El 29 de diciembre de 2023, a dos días de dejar el Palacio Liévano y finalizar su alcaldía, Claudia López y el general (r) Oscar Gómez Heredia, entonces secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia adjudicaron el contrato SCJ – 1904 de 2023 al Consorcio LPR SCC – 2024 por valor de $14.339 millones.
El objeto de ese contrato es el suministro e instalación de equipos y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá, que incluye 200 cámaras multisensor que mejorarían la seguridad en la ciudad por cuenta de los medios tecnológicos. Las cámaras LPR son únicas y casi que se usan exclusivamente para el reconocimiento de placas de vehículos porque funcionan muy bien de noche.
Aunque el plazo para la entrega, instalación y puesta a punto del 100 % de las cámaras fue de 6 meses (agosto de 2024), al día de hoy solo están instaladas 80. El consorcio Consorcio LPR SCC – 2024 está integrado por las empresas SKG Tecnología S.A.S., (representada legalmente por el señor Fredy Fernando Lopera Roa), Cross Zlin AS, (representada por el señor Mauricio Acero Montoya), e Inversiones Construcciones e Ingeniería CDJ Group S.A.S. (representante legal Leidy Carolina Quintero).
Tecnología de punta
Las cámaras multisensor son muy utilizadas para el control del tráfico en las vías, en peajes, parqueaderos y en general para monitorear la seguridad ciudadana. Estos dispositivos leen las placas de carros y motos de forma automática en cuestión de segundos, sin importar si el vehículo está en movimiento, y se encuentran conectadas al C4, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de la Secretaria de Seguridad de Bogotá, al cual también se encuentra conectada la línea de Emergencia 123 de la ciudad y los demás organismos de emergencia de la ciudad como la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Movilidad y el IDIGER. Actualmente, desde el C4 se monitorean 13 mil cámaras para la vigilancia de Bogotá.
Para la ejecución del contrato SCJ – 1904 de 2023, la Secretaría de Seguridad de Bogotá hoy en cabeza de Cesar Restrepo, desembolsó la suma de 7.000 millones, la mitad del valor total del contrato y hasta ahora solo se ha ejecutado el 68,5 %. El cronograma de pago estipulado por la entidad obligaba a realizar el primer pago cuando el consorcio entregara todas las cámaras, hacer el segundo desembolso cuando estuvieran instaladas y configuradas la mitad, y desembolsar el tercer pago cuando las 200 cámaras estuvieran en funcionamiento y conectadas al C4. El reporte indica que, aunque las 200 cámaras no fueron instaladas en el plazo pactado, sí hubo un desembolso de $7.000 millones.
Durante la ejecución del contrato se presentaron tres suspensiones y tres prórrogas, al parecer debido a una serie de fallas técnicas, mala planeación y trámites ante las entidades del Distrito, así como debido a las obras que se desarrollan en la ciudad, como la construcción de la Avenida Carrera 68 y el viaducto de la primera línea del metro.
Seguridad a medias
Las cámaras debían instalarse en 17 localidades de Bogotá, en zonas donde hay alta accidentalidad y delincuencia, que fueron priorizadas por la Secretaría de Seguridad. Se incluyeron las localidades de Usaquén, Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón. Ante lo sucedido, desde la Secretaría de Seguridad del Distrito han manifestado que los mayores problemas se habían presentado durante el proceso de planeación, a pesar de ello sea logrado la instalación de 80 cámaras y esperan que todas estén en funcionamiento a finales del próximo mes de abril de 2026.
El contrato identificado con el # 1904 de 2023, fue autorizado en los últimos meses del Gobierno de la exalcaldesa Claudia López, cuando estaba como Secretario de Seguridad Oscar Gómez Heredia, excomandante de la policía metropolitana de Bogotá y con él los funcionarios, Lenin Augusto Pardo Porras, Sandra Milena Santafé Patiño y Helga Milena Hernández Reyes quienes firmaron la iniciativa.
El acta de inicio del contrato se firmó en febrero de 2024, cuando ya había iniciado la administración del alcalde Galán. Al parecer, la falla más grave en la instalación de las 200 cámaras estuvo en la estructuración de las acometidas eléctricas: la comercializadora de energía Enel–Codensa manifestó que ni la Secretaría de Seguridad de Bogotá ni el contratista habían entregado la documentación requerida para adelantar los trámites de las conexiones para las acometidas eléctricas.
Por todo esto terció la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, y se abrió una investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la entidad implicados en los hechos. El hoy secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo; el exsecretario Oscar Gómez Heredia; Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez están bajo la lupa y tendrán que responder a las preguntas de la procuraduría sobre las presuntas irregularidades cometidas.
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