Con la presentación de un proyecto de ley que busca ponerle fin a la Jurisdicción Especial para la Paz en 2028, el senador Enrique Gómez Martínez cerró parcialmente la más dura arremetida de críticas que han enfrentado desde su creación el modelo de justicia transicional en Colombia.
En la antesala de la radicación de la propuesta su colega María Clara Posada, de la bancada del Centro Democrático, disparó su artillería contra la JEP desde varios flancos, incluidas denuncias sobre presunto despilfarro de recursos presupuestales y un supuesto favorecimiento a los antiguos jefes de la guerrilla mientras se actuaba en desmedro de las garantías de los exintegrantes de la fuerza pública sometidos a esa jurisdicción.
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En medio de esa tempestad, sectores radicales relativizaron las decisiones tomadas por los jueces de la jurisdicción, como las sanciones propias impuestas a Timochenko, Jaime Alberto Parra Rodríguez, a Joaquín Gómez, a Pablo Catatumbo a Pastor Alape Lascarro, a Carlos Antonio Lozada y a Rodrigo Granda como responsables de más de 21.000 secuestros y toma de rehenes ocurridos entre 1982 y 2016.
La condena contra ellos a ocho años no implica cárcel, pues hace parte del ámbito de la justicia restaurativa, pero los somete a restricciones efectivas de la libertad y derechos, los obliga al uso de brazaletes electrónicos que establecen un monitoreo para que no puedan salir del país ni del departamento asignado y los obliga a cumplir horarios de nueve horas diarias, en días hábiles en los trabajos que les han sido asignados.
El peso de la relativización se sintió desde el momento en que fue anunciado que una parte de la sanción incluía trabajos especiales en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en el departamento del Huila. “¿Qué castigo es ese de ponerlos a limpiar la maleza que se levanta entre las tumbas o a sembrar lechugas en huertas vecinas?”, se preguntaron al unísono las voces críticas.
Sin embargo, lo que hicieron allí desde el 21 hasta el 30 de septiembre de 2026 fue más allá de limpiar la maleza y hacer corte de bambú para la habilitación de terreno. Tuvieron que trabajar en las excavaciones para la localización de fosas comunes en busca de los restos de personas desaparecidas durante la guerra que ellos mismos provocaron.
Trabajaron hombro a hombre con representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y bajo la inspección de Medicina Legal, dentro de un equipo que garantizaría exhumaciones técnicas e identificaciones científicas. Lo hicieron bajo la presunción, bien soportada en las evidencias, de que en la zona había por lo menos 540 desaparecidos.
En dos semanas de trabajo encontraron doce restos y en total la intervención permitió recuperar 54 cuerpos no identificados, de los cuales nueve ya fueron identificados y entregados a las familias.
El trabajo en el cementerio y sus alrededores es solo una de las siete líneas restaurativas que deben cumplir hasta marzo de 2034. Luego vendrán el desminado humanitario, las obras de memoria, los actos de perdón frente a las víctimas, la ejecución de proyectos ambientales y otros trabajos visibles.
Los expertos les explican a aquellos que exigían 40 años de cárcel o más, que la justicia transicional, a la que las partes del Acuerdo de La Habana se acogieron con la esperanza de hacer posible la paz, tiene un régimen especial de sanciones que difiere de los que aplica la justicia ordinaria.
Impone sí condenas penales con restricción de la libertad, pero con un enfoque restaurativo y se aplica junto a comparecientes de la Fuerza Pública, como espacio de reconciliación.
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En este caso se trata de sanciones identificadas con la sigla TOAR (trabajos, obras y actividades de contenido restaurador o reparador) y que obligan a todos aquellos que reconocen su responsabilidad por crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Un balance, varias miradas
Por decisión de la JEP, se iniciará ahora la búsqueda de desaparecidos en otros 80 lugares protegidos por la jurisdicción. Ya están imputados 63 exintegrantes de las FARC por secuestro y a muchos más en otros casos.
Del Bloque Oriental, hay 15 imputados; del Comando Conjunto Central, 10 imputados; del Bloque Occidental, ocho imputados; del Bloque Noroccidental, 7 imputados. Además, durante octubre de 2026 la JEP imputó a diez exjefes más incluidos Joaquín Góme y otros como alias ‘el Médico’ y Lozada por crímenes de guerra y lesa humanidad contra los pueblos indígenas Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw, por afectaciones a su integridad, cultura y territorio.
Como la jurisdicción es también para miembros de la fuerza pública que se han sometido para explicar actuaciones punibles dentro del mismo conflicto, el balance muestra que doce antiguos integrantes del Batallón La Popa, en Valledupar, recibieron también la máxima sanción de 5 a 8 años por asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate o “falsos positivos” en la región caribe.
Sin embargo, el coronel (r) Publio Hernán Mejía, que no reconoció responsabilidad, está en juicio expuesto a un posible castigo con cárcel ordinaria de hasta 20 años.
En total la JEP reporta 367 máximos responsables identificados, 21 ya condenados y 19 en etapa de ejecución de sanción, y ha entregado 297 cuerpos de desaparecidos.
Para personas familiarizadas con la jurisdicción, no se trata de un mal balance teniendo en cuenta la complejidad de los procesos, el cambio de modelos mentales que implica aceptar las penas alternativas y los bloqueos generados por el escepticismo natural de las víctimas. Para los críticos, en cambio, el balance es el reflejo de actuaciones lentas y proclives a la impunidad. Algo sugiere entonces que la pedagogía necesaria para a aplicación del modelo transicional nunca fue completa. Pero en blanco sobre negro son 367 máximos responsables ya reconocidos, la imposición de 21 condenas y 297 cuerpos entregados. No parece claro que el tiempo que le quede a la JEP sea suficiente para hacer mucho más.
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