Los frecuentes reparos del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo a las decisiones de las cortes de justicia, le generaron un sesgo injusto -según sus colaboradores más cercanos- a la exjefa de esa cartera y hoy candidata presidencial, Carolina Corcho Mejía.
Ella ha sido solidaria con algunas de las decisiones más importantes del gobierno en materia de la salud, pero nunca se ha ido al rompe contra sentencias, como la reciente del Consejo de Estado, que suspendió un decreto con el que la administración Petro buscaba reformar todo el componente de la salud en materia preventiva.
De hecho, es vista con respeto en los círculos judiciales y pocos recuerdan que ha sido consultora de la Corte Constitucional en materia de políticas públicas en salud.
Esta médica siquiatra antioqueña es mucho más cercana a la investigación que a la política partidista. Quizá por eso el que se posesionó como ministra hizo ante su equipo de trabajo anuncios que, mirados con detenimiento hoy, irían en contravía de lo que ha hecho Petro en esos frentes. Dijo que ejemplo que no miraría por el retrovisor la gestión de los gobiernos anteriores y que reformar el sistema de salud no implicaría acabar por completo con el modelo existente.
Su perfil como investigadora social quedó definido desde que dio sus primeros pasos por la academia. Cuando hacía sus estudios de especialización en la Universidad de Antioquia, luego de haberse titulado como médica de la Universidad Nacional, hizo parte de un equipo de jóvenes que estudió las causas profundas de la violencia en Medellín.
“Homicidios en Medellín, Colombia, entre 1990 y 2002 : actores, móviles y circunstancias”, es el título de uno de sus primeros trabajos que se han convertido en fuente de consulta académica e insumos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Ahora bien, como médica su énfasis ha estado puesto, más que la atención directa a los pacientes, en la defensa de los derechos fundamentales y en la vocería de gremios de la salud en calidad de experta, donde nunca fue matriculada de izquierda, de centro o de derecha.
La reforma a la salud ha sido un enfoque clave en sus líneas de investigación. Por eso hizo parte de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional por una Reforma Estructural del Sistema.
No en vano fue también vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, instancia del gremio médico, en la cual uno de los papeles que se cumple es asesorar permanentemente al Gobierno Nacional en políticas públicas de salud y educación del sector.

La hoja de vida que registró al asumir como ministra recuerda que presidió además la Corporación Latinoamericana Sur, organismo que se ocupa de diversas materias de políticas públicas, agrarios, económicos, sociales, salud y de derechos humanos.
Fue cofundadora e integrante de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina y también coordinadora del grupo PAO- Colombia. Lideró la Asociación Nacional de Internos y Residentes y actuó como directora Científica del proyecto de consultoría de modelo de atención de consumo de sustancias psicoactivas de jóvenes del sistema de responsabilidad penal.
Ha hecho parte también del Consejo Nacional de Salud Mental, órgano asesor del Gobierno Nacional, en Representación de los gremios médicos y sociedades científicas.
Su bandera de campaña será la misma con la que pasó por el gobierno: generar un programa predictivo y preventivo de atención primaria en salud, la consolidación de un sistema único de información, la reforma estructural al sistema para facilitar el flujo de recursos para el financiamiento a hospitales y entidades prestadoras.

Hizo el cierre de su campaña para la consulta en Corabastos, en Bogotá, y allí les prometió a productores del campo que su enfoque para una reforma agraria será integral e irá mucho más allá de la simple compra, expropiación y distribución de tierras. Su idea es generar un modelo para que los predios que serán entregados a los campesinos tengan una vocación probadamente productiva y cuenten con la infraestructura social necesaria antes de su entrega.
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