La mal llamada democracia más antigua de América, se encuentra hoy en una crisis de tal profundidad que se ha transformado en un régimen cuestionado desde todos los ángulos del espectro político, de débil legitimidad y que se torna insostenible sin una pronta reforma tanto política como electoral. Junto a problemas estructurales propios del excluyente “orden contrainsurgente” como lo denominó la profesora Vilma Franco, el régimen político colombiano no soporta la más mínima revisión de los principios democráticos elementales como lo mencioné al hablar del autogolpe en curso. De igual forma, el funcionamiento de los mecanismos electorales que son esenciales para la legitimidad democrática son al mismo tiempo síntoma y combustible de la mayor crisis política desde la Constitución del 91.
Si es verdad que las elecciones en Colombia han logrado hasta ahora garantizarle la permanencia a los más poderosos en el poder, también es cierto que los progresivos avances del descontento social en las urnas han acentuado el miedo al pueblo, poniendo a la defensiva a la clase política que gesta constantemente proyectos de reforma política y electoral que les permita atornillarse a sus escaños y maquillar los vicios electorales cada vez más protuberantes. Con el actual curso del proyecto de ley de Código Electoral, van por lo menos 4 grandes intentos de reforma en los últimos 4 años, lo que expresa al mismo tiempo la crisis y la falta de consensos alrededor del sistema electoral colombiano. El Acuerdo de Paz mandató una Reforma Política Electoral que fue primero manoseada y luego hundida en el Congreso en 2017, así que habría que decir que mientras esta no se dé el Estado colombiano está incumpliendo lo firmado en La Habana.
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Es vergonzoso explicarle a las nuevas generaciones que nuestras elecciones de hoy están reguladas por un decreto ley de estado de sitio, sacado de espaldas al legislativo hace casi 35 años
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Es vergonzoso explicarle a las nuevas generaciones que nuestras elecciones de la segunda década del siglo XXI están reguladas por un decreto ley de estado de sitio, sacado de espaldas incluso al legislativo hace casi 35 años y que antecede a la misma Constitución de 1991. El código electoral vigente es la síntesis del anacronismo, antidemocracia e incapacidad de reformarse de nuestro régimen político y muy particularmente de nuestra clase política, que teme el más mínimo ajuste a las reglas del juego con las que ganaron por más arcaicas que éstas resulten. No tiene discusión que se requiere con urgencia una reforma estructural al código y los procedimientos electorales en nuestro país y retomar la reforma política consagrada en el Acuerdo de Paz.
No obstante, la actual reforma puede hacer al remedio peor que la enfermedad, lo que ya es mucho decir en un sistema electoral como el colombiano marcado por la abstención, el clientelismo, la política prepago y el fraude “en sus justas proporciones” desde hace un siglo. En primer lugar, aspectos determinantes para la transformación de las elecciones en Colombia, como la reglamentación de la financiación de campañas, la adquisición de personería jurídica de movimientos políticos o la misma arquitectura de los órganos de control electoral nítidamente partidizados en nuestro país, tienen un rango constitucional y no podrán ser reformados en este proceso legislativo, lo que sin negar la pertinencia de varias reformas contenidas en el actual proyecto, de entrada las acota en extremo y corre el riesgo de generar mayores distorsiones en el sistema político. De rescatar del actual proyecto, por ejemplo el acople de la legislación nacional tanto al fallo del Consejo de Estado que determinó la necesaria propiedad estatal del software de cómputo electoral, como la aplicación de la jurisprudencia de la CIDH sobre derechos e inhabilidades políticas, ya que el sistema de sanciones ha sido usado por procuradores y demás como zancadilla política para sacar del camino a la oposición.
La preocupación por nuevas modalidades de voto acordes con el actual momento histórico es válida, así como controles modernizados de identificación y censo electoral. Pero lo prosaico del procedimiento electoral en Colombia no es solo un problema tecnológico, si no político, ya que hay actores políticos que se benefician de este atraso para consumar el fraude, tanto como habrá algunos que aprovechen financiera y políticamente las transformaciones técnicas propuestas. La actual administración de las elecciones en manos de empresas privadas que tienen propietarios con ingentes intereses económicos y políticos, es muestra de cómo las medidas técnicas son fácilmente pervertidas por la clase política y los factores reales de poder. Si no se profesionaliza y no se revisan las funciones de la Registraduría está podrá seguir siendo utilizado como botín burocrático y puesta en función de quienes han ganado las elecciones. De casi 4 mil funcionarios de la Registraduría solo 660 eran de planta, y los demás están sometidos de facto al vaivén de las clientelas políticas. Lejos de solventar este problema, el actual proyecto lo agravaba permitiendo la libre remoción por pérdida de confianza de los 1120 registradores municipales. Desproporcionado poder el de nombrar a dedo a quienes cuentan los votos en todo el país.
Si no se logra diseñar un sistema de órganos electorales que garantice su independencia así como la proscripción de la participación de privados en el procedimiento de votación, se seguirá reforzando el círculo vicioso entre clanes políticos, mafias de contratistas privados y autoridades partidizadas que los beneficia mutuamente y perpetúa la falta de garantías y la parcialidad misma del sistema. Faltaba más, cuando ya el ex Fiscal Martínez Neira desde su columna en Semana pretende descabezar opositores y candidaturas políticas para el 2022 dando órdenes a los también partidizados órganos de control en poder de alfiles de la coalición de gobierno.
Finalmente, valga la advertencia, que en contravía de los principios de la transparencia democrática, en los comicios del 2022 muy seguramente tendremos reglas inciertas, ya que de aprobarse el actual proyecto de código electoral entrará a control previo de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria. Sin conocerse los tiempos de la respectiva sentencia de la Corte y con el nefasto precedente sentado por Duque con el trámite y objeciones a la ley estatutaria de JEP, el escenario se torna aún más azaroso si hay modulación de lo aprobado en Congreso por parte de los magistrados, proceso que en todo caso se superpondrá con el calendario electoral que arranca en marzo próximo.
Se nos enseñó que la democracia son reglas ciertas para resultados inciertos. ¿Se está fraguando en Colombia unas reglas inciertas para obtener un certero resultado en 2022 en parlamentarias y presidenciales? El debate de fondo continúa siendo el mismo: ¿pueden los elegidos por un sistema electoral contrahecho dar paso a su reforma estructural?
