verdadera visión de Estadistas con mentalidad de largo plazo.

Esperemos que por el futuro de Colombia este gobierno retome el mejor camino, asuma la necesidad de implementar medidas para estimular la reactivación de la producción, el empleo y la demanda agregada, consecuentes con la dimensión, complejidad y el gravísimo costo social de la actual crisis, ya que de no corregirse el rumbo, iríamos a un nivel de pobreza y desigualdad inimaginable, con el agravante que desde antes del COVID-19 ya nuestro país era uno de las más desiguales del mundo.

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