A veinte años de la creación del Banco Agrario

En 1999, tras el declive y liquidación de la Caja Agraria, se anunció el nacimiento de esta entidad. Una breve reseña de su historia

Por: José Alfonso Valbuena Leguízamo
septiembre 09, 2019
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A veinte años de la creación del Banco Agrario
Foto: Facebook @bancoagrario

Durante setenta años la Caja Agraria se convirtió en una entidad con profundo arraigo en los territorios, siendo el mayor intermediador financiero del campo con 16.500 empleados y 864 oficinas en casi la mitad de los municipios del país. Tras el declive financiero de esta entidad en la década de los ochenta, de la mano de su liquidación, en 1999 se anunció el nacimiento del Banco Agrario de Colombia S.A., entidad financiera con régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura, y parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.

La Caja de Crédito Agrario se había creado mediante Ley 57 de 1931 con el objeto de hacer operaciones de crédito a los agricultores del país, con un capital autorizado de $ 10.000.000, dividido en cien mil acciones de $100 cada una. El capital de la caja se suscribió en la siguiente forma: por el gobierno nacional $2.500.000, por los bancos comerciales e hipotecarios $1.000.000, por la Federación Nacional de Cafeteros $400.000) y el resto por particulares accionistas de la sociedad.

En 1999 una investigación de la Contraloría General de la República liderada por Carlos Ossa Escobar concluyó que más del 70% de los grandes deudores morosos de la caja eran personas no relacionadas con el campo y el 30% eran grandes agricultores y ganaderos. Los resultados encontrados fueron más allá de identificar que los verdaderos morosos no eran los pequeños productores; también se dedujo que la responsabilidad de la crisis de la entidad eran los malos manejos administrativos; la corrupción de políticos, gerentes y directivos; y no precisamente la acción de los sindicatos o de la guerrilla como se quería justificar.

Actualmente el objeto social del Banco incorpora que no menos del 70% de su saldo de cartera debe estar dirigido a la financiación de actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. La composición accionaria está principalmente en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (99,99%) y una mínima participación de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y Corabastos S.A.

Con 784 oficinas en 754 municipios y un nuevo decreto de reestructuración, el Banco Agrario, único estatal del país, espera utilidades por más de $300 mil millones para este año;  sin embargo, no ha sido inmune a las críticas por prácticas similares a las que llevaron a la Caja Agraria a su hundimiento. Respecto al objeto social, por ejemplo, se ha dicho que viene desfigurándose en razón a que mientras establece todo tipo de trabas para otorgar crédito campesino, incidiendo en que solo tres de cada diez pequeños productores puedan acceder a crédito, por otro lado se estén aprobando préstamos para obras de infraestructura como en el sonado caso en el cual la Procuraduría sancionó a 11 directivos y miembros de la junta directiva del Banco por la concesión de un crédito irregular de $120.000 millones de pesos al consorcio de Navelena, conformado mayoritariamente por Odebrecht.

Pero las críticas hacia el Banco Agrario se han presentado también por irregularidades sobre la salida de funcionarios que han denunciado actos de corrupción,  sumadas a fraudes bancarios en varias de sus oficinas. Eso no es todo, hace dos años la Contraloría General de la República estableció un detrimento patrimonial de $8.995 millones por las irregularidades que se dieron en la adecuación y remodelación del edificio de la Dirección General del Banco Agrario.

Ojalá que las viejas prácticas no lleven a justificar la privatización del banco y que, por el contrario, la entidad cumpla con sus funciones sustantivas, sobre todo en beneficio de los pequeños productores del campo colombiano. El actual presidente del banco ya habla de vender una parte de la participación accionaria al capital privado, con la excusa de “mejorar el gobierno corporativo”.

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