En el año 2022, una mayoría de colombianos eligió a Gustavo Petro como presidente de Colombia, cansada de más de cien años de gobiernos de derecha y de la incapacidad histórica para resolver los problemas crónicos del país. La esperanza era que, al menos, se iniciaran los cambios de fondo que requiere una sociedad profundamente atrasada, desigual, insegura y violenta. Sin embargo, la realidad ha sido otra.
Este gobierno ha reproducido muchos de los males de administraciones anteriores: escándalos de corrupción, deterioro de la seguridad, persistencia de la violencia y dificultades en materia de empleo. A ello se suma un ambiente político marcado por discursos de odio y una polarización cada vez más profunda entre izquierda y derecha.
Es claro que la mayoría de ciudadanos que votaron por Petro no lo hicieron por convicción ideológica, sino con la expectativa de que solucionara los problemas estructurales del país. Lo mismo ocurre cuando se vota por candidatos de derecha: la gente no vota por la ideología, sino por la promesa de resolver sus necesidades. Con el paso de los años, unos y otros han fallado en cumplir ese propósito.
La realidad es que la mayoría de la población no distingue con claridad qué es la izquierda o la derecha. Ese conocimiento suele estar restringido a sectores con mayor formación académica, a militantes políticos o a élites intelectuales. El pueblo vota movido por la esperanza, no por doctrinas. Esperanza que, una y otra vez, termina frustrada.
Petro, desde una postura ideológica claramente de izquierda, ha utilizado la presidencia para profundizar la confrontación política, especialmente con quienes no comparten su visión. Se ha enfrascado incluso en un enfrentamiento personal con el presidente estadounidense Donald Trump, un líder impredecible, rencoroso y vengativo, que respalda gobiernos afines a su ultraderecha y confronta abiertamente a quienes piensan distinto. En ese contexto, Petro ha tomado decisiones más guiadas por su ideología que por una evaluación pragmática del beneficio para la mayoría de los colombianos, aun sabiendo que algunas de ellas pueden generar graves consecuencias económicas, diplomáticas y sociales para el país.
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Muchos presidentes, tanto de izquierda como de derecha, no utilizan el poder para responder a las demandas reales de quienes los eligieron, sino para favorecer intereses de su grupo político, económico o ideológico. Peor aún, convierten la presidencia en una tribuna para imponer una visión del mundo, incluso cuando ello implica costos elevados para la nación.
Esta realidad debería servir como guía para los votantes al momento de elegir: más que ideologías, deberían evaluarse las personas, su capacidad de gestión, su sentido de Estado y su compromiso con el interés general. La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué una parte importante de los colombianos insiste en votar por proyectos de derecha radical o de izquierda radical, si la experiencia demuestra que no solucionan los problemas, sino que con frecuencia los agravan?
Es un interrogante que merece un análisis profundo por parte de sociólogos y politólogos. Por ahora, lo único claro es que, mientras sigamos eligiendo gobiernos desde la polarización ideológica y no desde la razón, la ética pública y la capacidad de gestión, Colombia difícilmente podrá iniciar los cambios estructurales que necesita para superar su atraso, su desigualdad y su histórica frustración social.
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