El primer ciclo de la violencia colombiano ocurrió en los años 50 del siglo XX y dejó casi medio millón de muertos; el segundo se inició a mediados de los años 60, se trató de la guerra contrainsurgente y la resistencia agraria guerrillera que se intentó cerrar con un Acuerdo parcial de paz entre un sector de las Farc y el gobierno del señor Juan Manuel Santos; esa guerra dejo 9 millones de desplazados y 7 millones de hectáreas despojadas a millones de campesinos, víctimas de la matanza de los paramilitares aliados con el Ejército y los otros aparatos armados de los gobiernos de Uribe Vélez y de Santos.
Hoy, asistimos a un nuevo ciclo violento que ayer se cobró la vida de 23 personas en Arauca y tres más en una masacre ocurrida en Jamundí. Al terminar el 2021 se contabilizaron 102 masacres y 180 líderes sociales asesinados.
Este nuevo ciclo violento no creo que sea consecuencia de no haberse implementado el Acuerdo Santos-Timochenko. Ese Pacto en realidad fue una salida perversa al conflicto social y armado, pues los factores centrales que lo alimentaron durante más de 50 años no se resolvieron adecuadamente.
No se hizo la reforma agraria democrática y la concentración de la propiedad rural siguió intacta. El tema agrario incluido en los Acuerdos fue más bien la estrategia desarrollista del BID para afianzar el capitalismo rural.
La reforma política para democratizar el Estado fue muy limitada, con una visión puramente electoral, para entregar una curules al tiempo que se mantenían los elementos duros de la exclusión y la acción violenta contra los movimientos sociales, como claramente se puedo observar en las movilizaciones populares ocurridas desde el 2019, donde predominó la masacre, la tortura y la desaparición de los líderes sociales.
El pomposo modelo para resolver el problema de las drogas resulto un fracaso descomunal pues desconoció el lado del consumo en las sociedades del norte del planeta.
Lo específico de la actual coyuntura son las manifestaciones regionales de la violencia y la acción agraria para demandar soluciones consistentes a los graves problemas que golpean a las comunidades campesinas y aquellas que están ubicadas en las fronteras.
La guerra de hoy mantiene su naturaleza contrainsurgente como consecuencia de la influencia de las doctrinas del Pentágono que son ejecutadas por los militares colombianos.
En el caso de Arauca y el Catatumbo, estamos delante de un nuevo modelo de guerra hibrida en la que se articulan de manera simultánea elementos mediáticos, psicológicos, económicos, sociales y, por supuesto, políticos, para imponer los intereses de las grandes corporaciones y del Estado gringo.
El tercer ciclo de la violencia colombiana está en pleno desarrollo con escenarios muy agudos como los del Cauca, Nariño, Sur de Bolívar, Sur del Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Catatumbo y Arauco.
Seguramente será un ciclo violento largo frente al cual los diálogos y negociaciones son un elemento que poco será considerado dada la mala experiencia de la Mesa de paz de la Habana.
La superación de esta nueva violencia seguramente será el resultado de las acciones concretas de los gobiernos que en el futuro adelanten por iniciativa propia las transformaciones que eliminen las causas de la guerra.
