El domingo 28 de noviembre, Honduras celebra sus elecciones presidenciales parlamentarias y municipales en la que los sondeos dan como ganadora a Xiomara Castro, del Partido Libres, respaldada por una gran unión opositora que se concretó a finales del mes de octubre.
Luego del golpe militar a Mel Zelaya en 2009, Honduras ha vivido un espejismo de “democracia”. El gobierno interino lo asumió el derechista Partido Nacional (PN) en cabeza de Micheletti, luego eligieron a Porfirio Lobo y desde entonces, el actual presidente, Juan Orlando Hernández, se hizo con la secretaría del partido, con la presidencia del senado, desde donde se perfiló para la presidencia.
En medio de denuncias de fraude llegó a la presidencia en 2014, haciéndose reelegir en 2107, en unos comicios que la propia Misión de Observación Electoral de la OEA calificó como carentes de transparencia. La movilización popular fue de grandes proporciones y a su vez la represión que cobró la vida de cerca de 40 manifestantes. Hoy ese miedo al fraude, a la represión, se respira en las calles del país centroamericano, donde las ventanas de los negocios de Tegucigalpa han sido selladas con madera, los funcionarios públicos han recibido la orden de trabajar desde casa y la oposición, que aunque confía en el triunfo, no deja de incomodarse por el recuerdo de los anteriores comicios que la empuja a salir a los calles en caso de que esta vez se vuelva a repetir el fraude.
Pesa en el ambiente electoral que el hermano del actual presidente, Juan Antonio, Tony, Hernández, esté condenado por narcotráfico en los Estados Unidos desde 2019, y el mismo presidente esté siendo acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de “colaborar con el tráfico de cocaina a Estados Unidos”. El candidato del partido de gobierno, Nasry Absura Zablá, que en la propaganda electoral llaman “papi, a la orden”, alcalde de Tegucigalpa, tampoco es ajeno a las investigaciones, pues estuvo incurso en un proceso por corrupción, que concluyó aceleradamente, sin convencer a la opinión pública de su inocencia.
Colombia ha estado muy presente en esta historia. El expresidente Uribe donó una planta para agrocombustible de palma aceitera en 2009 al gobierno de Honduras, en cabeza de Zelaya, mientras que en Colombia era cuestionado por el avance de la plantación de la mano de estructuras paramilitares, como se demostró en el caso del Curvaradó, en el departamento de Chocó. También se conocieron denuncias públicas de presencia de paramilitares colombianos en Honduras cuidando las plantaciones palmeras e interviniendo en el golpe de estado contra Zelaya, perpetrado ese mismo año.
Tras el fraude electoral de 2017, quienes encabezaron la represión a los manifestantes para sostener a Juan Orlando Hernández fueron las Tropas de Investigación y Grupo de Respuesta, TIGRES, cuerpo especial de policía militarizada que fue instruido en Colombia por los Comandos Jungla, tal como lo documentó a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad del país, una coalición de organizaciones encabezadas por el Movimiento por el Cierre de la Escuela de las Américas. También desde Colombia se exporta la formación de policías que mediante el Plan de Acción Estados Unidos Colombia para la Seguridad Regional (USCAP) interviene, junto a los Estados Unidos, en el país centroamericano.
Parece una constante que donde hay apoyo militar o presencia paramilitar colombiana prosperan los negocios del país, donde Colombia es el segundo inversor mayoritario, después de los Estados Unidos. Por ejemplo, el suministro de la energía eléctrica está en manos de la Empresa Energía Honduras, propiedad de William Vélez Sierra, dueño, a su vez, del Grupo Ethuss, empresario que se conoce públicamente como quien posicionó en la política al expresidente Uribe. Esta empresa, desde agosto del presente año, fue intervenida por cobrar más de lo debido a los usuarios sin mejorar el servicio.
En la última semana, la defensa internacional del oficialismo y los ataques a la oposición, estuvo a cargo de otro colombiano, el expresidente cercano al uribismo, Andrés Pastrana, quien afirmó en el programa de televisión Frente a Frente que la candidata Xiomara Castro hace parte del Foro de Sao Paulo, del que según él, hacen parte también “el ELN, las Farc, y el narcotráfico de Venezuela”. La suerte no estuvo con Pastrana, al ser desmentido en vivo por un dirigente del partido Libre, quien le recordó, además, que recientemente, los hermanos Rodríguez Orejuela, miembros del cartel de Cali presos por narcotráfico en los Estados Unidos, le enviaron carta a la Comisión de la Verdad, diciendo que habían financiado su campaña cuando llegó a la presidencia.
Varias imágenes de Colombia se reflejan en este espejo electoral hondureño: fundadas denuncias de campañas financiadas por el narcotráfico, investigaciones al presidente por autoridades estadounidenses, campañas de desprestigio por parte de la derecha, en cabeza, esta vez del expresidente Andrés Pastrana; miedo por un pasado reciente de fraude electoral y quizás la más significativa, es la lección dada por la oposición, que a última hora selló el acuerdo que unió a cinco partidos.
En todo caso pesa tanto en Honduras como en Colombia la realidad de una maquinaria de corrupción electoral que hace que la carrera a la presidencia sea desigual a sí los sondeos muestren el favoritismo de la oposición.
