Nos prometieron una Colombia “potencia de la vida”. Pero la realidad que hoy enfrentan millones de ciudadanos es otra: un país que regresa al mapa global del terrorismo mientras, en paralelo, se deterioran los sistemas que deberían proteger la vida. No es una consigna política. Es un diagnóstico que se sustenta en cifras, informes internacionales y en lo que vive diariamente el ciudadano.
El dato más contundente proviene del exterior. Colombia volvió al top 10 de países más afectados por el terrorismo, según el Global Terrorism Index del Institute for Economics & Peace, que mide el impacto a partir de “muertes, incidentes, heridos y rehenes”. El informe es categórico: “Colombia reingresa al top 10 de países más afectados por el terrorismo por primera vez desde 2020” y advierte que “el aumento de la actividad terrorista refleja el fortalecimiento de múltiples grupos armados no estatales”. Colombia vuelve a compartir escenario con países como Irak, Afganistán, Siria o Nigeria.
Más mesas, más poder para los ilegales
El gobierno del presidente Gustavo Petro optó por abrir simultáneamente más de ocho mesas de negociación con actores armados: ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y otras estructuras. La consigna ha sido clara: “la paz es el camino”.
Pero la realidad muestra otra cosa: negociar sin control territorial efectivo fortalece a los grupos ilegales. Hoy, más de 300 municipios del país presentan presencia o control de estructuras. Ese es el terrorismo visible.
El terrorismo silencioso
Pero hay otro fenómeno más profundo y menos visible: el deterioro de los sistemas que sostienen la vida del ciudadano. Aquí es donde surge el concepto de terrorismo silencioso, no como una categoría jurídica, sino como una realidad política y social: un proceso en el que los derechos no se eliminan formalmente, pero dejan de garantizarse de manera efectiva.
El terrorismo silencioso no se manifiesta con explosiones ni secuestros, sino con abandono. No genera impacto inmediato, pero produce consecuencias igual de graves. Es silencioso porque no hace ruido, pero mata lentamente.
Se expresa cuando un paciente no recibe sus medicamentos, cuando una familia no accede a vivienda digna, cuando un joven abandona el sistema educativo, cuando un ciudadano pierde seguridad en su entorno. Es la acumulación de fallas que terminan vulnerando la vida sin necesidad de un arma.
En salud, la crisis es evidente. Varias EPS han sido intervenidas o enfrentan graves problemas financieros, más de 25 millones de usuarios dependen de entidades en situación crítica, y se han registrado miles de quejas por desabastecimiento de medicamentos. En el caso de enfermedades huérfanas, que afectan a más de 70.000 pacientes en Colombia, la interrupción de tratamientos no es un trámite: puede significar la muerte.
En vivienda, el déficit habitacional supera los 3 millones de hogares, mientras la caída en la construcción y el freno en programas de subsidio reducen las posibilidades de acceso. En educación, más de 700.000 estudiantes presentan deserción anual, con brechas profundas en calidad y cobertura. En seguridad urbana, la percepción de inseguridad supera el 60% en principales ciudades. En lo económico, el crecimiento débil y la inflación acumulada deterioran el ingreso real de los hogares.
No son crisis aisladas. Son indicadores que, juntos, muestran un deterioro estructural.
La responsabilidad política
La responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro no radica en ejercer terrorismo de manera directa, sino en haber generado condiciones que permiten su expansión en doble vía. Por un lado, la reducción de la presión sobre los grupos armados mediante negociaciones simultáneas sin control territorial ha facilitado su fortalecimiento. Por otro, el debilitamiento de sistemas esenciales como la salud, la vivienda, la educación, la seguridad y la economía ha destruido la capacidad de las instituciones para proteger al ciudadano. El resultado es una ecuación crítica: más violencia y más terrorismo silencioso
Ese es el paso del terrorismo visible al terrorismo silencioso
Aquí se configura el problema de fondo. Colombia enfrenta una doble vulnerabilidad: el ciudadano está expuesto al terrorismo armado y, al mismo tiempo, a un terrorismo silencioso representado en el debilitamiento progresivo de sus derechos básicos.
El ciudadano no siempre muere en un atentado, pero puede morir esperando un medicamento. No siempre es secuestrado, pero vive con miedo. No pierde sus derechos formalmente, pero los pierde en la realidad. Así el gobierno Petro siembra a Colombia de muerte. Mas de 2000 fallecimientos de colombianos que padecían enfermedades huérfanas por falta de medicamentos. Las enfermedades mentales se han disparado, por no mencionar el sinnúmero de patologías que no son atendidas.
Colombia no solo regresó al top 10 del terrorismo mundial. Entró en una fase más compleja: la convergencia entre el terrorismo armado y el deterioro de los sistemas que garantizan la vida, que es un terrorismo silencioso e incluso más grave y con un alcance mayor de destrucción.
Con un exguerrillero como Gustavo Petro, Colombia no solo enfrenta el regreso del terrorismo armado; enfrenta su agudización, mientras avanza un terrorismo silencioso que erosiona la vida desde adentro.
Por eso, Petro sembró de muerte a Colombia
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