Academia exige una reglamentación efectiva de la #LeyComidaChatarra

Un prestigioso grupo de académicos exige reglamentar la llamada #LeyComidaChatarra con participación de la sociedad civil organizada y la academia misma

Por: FIAN Colombia
diciembre 03, 2021
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Academia exige una reglamentación efectiva de la #LeyComidaChatarra
Foto: Pixabay

La Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, que agrupa a académicos de distintas regiones del país, exige reglamentar la llamada #LeyComidaChatarra con participación de la sociedad civil organizada y la academia.

En Colombia se aprobó la Ley 2120 del 30 de julio de 2021, "por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones".

Esta ley establece, entre otras medidas, un etiquetado frontal de advertencia para todos los productos comestibles o bebibles que de acuerdo a su nivel de procesamiento presenten una cantidad excesiva de nutrientes críticos que hacen daño a la salud: “La academia y la sociedad civil organizada celebramos este paso, pues desestimula el consumo de este tipo de productos, que se han asociado a alta carga de malnutrición: sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas tan devastadoras como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares”, indicó la Red en un pronunciamiento.

Los académicos también lamentaron que durante el proceso de promulgación de la Ley 2120, la presión de actores con intereses económicos particulares condujo a que se perdieran artículos fundamentales referentes a la regulación de la promoción, el patrocinio y la publicidad de productos comestibles ultraprocesados, además de la restricción de declaraciones nutricionales y de salud de productos comestibles ultraprocesados.

A su vez, la Red denunció que el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, está implementando la Resolución 810 del 16 junio de 2021 -la cual tiene una jerarquía legal inferior a la Ley 2120- lo que genera “confusión con la promulgación de la Ley, lo que ha sido aprovechado por la industria. Se trata de una reglamentación que está hecha para no afectar sus intereses económicos, a costa del bien común y de la salud pública de la población”.

Según los académicos dicha Resolución, que establece que el etiquetado de advertencia debe basarse “en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses”, presenta como forma del sello de advertencia un círculo, el cual “no es la forma que mejor entienden los colombianos de acuerdo con la evidencia disponible.

Adicionalmente establece que el etiquetado de advertencia debe ser “de fácil identificación y comprensión para los consumidores” y el sello circular puede crear una confusión obvia, por ser la forma utilizada para representar control de calidad como un sello positivo”.

No siendo suficiente, la Resolución 810 “permite el uso de declaraciones nutricionales y de salud en productos con sello de advertencia y permite la promoción, publicidad y patrocinio de estos productos”. Además, la Resolución 810 en su artículo 33, propone un sello positivo para productos ultraprocesados que pueden contener aditivos cosméticos como saborizantes y colorantes, entre otros.

“Teniendo en cuenta el Artículo 14 de la Ley 2120 en el cual se establece que la misma deroga las normas que le sean contrarias a la Ley, consideramos imperativo que con la participación de la academia y la sociedad civil organizada, se derogue la Resolución 810  y se lidere la construcción de una nueva Resolución, que efectivamente reglamente la ley con base en la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés y donde prime el bien común que favorezca la salud pública y el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas de la población”, exigió la Red.

Finalmente, los académicos señalaron que “es urgente informar a la opinión pública el riesgo que representan la Resolución 810 de 2021, así como denunciar la captura que la industria y las corporaciones han hecho del Ministerio de Salud y Protección Social, poniéndolo al servicio de sus intereses económicos”.

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