¿A quién le conviene que Aída Merlano se quede en Venezuela?

"La ilegitimidad de Iván Duque ya no es un discurso antiuribista. Es una declaración ahora proveniente de quien fuera en ese momento una ficha de toda su confianza"

Por: Campo Elías Galindo Alvarez
febrero 20, 2020
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¿A quién le conviene que Aída Merlano se quede en Venezuela?

Aída Merlano no ha sido, ni es hoy una mansa paloma. Desde muy joven le pareció normal la compra de cédulas y de votos que hacían sus protectores. Ella también fue beneficiaria de todas esas fechorías: diputada, representante a la cámara, senadora y cotejada con lujosos regalos. Pero cometió un error imperdonable: quiso independizarse de poderosos con tendencias mafiosas como la Char-Gerlein. Eso no se puede, Aída. Tú no puedes salirte campante de una mafia como quien se va de una fiesta; no puedes llevarte sus secretos, sus informaciones y mucho menos sus votos. ¡Ingenua!

En este escándalo tan colombiano, hay un drama humano, un remedo de proceso judicial y una batalla política. La parte humana, más allá de sentimentalismos, es desgarradora; tiene todos los ingredientes de un Macondo que abarca la costa Caribe, la capital del país y hoy se extiende a la República Bolivariana. Solo le falta un buen novelista que sea capaz desde la literatura de rendir homenaje a la contradictoria condición humana, a la mujer, a la maternidad, a la ambición, al sufrimiento de la injusticia en carne propia.

Lo menos trascendente de todo este entramado es lo judicial. Dé cuenta de lo que está declarando la Merlano, ningún Char, ningún Gerlein, ningún Vargas Lleras ni Néstor Humberto pisará la cárcel un solo día. Ahora, porque lo dice desde Venezuela, y antes, porque estaba en la bendita Colombia, prisionera del Estado, pero al mismo tiempo de sus mismos enemigos de la mafia costeña con quienes cayó en desgracia. Aída se quedará en el país vecino. Más fácil, irán para allá los terroristas que intentaron dar muerte a Maduro y viven aquí a todas sus anchas.

El campo de batalla en que se están jugando fuertes intereses es el político. Así lo decidió sin calcular las consecuencias el gobierno de Duque cuando pidió la extradición de la prófuga a un presidente de papel, autoproclamado, que solo recibe insultos cuando sale en público. La solicitud a Guaidó de esa extradición, es una genuflexión más del presidente colombiano al de Estados Unidos, un acto de lealtad que espera su recompensa. Lo que ahora se le reclama a Duque es que, ante la incapacidad del títere de allá para concederla, el Estado de aquí rompa relaciones con el inepto.

Como Duque ha convertido su política internacional en un juego de fantasías, debe responder entonces qué hará si a don Guaidó se le ocurre pedirle en extradición a algún venezolano radicado en Colombia. Esa política es un hazmerreir, pero logra el objetivo de mantener impunes a las mafias de la Costa Caribe que tanto han contribuido a elegir los últimos residentes de la Casa de Nariño. Suena extraño, pero a los corruptos que Merlano anda denunciando, les volvió el alma al cuerpo cuando se supo su captura en Venezuela, con quien no hay relaciones diplomáticas. Duque, a su vez no lo dudó dos veces y con gran sentido de la oportunidad, pidió la extradición al presidente de papel. La clase política de esta manera logró blindarse judicialmente, pero a cambio, empezó a recibir un chaparrón de denuncias que desbordan ampliamente lo electoral y tienen claros ribetes criminales.

El problema para el presidente Duque, no son tanto las denuncias graves que están llegando del otro lado de la frontera. Los escándalos en Colombia son cotidianos y todos les resbalan a los corruptos. El problema es el momento, signado por la arruinada popularidad del presidente, el anuncio de la continuidad de su “paquetazo” y con él, la de las movilizaciones nacionales que iniciaron el pasado noviembre. Muy pocas veces, quizá desde las épocas de Julio César Turbay y más adelante de Ernesto Samper, un gobierno había alcanzado niveles de rechazo y de ilegitimidad tan altos.

Aída Merlano está aseverando y ofreciendo pruebas de muchos delitos, pero de todo lo dicho, lo más grave, porque apunta a la médula del régimen político, es que miles de millones de pesos se hubieran invertido para comprarle votos al entonces candidato y actual presidente de la República. La ilegitimidad del mandato de Duque ya no es, desde que la exsenadora lo señaló, un discurso de la izquierda o de la oposición antiuribista para desprestigiar a un presidente. Es una declaración de algo ya sabido, pero ahora proveniente de la propia entraña de la clase política, de quien fuera en ese momento una ficha de toda su confianza. Esta es la razón para que la Fiscalía colombiana se niegue a investigar lo denunciado y para que los implicados se cubran con improperios a la acusadora.

La figura y las declaraciones de Aída Merlano gravitarán sobre el gobierno de Duque hasta agosto de 2022. No es una novedad en Colombia, pero ese mandato está viciado de ilegitimidad desde su mismo origen; proviene del quebrantamiento de normas éticas, legales y constitucionales. Nadie sabe hoy en este país, quién fue el ganador legítimo de la segunda vuelta presidencial celebrada en junio de 2018. Las estrategias de los implicados para minimizar el daño político son inciertas, pero serán también delictivas; las mismas que se usaron para sacar del paso, condenar, fugar de la cárcel y luego secuestrar a su excompañera de andanzas.

El mes pasado, antes de las declaraciones públicas de Merlano, la ONG Transparencia Internacional, en un estudio de percepción, ubicó a Colombia como el país más corrupto entre 73 que fueron seleccionados. La corrupción en nuestro país es estructural; hace parte sustancial del régimen político y se desarrolla al amparo de unas oligarquías arraigadas regionalmente que desde hace 210 años consideran al Estado como un botín y en tal condición se lo reparten cada vez que programan competencias electorales.

En 2018 los partidos políticos de esas oligarquías regionales se unificaron para poner a Duque en la presidencia. Lo que hoy sabemos es que esa empresa tuvo altos costos económicos pagados con dineros “privados”, pero previamente expropiados vía contratos al erario público. Es una práctica ya establecida en Colombia que se repite desde tiempos inmemoriales, solo que se visibiliza cada vez mejor, desde que empezó a conformarse un sector de la opinión pública nacional que busca espantar los fantasmas de la violencia y lidiar con la pandemia de la corrupción. Empezamos a sentir que estamos bajo una “mafiocracia”, capaz de dictarle cátedra a las más temibles asociaciones para delinquir.

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