El sonido de las puertas de acero cerrándose sobre miles de seres humanos en El Salvador ha cruzado fronteras, mares y cordilleras para convertirse en la banda sonora de la campaña electoral de algunos políticos en Colombia este 2026. Mientras en San Salvador se celebra la aprobación de la cadena perpetua para menores de edad como un trofeo de guerra, en Colombia, sectores sedientos de orden a cualquier precio aplauden un modelo que intercambia libertades fundamentales por una sensación estadística de seguridad. Por ello, la pregunta no es si el modelo de Bukele funciona allá, sino si Colombia está dispuesta a suicidarse democráticamente para intentarlo aquí.
La política interna de El Salvador se ha transformado en un punto de la carrera por la Casa de Nariño, sirviendo como el cimiento ideológico de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Sin embargo, su pretensión de importar este formato es una irresponsabilidad política y técnica. Basar la seguridad nacional de 53 millones de colombianos en la receta de un país de 6.4 millones no solo ignora las abismales diferencias estructurales, sino que propone un populismo punitivo que amenaza con desmantelar el Estado de Derecho.
Como candidato, Abelardo ha convertido su plataforma en una sucursal del modelo salvadoreño con consignas como: “a los bandidos no se les ofrecen flores, se les ofrecen cárceles de máxima seguridad donde el sol sea un recuerdo”. Con esta retórica, busca el aplauso fácil de quienes están dispuestos a sacrificar los derechos humanos. Al insistir en que Colombia necesita un "Bukele" al que no le tiemble la mano, De la Espriella utiliza la política exterior como una herramienta de manipulación electoral, vendiendo la ilusión de que un conflicto de décadas con ejércitos irregulares se resuelve con el carácter de un solo hombre.
Este 2026, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores de 18 años, un punto de quiebre ético que la campaña de De la Espriella abraza sin reparos. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han advertido que estas medidas vulneran los derechos más básicos de la niñez y no atacan las causas raíz de la violencia. En la misma línea, la CIDH ha señalado que el encarcelamiento masivo de adolescentes es una claudicación del Estado. En Colombia, donde los menores son víctimas constantes de reclutamiento forzado, aplicar esta doctrina sería condenar a la víctima y no al victimario.
Más allá de la logística, el modelo salvadoreño representa un riesgo mortal para la memoria histórica de Colombia: la detención sin pruebas. Importar un sistema que suspende el debido proceso es abrirle la puerta a una nueva era de 'falsos positivos' judiciales. Como advierten expertos constitucionalistas, "una justicia que no necesita pruebas no es justicia, es persecución". No se puede pacificar un país complejo con las tácticas de una nación que cabe seis veces en nuestro territorio.
Colombia se encuentra ante una encrucijada donde no se puede comprar seguridad al precio de la civilización. El modelo salvadoreño es una invitación a retroceder a épocas donde el Estado confundía la autoridad con la barbarie. La verdadera seguridad no debe nacer del fetiche de una megacárcel, sino de un Estado capaz de ejercer la autoridad sin convertirse en el mismo monstruo que jura combatir.
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