Cese al fuego: un balance de Santos a Petro

El 13 de febrero, en México, se reanuda la segunda fase de negociaciones con el ELN. Una mirada al pasado a propósito de eso

Por: Boris Alexander Caballero Escorcia
enero 23, 2023
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Cese al fuego: un balance de Santos a Petro

Si logramos hacer abstracción de la alaraca mediática impulsada por los medios hegemónicos y por los analistas de ocasión que son convocados ante coyunturas diversas, la llamada crisis generada en el proceso de paz con el ELN por el tuit de Petro y los decretos de cese al fuego bilateral en realidad fue una oportunidad para fortalecer una vía en la negociación del gobierno con la organización guerrillera.

La supuesta crisis, más mediática que real, se generó porque el ELN negó haber acordado con el gobierno nacional un cese al fuego bilateral, después de que el Ejecutivo expidió un decreto en donde declaraba dicho acuerdo y el presidente Petro lo confirmaba con un tuit —esto fue tratado en un artículo anterior publicado sobre el tema (Las2Orillas, 16/01/2023)—. Lo que es un hecho es que el gobierno de Gustavo Petro, de manera audaz, logró que cuatro organizaciones armadas irregulares, dedicadas al narcotráfico o herederas de las FARC-EP, aceptaran un cese al fuego bilateral y que el ELN colocara necesariamente el cese al fuego bilateral en primer plano y como punto convocante a la reunión de emergencia sostenida desde el martes pasado 17 de enero en Caracas con representantes de la delegación de paz del gobierno (El Espectador, 17/01/2023; Voz, 18/01/2023), y que sea un punto a retomar en la segunda fase de diálogos ya acordada en México desde el próximo 13 de febrero (El Economista, 21/01/2023; DW, 21/01/2023).

Es necesario aclarar que un contexto de cese al fuego bilateral no le es extraño al ELN. Durante la presidencia de Iván Duque, presionó para que el gobierno de entonces se comprometiera con un cese al fuego bilateral bajo la idea de “un proceso de paz en medio de un cese bilateral” (Caracol entrevista), sin embargo, esto nunca se consiguió. Para entonces, el ELN tenía un antecedente durante el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, en el cual se había conseguido la instauración de un cese al fuego bilateral a nivel nacional que operó 102 días del 1 de octubre de 2017 al 9 de enero de 2018 (El País, 29/09/2027). Dicho cese se estableció mediante el decreto 1590 del 29 de septiembre de 2017, que, además del cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN, en su artículo 1° en el Párrafo señalaba que “Los protocolos suscritos entre el gobierno nacional y el ELN en relación con el CFBTN [siglas de Cese al Fuego Bilateral, Temporal de carácter Nacional] hacen parte integral de este decreto y tendrán carácter reservado” (D 1590, 2017). Asimismo, en el artículo 5° instituía el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) el cual definía “como mecanismo técnico, integrado por representantes del gobierno nacional-fuerza pública, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Iglesia católica y un componente internacional consistente en una misión política de observadores no armados de la ONU” (D 1590, 2017).

Este decreto era entonces el resultado de un proceso previo de acuerdos que había llevado al establecimiento de unos protocolos propuestos y acordados por las partes para la implementación de un cese al fuego también producto de la negociación. Efectivamente, dichos acuerdos se lograron en la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN en Quito Ecuador que desde el mes de febrero de 2017 sesionaba en el país suramericano. Resultado de casi ocho meses de diálogos y negociaciones se lograba un acuerdo de cese al fuego bilateral, el primero en la historia de Colombia con esa guerrilla (El Tiempo, 07/02/2017; Información, 08/02/2017; XinhuaSpanish, 30/09/2017; CubaExterior, 02/10/2017).

Es decir, en el gobierno de Santos el ELN vivió la experiencia de un cese al fuego bilateral durante casi tres meses y medio. Un cese al fuego que tuvo problemas con eventos que estuvieron a punto de llevar a una ruptura y que al final conspiraron para que no se prorrogara después del 9 de enero (El País, 9/01/2018). Lo que se evidenciaba eran discrepancias profundas entre las partes al momento de interpretar los contenidos del cese al fuego bilateral y los protocolos establecidos para este, situación que impidió que esta decisión política entre las partes, que fue histórica, rindiera frutos hacia una paz definitiva con esta organización insurgente. Por un lado, el ELN acusaba a las fuerzas militares y de policía de fortalecerse durante el cese, e incrementar su presencia y cercar los territorios en los que la organización insurgente tenía influencia; además de que se registraron acciones del ejército y de la policía en contra de la población con masacres y asesinatos de indígenas y ataques a dos campamentos del ELN en Chocó y Norte de Santander. La molestia se acrecentaba en la organización insurgente en la medida en que el gobierno no era capaz entonces de reconocer que con estas acciones estaba infringiendo el cese al fuego (Verdad Abierta, 9/01/2018; CrisisGroup, 12/07/2018).

Por su parte, en cambio, el ELN reconoció dos violaciones graves el asesinato el 24 de octubre de 2017 de un gobernador indígena en el Alto Baudó, Chocó, y la participación de uno de sus Frentes en enfrentamientos violentos el 27 de noviembre de 2017 que dejaron 13 personas muertas en Magüí Payán en Nariño. A pesar del reconocimiento de estos hechos, se agregaron al incremento de las tensiones en la mesa, así como la acusación de parte del gobierno y las fuerzas armadas de que el ELN estaba aprovechando el cese para consolidar su influencia sobre la población cuando salió a la luz pública que esta organización insurgente había realizado una reunión con la comunidad y organizaciones sociales del Medio San Juan en Chocó, lo que fue considerado por el gobierno como una afrenta contra los protocolos (Verdad Abierta, 9/01/2018; CrisisGroup, 12/07/2018).

El 15 de diciembre de 2017 el ELN se retiró a través de sus voceros del Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), con lo cual esta instancia quedó interrumpida en la práctica. Desde entonces ya era previsible el fin del cese al fuego bilateral el 9 de enero y el comienzo desde entonces de una ofensiva de cada una de las partes en contra de la otra (Reuters, 18/04/2018; CrisisGroup, 12/07/2018).

La coyuntura actual con el gobierno de Gustavo Petro es distinta a la vivida con Santos, aunque se ha manifestado que intenta fundarse en este proceso. La forma en la que se colocó sobre la mesa el tema del cese al fuego bilateral con el ELN no tiene nada que ver con los antecedentes vividos en este sentido durante el segundo periodo de Santos en el que fue producto de las negociaciones entre las partes. En esta ocasión, el gobierno de Petro impuso el tema del cese al fuego bilateral con el ELN y lo colocó como un punto inmediato a tratar en la agenta. Esto obligó a una reunión de urgencia en Caracas desde el 17 de enero de este año en donde lo que se ha definido es justamente que el cese bilateral sea producto de la negociación y tal como reza el comunicado de la mesa del sábado 21 de enero de 2023: “Esta reunión extraordinaria contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos: los acuerdos son para cumplirlos, bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe” (El País, 21/01/2023; France, 21/01/2023).

En un tiempo relativamente corto, en noviembre comenzó la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN, el gobierno nacional logró colocar el tema del cese bilateral como un punto de discusión. Sin embargo, la postura de la organización insurgente ha partido de que llegar a este momento del cese al fuego implica un proceso de concertación y maduración de los diálogos en el cual se haya avanzado en el desescalamiento del conflicto y en respuestas a las demandas sociales de cambio. La demanda de la organización guerrillera se dirige a la necesidad de que el proyecto de la paz total agenciado desde el gobierno se compagine con la propuesta que ha impulsado al ELN en sus acercamientos a los distintos procesos de paz, es decir, una paz con justicia social.

Este será el marco para la discusión del cese al fuego en la segunda fase de diálogos —que según lo anunciado el sábado 21 de enero se inicia el 13 de febrero de 2023 en México (La Jornada, 21/01/2023; EFE, 21/01/2023)—; es decir, la negociación entre dos propuestas de paz: paz total y paz con justicia social. Del avance en la confluencia de estas dos posiciones surgirá el cese al fuego bilateral.

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