Texto escrito por: Alejandro Rafael Barros Tobías
En Colombia gobernar no es difícil, es casi imposible. Y no por falta de ideas, sino por un entramado político que convirtió el control institucional en bloqueo mediático y la democracia en una carrera de obstáculos.
Las reformas que presenta el gobierno, el Congreso no las debate, las dilata, las negocia en clave por intereses de los grandes capitales y las termina hundiendo o en el mejor de los casos desfigurándolas hasta volverlas irreconocibles. Esto no es deliberación, es desgaste calculado.
Aquellos proyectos que logran sobrevivir al Congreso entran al laberinto de las altas cortes. Lo que debería ser un examen jurídico o de constitucionalidad se percibe hoy como un muro político infranqueable, donde anulan, frenan o suspenden actos claves; donde el control dejó de ser contrapeso para volverse veto. Y si algo quedare en pie, aparecen los “órganos de control” que a la postre son trincheras políticas, —CNE, Procuraduría y Registraduría— ya no actúan como árbitros neutrales, sino como jugadores con camiseta propia, inclinando la balanza hacia los intereses de sus antiguos patrocinadores electorales.
Ni siquiera la economía escapa a esta parálisis; el Banco de la República, bajo un manto de criterio técnico, toma decisiones que asfixian la política social y creyendo hacerle mal al gobierno, se llevan por delante la incipiente economía de muchos hogares colombianos. Aunque en comunicados sostengan que sus decisiones obedecen al mandato constitucional para controlar la inflación y tal vez esa sea su obligación, entendemos bien claro que: "si es blanco, la gallina lo pone y frito y con bollo e' limpio se come", segurísimo que no es un T-bone steak.
Cuando la ciudadanía empieza a sentir que las instituciones no resuelven, sino que obstaculizan, el riesgo no es solo la frustración; es el desgaste mismo de la legitimidad democrática. Porque una democracia en la que las instituciones tienen camisetas distintas, no logra ejecutar decisiones, no transforma realidades y se percibe capturada por intereses particulares, lo cual conduce a que su gente comience a perder confianza en las mismas.
El resultado es un Estado fragmentado, sin coordinación, en donde las instituciones empujan en dirección opuesta a las necesidades del pueblo. En democracia la gente no vota para ver cómo las decisiones se enredan indefinidamente entre despachos de burócratas o tribunales empresariales. No, nosotros votamos para que las cosas cambien para bien común, no para el particular.
¿Colombia necesita controles? ¡Sí, pero no así! Necesitamos un Estado que funcione, no una máquina de impedimentos.
En este contexto, el gran desafío para Colombia no es eliminar los controles —que son esenciales en cualquier democracia—, sino fortalecer la confianza en las instituciones, garantizar su independencia real y promover un diálogo político que permita tramitar las diferencias sin paralizar la acción del Estado. Solo así será posible reducir la incertidumbre y recuperar la percepción de que las instituciones trabajan, ante todo, en función del interés general y no para patrocinadores electorales.
Más que gobiernos en disputa, lo que tenemos es cambiar este Estado que hoy se sabotea a sí mismo.
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