El brasilero Cavalcante y su emporio de minería ilegal en el Chocó y el bajo Cauca Antioqueño

Desde su palacete en Instmina transó durante 10 años con los Úzuga y el ELN para que sus 45 dragas sacaran $2000 millones mensuales en oro

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abril 06, 2017
El brasilero Cavalcante y su emporio de minería ilegal en el Chocó y el bajo Cauca Antioqueño

A comienzos del 2005 comenzó a oírse hablar en las calles de Caucasia portuñol, español con acento portugués. Habían llegado los brasileros. José Antonio Cavalcante y José Aroudo Sousa,  habian atravesado kilométros no exactamente para negociar ganado como ocurre con todos los forasteros en esta región del Bajo Cauca antioqueño, venían a buscar oro.

Cavalcante se había hecho minero en su país en Serra Pelada en el estado de Para. Una rica mina de la que en 1983 extrajeron 14  toneladas de oro. Llegó con su experiencia y su arrojo a montar y manejar 16 dragas dispersas en el Río Quito en Chocó, en el rio Sambingo en el Cauca  y en los municipios de Barbacoas en Nariño, el Bagre y Caucasia en Antioquia a sacar todo el oro posible, aliándose con quien tocara.

Las dragas o dragones son planchones en donde flotan cerca de 20 personas que, usando mercurio – quien tiene la propiedad de separar el metal de la grava y la arena- se sumergen en la búsqueda del oro sin importar las consecuencias ni para los seres humanas ni para el medio ambiente. En las riberas del rio Quito el mercurio había dejado su huella mortal en 37 niños. Pero a Cavalcante y su ambición desbordada nada lo detenía y en diez años dejó su estela destructiva en 4.161 hectáreas, la mitad del área urbana de una ciudad como Medellín.

Se movía tranquilo amparado por una empresa recién creada en Caucasia: la Comercializadora La Reina de la que eran socios Cavalcante y Sousa.  Mensualmente, y ayudado casi siempre por medio centenar de trabajadores contratados casi que azar, lograban extraer 20 kilos de oro al mes que, en el mercado negro, llegaban a costar los 2.000 millones de pesos. La bonanza les sirvió para construir las 45 dragas, cada una con un valor de $ 800 millones y para armar una maquina delictiva que le permitiera trabajar tranquilamente. Entró en negociaciones con los dueños del terreno, las bandas de los Úsuga y el ELN a quienes les aseguró ingresos permanentes.

Construyó un palacete de $700 millones en Itsminá, uno de los lugares más destruidos del pais por la minería en medio de la devastadora pobreza del  Chocó. En ese inmenso caserón, perdido entre la selva, Cavalcante hacía las más extravagantes fiestas en donde corrían ríos de whisky, líneas interminables de coca y una horda de prostitutas traídas desde Medellín. En Istminá funcionaba otra de sus empresas fachadas, J.A.C.S, que, al menos en el papel, comercializaba repuestos para maquinaria pesada.

La primera vez que la justicia colombiana supo de Cavalcante fue el 16 de julio del 2012. Ese día la Procuraduría General de la Nación destituyó a Álvaro Cuesta Samacá, Secretario General de la Corporación Autónoma Regional para Desarrollo Sostenible del Chocó por haberle pedido al brasilero 65 millones de pesos para no decomisarle La Chocoana, una de las dragas más rentables y que más contaminaba el río Sambingo. El mismo Cavalcante denunció en la Fiscalía la extorsión. Aunque se sancionó al funcionario, nadie se metió con las dragas del brasilero.

Mientras el negocio de Cavalcante prosperaba empezaban a llover sobre él los cuestionamientos. En Marzo del 2014 fue detenido bajo el delito de contaminar, con sus dragones, el Río Quito en el Chocó. Al mes de haber estado detenido, un juez, de manera inexplicable, decidió archivar su caso.

Los negocios de Cavalcante no hacían otra cosa que crecer. La encargada de proteger las 14 barcazas que flotaban sobre el Río Quito era Deidy Torres Rico, una  mujer de 35 años reconocida en la región por liderar protestas contra la fuerza pública y la gobernación del Chocó. Sus plantones se justificaron mejor después de crear la Cooperativa Asodracho que agremió a los dueños de las dragas. Además la empresa de Cavalcante pagaba $11 millones mensuales a un Consejo Comunitario de Comunidades de Afrodescendientes que tenía como único trabajo protestar cuando el brasilero se lo pidiera para defender su trabajo.

Su emporio se extendió al Bagre, Antioquia, donde creo otra comercializadora de papel llamada Hayer Gold. Su representante legal era Jimmy Alexander Villegas, ayudante del despacho del Alcalde de la población, con lo cual lograba moverse sin dificultad.

Con la reseña judicial del 2014, la Fiscalía de Antioquia se propuso seguirle los pasos hasta lograr detenerlo dos años después, el 14 de junio en una calle de Caucasia. Atrapar a Cavalcante no fue fácil. La policía infiltró a un policía carabinero quien, durante meses, se ganó la confianza de los mineros. Por intermedio de él, las autoridades pudieron comprobar los pagos que los brasileros le pagaban al clan de  los Úsuga y al ELN. Incluso el frente Resistencia Cimarrón de este grupo guerrillero quedó evidenciada cuando se enfrentaron a la fuerza pública con ráfagas de fusil para proteger a los hombres del brasilero.

Los días de gloria de Cavalcante habian quedado atrás. Las fiscalía le imputo los cargos de concierto para delinquir, contaminación ambiental, daño de recursos naturales y violación de fronteras para explotación de recursos. Con él cayó su círculo de confianza: José  Aroudo Sosa, Deidy Torres Rico y Jimmy Alexander Villegas y se incautaron 45 dragas de los Dragones; los Úzuga y la guerrilla quedaron a mando a la espera de la llegada de un nuevo minero capaz de desafiar la naturaleza y la ley, mientras Cavalcante intenta salvar su negocio desde la cárcel.

 

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