Cruzar la frontera para las poblaciones afrocolombianas que habitan en los territorios ribereños del Pacífico sur fronterizos con Ecuador, no es un acontecimiento nuevo. Históricamente los procesos de movilidad han estado vinculados en relaciones de intercambio comercial y redes de parentescos entre las poblaciones afrodescendientes de ambos lados de la frontera. En este sentido, los flujos migratorios han sido tradicionalmente viajes de ida y vuelta, pero en la actualidad este panorama ha cambiado considerablemente por la presencia de grupos armados (guerrillas y paramilitares); grupos armados que al disputarse los territorios fronterizos con fines al cultivo y procesamiento de la coca, han generado una situación de vulnerabilidad y constantes riesgos de desplazamientos forzados para las comunidades que habitan en la zona. En estas situaciones la migración ha dejado de ser para las comunidades afrocolombianas una decisión voluntaria, convirtiéndose en una decisión forzada. De acuerdo con la ACNUR, un promedio de 400 personas al mes ha cruzado la frontera entre Colombia y Ecuador en el 2016; en el 2015 el promedio fue de 600. Sin embargo, fue la década de los 90 hasta el 2004 donde se registró el mayor número afrocolombianos solicitantes de refugio en Ecuador, con un promedio de 1300 y 1400 personas al mes.
Analizar los efectos de la migración forzada transfronteriza en el contexto del conflicto armado implica comprender a cabalidad los sentidos y significados que le atribuyen las personas afrocolombianas a sus territorios ancestrales. Los efectos de la violación a los derechos humanos, desplazamientos forzado, perdida de tierras y la búsqueda de lugares de refugio transitorio o de asentamiento en más de 50 años de conflicto armado, han suscitado procesos de desarticulación del tejido social/comunitario y territorial en gran parte de las comunidades afrocolombianas. Convirtiendo la espacialidad de sus territorios en testigos físicos de la guerra y el destierro. En el actual proceso de paz, estos territorios se convierten en un desafío, un nuevo ciclo para transitar hacia nuevas posibilidades de reconstruir los vínculos de las personas con sus lugares.
La espacialidad de los ríos que conectan la frontera colombo-ecuatoriana significo a los descendientes de la diáspora africana en Colombia construir mundos de vidas en los que sus culturas, identidades y conocimientos están arraigados a las formas de concebir el entorno natural. La espacialidad de los asentamientos y los esteros (canales de comunicación entre caseríos cercanos) evidencia, por una parte, las estrategias de adaptación ecológica que estas personas construyen en su día a día, quienes dependen de los recursos de manglares y ríos para su sustento y, por otra, es la representación de la sobrevivencia al habitar en territorios que históricamente han permanecido en los márgenes tanto en el plano simbólico-imaginario como en el terreno fáctico institucional del Estado colombiano.
Desde los inicios tempranos de la sociedad colonial-esclavista el imaginario de los territorios ribereños del Pacifico colombiano, que hoy son frontera con Ecuador, fue construido a partir de estereotipos racializados que vincularon la profundidad de las selvas y manglares con la corporalidad de las personas afrodescendientes, recreando imaginarios de territorios “inhóspitos” y “salvajes” habitados por culturas “distintas” y “atrasadas” no merecedoras de un status similar a la de los centros “blancos” del país. Esta racialización de los territorios y de las culturas afrocolombianas lejos de superarse se fue complejizando y profundizando. Hoy, la sociedad blanca/mestiza, reconoce a los lugares ribereños del Pacifico como “territorios de negros”; dicho reconocimiento está acompañado de un discurso que justifica y reproduce ideológicamente la situación de discriminación estructural que prevalece hasta ahora; tal como lo puso de manifiesto el ex diputado antioqueño Rodrigo Mesa, quien aseguro en pleno debate en la Asamblea de Antioquia que “la plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume a un bollo”, en el fondo estas palabras oscilan entre el exterminio y la transformación forzada de los territorios afrocolombianos en una frontera racial en la que el color de la piel justifica las exclusiones y desigualdades.
La simultaneidad entre los ríos y la frontera como espacio de movimiento y estabilidad, desarraigo y permanencias, describe complejas trayectorias de historicidades construidas y disputadas, sitios de movilidad resultantes de procesos de territorialización entre las personas y sus espacios. En estos contextos las comunidades han experimentado diferentes modos de desplazamientos forzados. El primer desplazamiento forzado es originado por la ausencia del Estado y políticas públicas destinadas al mejoramiento de la infraestructura de sus asentamientos ribereños considerando las particularidades del medio social y natural de la región. En las temporadas de inundaciones, que son constantes, al ser una zona de lluviosidad intensa, los ríos se desbordan, arrasando con las viviendas de palofitos, cultivos de pan y especies menores, situación que obliga a las personas a abandonar sus casas y cambiar los puntos geográficos de sus habitas. Es común escuchar en las comunidades decir “vengo de un lugar que se lo llevó el río” para hacer referencia a la continua movilidad en la búsqueda de nuevas tierras para habitar. En la parte baja del río Mira, caseríos como San Jacinto y Pichangal han desaparecido ante la mirada insolente de los diferentes gobiernos nacionales, departamentales y municipales que poco se han ocupado del problema de la vivienda en zonas ribereñas. Los mínimos esfuerzos institucionales en la región con el apoyo de organismos internacionales se han limitado a construir algunas escuelas rudimentarias que por lo general llegan hasta quinto de primaria y precarios puestos de salud. En temporadas de elecciones los políticos proporcionan a las familias unas cuantas laminas metálicas o bultos de cemento para cambiar el techo y paredes de las casas.
A inicios de los 90, al mismo tiempo que las personas y familias se desplazan por la inestabilidad morfológica de sus hábitats, la presencia de grupos armados en la zona, generó nuevas dinámicas de desplazamientos, ahora un desplazamiento forzado transfronterizo producido por los constantes enfrentamientos armados entre guerrillas y paramilitares. De esta manera, la frontera que fue principalmente interétnica, identitaria y comercial, ha estado signada por las dinámicas de la violencia armada. La guerra entre guerrillas y paramilitares en la región obligo al desplazamiento forzado de poblados enteros que hoy ya no existen. La Barca, uno de los principales asentamientos fundado por antiguos esclavos negros que huían de las haciendas minero-esclavistas a mediados del siglo XVII, y que para 1994, registraba una cifra poblacional de 165 familias afrocolombianas, desapareció por completo. Hoy, sólo quedan los restos de unos cuantos palafitos sembrados sobre las orillas del río, que hablan de una memoria colectiva que se niega a desparecer. En otros caseríos fronterizos como el Congal y el Guabal el número de familias se ha reducido notablemente.
Recorrer las memorias del conflicto armado sin dejar de lado las históricas condiciones de abandono estatal que complejizan aún más los desafíos de reparación a las víctimas y posibilidades de reconstruir el tejido social, comunitario y territorial en las comunidades afrocolombianas, posibilitará, especialmente para las nuevas generaciones, construir una memoria de sus lugares. Acercarse al pasado desde un modo distinto, abrirá las puertas a nuevas sensaciones y emociones en reconstruir lugares en los que están sembrados las raíces de sus historias e identidades y en los que se pueden forjar nuevas experiencias de vida, sin los temores y recuerdos de la guerra.
En territorios que históricamente han permanecido al margen del desarrollo del país y en los que los efectos de la guerra en muchas ocasiones han quedado silenciadas e invisibilidades, asumir los desafíos de la paz, es la oportunidad para enfrentar y visibilizar el problema de la discriminación y exclusiones; así como de exigir la garantía del retorno, devolución y restitución de los territorios afrocolombianos, acompañados de una agenda de desarrollo rural que incentive la producción de las economías locales en el campo.
