Ayotzinapa, cinco años de barbarie e impunidad

Ayotzinapa, cinco años de barbarie e impunidad

Las 43 víctimas siguen desaparecidas. Mientras algunos aseguran que están secuestradas, otros dicen que deben estar en alguna fosa común en el estado Guerrero

Por: Fernando Alexis Jiménez
septiembre 25, 2019
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Ayotzinapa, cinco años de barbarie e impunidad
Foto: Flickr Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CC BY 2.0

La reciente absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sumó un nuevo manto de impunidad a uno de los crímenes de lesa humanidad que este 26 de septiembre cumple cinco años sin que se hayan logrado mayores avances para condenar a los autores materiales e intelectuales.

“Nuestros hijos están condenados al olvido ante la indolencia de las autoridades mexicanas”, se lamentó Laura, madre de Jorge Álvarez, una de las víctimas. Ya se cansó de llorar. Sus lágrimas se secaron, como una fuente que deja de fluir cuando la sequía es muy prolongada.

La noticia les cayó como un baldado de agua. Gildardo, o Gil como se le conoce, fue capturado el 16 de septiembre del 2015, acusado de tener vínculos delictivos con el grupo Guerreros Unidos. Lo dejaron libre el 31 de agosto del 2019. El argumento del fallo fue “absolución por insuficiencia probatoria”.

Los familiares de los desaparecidos le salieron a deber. Todos coinciden en que la Fiscalía a cargo del caso no hizo el más mínimo esfuerzo por corregir las supuestas inconsistencias. No había voluntad pues se desconocieron 81 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía.

Las primeras versiones que se manejaron, señalan que los jóvenes fueron secuestrados en la localidad de Iguala por policías que luego los entregaron a miembros del crimen organizado. Fueron ellos quienes los quemaron en un basurero cercano. Sin embargo, expertos independientes aseguraron que no hay pruebas que acrediten esa tesis, y todavía está en investigación la posible vinculación con los hechos de fuerzas federales y otras autoridades.

La Normal de Ayotzinapa, cuna de luchadores sociales

Las instituciones de formación media de Guerrero, en especial, la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, están asociadas a las luchas sociales y a la guerrilla de los años 70, con figuras icónicas como la de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. Los dos, promotores de ideas insurgentes a cuyo amparo crecieron generaciones enteras de futuros maestros que se formaban en ese claustro.

La tendencia de los formadores de la Normal ha sido de izquierda, línea de pensamiento que generalmente reciben los 550 estudiantes que anualmente se matriculan con la meta de llegar a ser docentes.

La institución fue fundada hace 93 años, específicamente a mediados de 1926 cuando el gobierno estaba comprometido con la revolución cultural. Es emblemática, en la zona rural del municipio de Tixtla. Conserva la arquitectura antigua y en uno de sus lugares más concurridos, usted pude apreciar un enorme mural del Che Guevara, con dos colores que son distintivos: azul y negro.

Además de Pancho Villa y quienes promovieron ideas libertarias en territorio mexicano, no es extraño que compartan textos del Sub Comandante Marcos, escritos en la selva lacandona en Chiapas, que conjugan poesía y literatura revolucionaria.

El comienzo del fin

La tragedia para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, comenzó el 26 de septiembre de 2014, cayendo la noche. Tuvo lugar en Iguala, una ciudad de clima templado, 220 kilómetros al sur de México.

“Si aquí pasa algo, todo el mundo se queda callado. Así nos aseguramos de evitarnos problemas. De la desaparición de los estudiantes todos supimos, pero, para serle sincero, prefiero no comentar nada”, asegura Damián Iztquenango, quien por muchos años, en la década de los sesenta, fue presidente municipal, cargo que en otros lugares se conoce como alcalde. Es pensionado y su tiempo lo ocupa leyendo periódicos, oyendo radio y jugando con sus biznietos. Está más allá del bien y del mal, pero prefiere callar. El silencio para él y sus coterráneos, se ha convertido en el mejor amigo.

Ese día y como muchos de sus antecesores habían hecho por años, secuestraron un autobús para cubrir la distancia entre Ayotzinapa e Iguala. Sabían que, generalmente, esta vía de hecho conducía a enfrentamientos con agentes de la policía federal y estatal, pero igual lo hicieron.

Uno de los incidentes que aún estaba fresca en sus memorias, fue la trifulca con policiales el 12 de diciembre del 2011, que dejó saldo de muchos alumnos heridos y tres muertos, uno de ellos empleado de una gasolinera, quien presentaba quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Como como cantara la célebre Mercedes Sosa en la década de los setenta: "Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, ¡Qué viva la astronomía!". Cuando decidían ir para adelante, era para adelante, como si estuviera en lo más profundo de su ADN.

Una masacre por razones equivocadas

Foto: Flickr Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CC BY 2.0

El propósito de los estudiantes no era sabotear el evento en el que intervendría el alcalde de Iguala, José Luís Abarca, y en el que su esposa, María de los Ángeles Pineda, haría el lanzamiento de su aspiración al primer cargo municipal.

Los dos han sido acusados de tener nexos con los carteles de la droga de Guerrero. Temían que una revuelta de los alumnos, diera al traste con un acto de rendición pública de cuentas, que no era otra cosa que una convocatoria para mostrar ejecutorias, aun cuando lo que iban a decir, distara mucho de la realidad.

El objetivo que animaba a los normalistas era asistir a la ciudad de México el día 2 de octubre del 2014 para participar de las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco. En el trágico incidente ocurrido 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Plaza de las Tres Culturas. Murieron decenas de personas, como consecuencia de una arremetida de la policía y el ejército, y más de 1.300 fueron arrestadas. Algunas, desaparecieron.

Cuatro días antes de la masiva desaparición, la fuerza pública había impedido que sustrajeran combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre los estudiantes habían ido a Chilpancingo en dos autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apoderarse de otros vehículos, pero la policía local les impidió lograrlo, sin arrestarles. Definitivamente, querían ir a la capital del país, a como diera lugar.

Frustrados en su intento, se dirigieron a la ciudad de Iguala en la tarde del día 26 de septiembre para buscar más vehículos, en al menos dos autobuses que ya habían secuestrado. Se movilizaron hasta allí porque era un punto cercano y, además, podrían conseguir gasolina.

Después de una refriega, se apoderaron de tres autobuses más. Ya tenían cinco a disposición. Uno de los motoristas que se resistió, informó a las autoridades locales.

Gildardo López Astudillo, alias Gil, fue quien dio aviso al alcalde, José Luís Abarca, y al líder de la banda de los Guerreros Unidos sobre la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición. “Llegaron a causar problemas”, dijo. No se necesitó más para iniciar la reacción, en la que participaron por igual policías y delincuentes fuertemente armados.

Llegó el silencio

De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaki Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió entre las 9:30 y 10:30 pm. Una camioneta bloqueó el avance de los estudiantes​ en la intersección de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte.23​ Ellos se bajaron para retirar el vehículo. Fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento con policiales. Aldo Gutiérrez Solano fue la primera víctima.

En cuestión de minutos se produjo una balacera que dispersó a los normalistas. “Nos está disparando la policía”, decían. Así quedó registrado en las pruebas que entró la Procuraduría General de la República.

Los que no corrieron o, simplemente, se parapetaron en algunos de los carros, terminaron bajo arresto. La mayoría provenía del último vehículo de la fila, por eso, no alcanzaron a escapar. Algunos se comunicaron por teléfono.

Un segundo convoy de estudiantes llegó hacia las 11 de la noche. Encontraron a otros estudiantes que no habían sido arrestados. Acompañados por profesores afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, inspeccionaron el lugar. Era un caos. Se produjo un nuevo ataque que segó la vida de Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes. Sus compañeros se refugiaron en casas mientras que otros corrían hacia los cerros de Iguala.

Informes iniciales referían la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. La versión cambió el 30 de septiembre, cuando se comprobó que 14 de ellos se encontraban a salvo con sus familiares.

Un total de 43 desaparecieron. No se encontró rastro de ellos. Sus familiares estaban desesperados. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, reaccionó diciendo que había dado instrucciones a la policía para que no atacara a los estudiantes. De éstos últimos, dijo que pretendían atacar a los invitados al evento que presidiría su esposa, María de los Ángeles Pineda. A partir de ese momento, el manto de impunidad comenzó a agigantarse. Aún hoy, el tejido de silencio cómplice, se sigue ensanchando.

Una búsqueda incesante

Después de una incesante búsqueda, el sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Los análisis forenses determinaron que los cuerpos no correspondían a ninguno de los normalistas desaparecidos. Se desconoce a quién pertenecen los despojos.

El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en el ataque. Confesaron su participación. Estaban bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos.

El 9 de octubre del 2014, se descubrieron otras 4 fosas con ocho cadáveres en total, en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos.

Nuevos interrogatorios revelaron que las víctimas fueron entregadas a la policía de Cocula y esta fuerza, a su vez, los puso a disposición de miembros del cártel de los Guerreros Unidos. Sus líderes dieron la orden de acabar con sus vidas. Lo hicieron bajo el convencimiento de que algunos de ellos eran infiltrados del cartel de Los Rojos.

La Procuraduría General de la República confirmó el día 7 de noviembre de 2014, que existen indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los desaparecidos. Días después, negaron la validez de esta información.

Crimen de lesa humanidad

El asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad. Pese a la gravedad del hecho, no hay mayores avances aun cuando desde el 27 27 de enero de 2015, la Procuraduría General de la República atribuyó los hechos al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

Los padres de familia y acudientes de las víctimas han rechazado por todos los medios posibles, las diferentes versiones y han reclamado respuestas concretas a los múltiples interrogantes que les asaltan.

La absolución de Gilberto López Astudillo y otros de los implicados, constituyen para ellos una bofetada y la legitimación de la impunidad en un caso que estremeció al mundo entero.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido al paso de las críticas tras señalar que las investigaciones prosiguen.

Sin embargo, con el devenir del tiempo, lo que podrían ser pistas concretas se diluyen y la posibilidad de encontrar la verdad, parece lejana. De hecho, uno de los eslabones de esta desaparición, Benjamín Mondragón, líder de Guerreros Unidos, fue encontrado con un disparo en lo que pretendía ser un suicidio, el 14 de octubre de 2014, en el municipio de Jiutepec en el estado de Morelos. Otros de sus inmediatos colaboradores también han muerto misteriosamente.

“No puedo hacerme a la idea de que jamás volveré a ver a mi hijo. Todavía sigo esperándolo.”, dijo a Carmen Aristegui, en CNN, Sonia López, madre de uno de los desaparecidos. Los familiares de todos, comparten su ansiedad que se acrecienta cada día más. Para ellos, los 43 estudiantes no han muerto y siguen gritando en la distancia, con la esperanza de que su voz sea escuchada…

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