Colombian Mercenary: un negocio establecido desde tiempos inmemorables

Una perspectiva a raíz del asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití

Por: Edison Fernando Garnica Bolívar
julio 23, 2021
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Colombian Mercenary: un negocio establecido desde tiempos inmemorables

Desafortunadamente, los sucesos ocurridos en torno al asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse —en los que se vieron involucrados oficiales del ejército supuestamente en condición de retiro— solo revelaron un problema que visto detalladamente en el contexto de la historia reciente ha estado presente en las fuerzas militares colombianas.

Además, destaca que en el mundo existen variadas compañías de mercenarios —cuya razón social se denomina Empresa Militar Privada (EMP)—, las cuales son contratadas por gobiernos y particulares para hacer trabajos que diversas fuerzas armadas no pueden hacer por cuestión de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Público Internacional, como son los asesinatos en ultramar. En el caso colombiano, las EMP parecieran encontrar en los asesinatos por encargo ingresos jugosos para estas.

Quien aún recuerde aquellos años de la peste, exactamente 1989, con lo sucedido en Haití se le habrá venido a la memoria el famoso escándalo de los Papeles de Wanumen, cuando el capitán del Ejército Javier Wanumen (conocido en el bajo mundo como Capulina) fue capturado en posesión de documentos de inteligencia militar clasificados, con los cuales se planeaba una cadena de asesinatos por encargo. Con esto se dejó al descubierto el grado de permeabilidad que tuvo el narcotráfico en el alto gobierno y la existencia de las primeras redes de informantes y sicarios a sueldo que estaban conformados por oficiales del Ejército y la Policía (quienes realizaban desde trabajos para los carteles de Medellín y Cali hasta crímenes encargados desde el Estado).

Dicho oficial habría sido el encargado de planear y dirigir el atentado con carrobomba contra el entonces general Miguel Maza Márquez, en mayo de 1989. O quién se acuerda también del escándalo de los papeles de Basto Bernal en el año 2001, cuando en la casa del sargento Evangelista Basto (a quien se buscaba por ser uno de los autores intelectuales del atentado contra el entonces presidente de Fenaltrase, Wilson Borja, y de dirigir una banda de sicarios desde Cali), se encontraron también documentos de inteligencia militar y "órdenes codificadas" para asesinar a personas consideradas objetivo militar por las FF. MM. (un antiguo rector de la Universidad Nacional y 2 investigadores del CTI encargados de investigar a militares involucrados en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado). Al parecer desde hace un tiempo, estas redes de mercenarios ya habían empezado a tomar forma sin que nadie se hubiera percatado de cuanto se estaba agravando esta problemática, ni los organismos defensores de derechos humanos, ni los órganos de control, ni el mismo gobierno nacional.

Inclusive, estas redes ya se estaban formando en empresas subcontratadas desde la ilegalidad, y con operatividad a nivel internacional desde hace más de una década. Prueba de esto fueron los sucesos de la finca Daktari (en el distrito de Caracas Venezuela), cuando la policía venezolana había capturado a una centena de colombianos vestidos de camuflado, supuestamente pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, a quienes se les acusó de ser parte de una conspiración para asesinar al entonces presidente Hugo Chávez y sabotear el referendo que estaba en campaña para la época. El hecho ocurrió seis meses antes del asesinato del fiscal del ministerio público venezolano Danilo Anderson (un jurista conocido por investigar una comisión de crímenes relacionados con la masacre de puente  Llaguno y el Golpe de Estado de 2002 en Caracas), hecho del cual se ha dicho entre rumores habría sido también ejecutado por personal de las AUC. Y es justamente desde estos hechos que no solamente se empezaron a tensionar las relaciones entre Colombia y Venezuela, sino que también ha dado pie a que el mismo régimen chavista acuse al gobierno colombiano de patrocinar la conformación de grupos de mercenarios con propósito de desestabilizar la región.

Dada la baja reputación del régimen chavista, muchos sectores políticos, desde la oposición venezolana y el gobierno colombiano han desestimado dichas acusaciones tomándolas como fantasiosas. Sin embargo, dos hechos recientes han demostrado que dichas acusaciones fantasías podrían llegar a ser verdaderas: los hechos ocurridos en Haití y la muerte del comandante guerrillero disidente Jesús Santrich en el lado venezolano de la serranía del Perijá. Es en el segundo hecho, donde tomó fuerza el rumor de que mercenarios comandados por el Ejército colombiano habrían asesinado a Santrich ante el impedimento de la tropa de cruzar territorio venezolano para hacer ellos mismos el trabajo, por lo cual se lo delegan a esta ya constituida y estructurada compañía Colombian Mercenary Inc. Y es así que la economía naranja ha dinamizado la economía ilegal de nuestro país, ya que ahora no solamente se exporta cocaína y se trafica con armas y con personas, sino que además se ampliaron los negocios de sicariato a nivel internacional.

Con este contexto histórico que aporto en este artículo, hay varias observaciones a analizar:

- El monopolio estatal de la fuerza está siendo manejado a modo de un mercado, ya que pareciera que cada soldado egresado de las unidades especiales de las fuerzas armadas estuvieran saliendo de su entrenamiento a matar por dinero, más que a defender la soberanía nacional y popular.

- La corrupción interna dentro de las fuerzas armadas y de policía(mencionando además los casos en que la policía se le ha visto atacar a manifestantes con apoyo de civiles armados denominados la "gente de bien"), está llegando a niveles peligrosos llevándolas a una completa deslegitimación.

- Los peligrosos estragos que está causando en las relaciones internacionales, las cuales serían seriamente afectadas de comprobarse no solo la culpabilidad de los supuestos exmilitares retirados que están detenidos en Haití, sino también la posibilidad de que lo mismo hubiera ocurrido con Jesús Santrich.

Con base en lo último, señalo también que de probarse de que en verdad existen estos grupos mercenarios y su patrocinio por parte del Ejecutivo, el gobierno nacional (en cabeza del subpresidente Iván Duque Márquez) habría llegado al nivel más alto de su estupidez al estar jugando a ser Estados Unidos, violando la soberanía de otros países y mandando soldados de fortuna de marca colombiana para hacer trabajos sucios en ultramar.

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