Sea quien sea el próximo presidente de Colombia va a recibir una herencia envenenada de Gustavo Petro. En frentes estratégicos como la salud, la economía, el orden público y la lucha contra el narcotráfico hoy Colombia está mucho peor que hace cuatro años.
Cuando asumió Petro, el sistema de salud era, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, uno de los mejores de América Latina, con cubrimiento casi universal Ciertamente tenía problemas de financiación.
Esos problemas no surgieron porque unos empresarios privados se lo hubieran robado, aunque no se puede negar que ha habido corrupción, sino porque la clase política colombiana, de la forma más irresponsable, convenció a los colombianos de que el sistema de salud debía cubrir a todo el mundo y todas las enfermedades.
Eso no lo ofrece ningún sistema de salud del mundo. Por eso no hay plata que alcance y el gobierno de turno, de forma recurrente, tiene que inyectarle recursos al sistema para financiarlo.
Pero esos problemas financieros no afectaban a la población. Los colombianos, sin distingo de estrato económico, eran atendidos en los mejores hospitales y recibían cumplidamente sus medicamentos.
Este gobierno agudizó el desfinanciamiento crónico del sistema, retrasando los pagos que debía hacerles a las EPS y negándose a incrementar de una forma justa la Unidad Por Capitación, es decir, el dinero que el Estado reconoce a las EPS por cada paciente que atienden.
Resultado: Ese sistema de salud que atendía cumplidamente a la población colapsó y hoy la gente debe invertir una importante de sus recursos en medicinas y en tratamientos médicos.
Las más perjudicadas son, por supuesto, las personas de escasos recursos que no tienen como pagar la medicina prepagada que sí se costean los privilegiados que tienen buenos ingresos. Mejor dicho, el pueblo que Petro dice defender es el jodido con el colapso de la salud.
El mayor fracaso de este gobierno plagado de fracasos es la denominada paz total. Petro, con su mentalidad mesiánica, creyó que iba a resolver en unos meses el conflicto armado que desangra a este país hace más de medio siglo. Incluso se comprometió a desmovilizar al ELN en tres meses.
Sin ninguna verificación y sin ninguna metodología, el presidente resolvió abrir mesas de diálogo simultáneamente con el ELN, con las disidencias de las Farc, con el Clan del Golfo y hasta con las bandas criminales que actúan en las ciudades.
Y de forma simultánea ordenó a la Fuerza Pública cesar todas sus acciones contra esas organizaciones.
Semejante generosidad no fue aprovechada por esos bandidos para avanzar en la búsqueda de la paz, sino para crecer y armarse hasta los dientes. Consecuencia: Hoy tenemos alrededor de 40.000 hombres alzados en armas y más de 300 municipios controlados por esas organizaciones.
Mejor dicho, Petro dejó a el país con más delincuentes en armas que cuando existían las Farc. Con un agravante adicional, cuando las Farc constituían la gran amenaza, al menos eran un ejército organizado cuyos integrantes acataban lo que ordenaban sus mandos. Hoy, en cambio, hay un sinfín de organizaciones que se disputan el control territorial a sangre y fuego que no son controladas por nadie.
En el 2021, antes de que nos cayera este desastre, en Colombia había 204.000 hectáreas sembradas con narcocultivos. Hoy son más de 300.000 hectáreas, o sea una tercera parte más.
Este crecimiento brutal es consecuencia directa de la decisión de Petro de acabar con cualquier tipo de erradicación que no fuera la sustitución voluntaria, que es como la paz total de la lucha contra el narcotráfico.
Por la sencilla razón de que muy pocos campesinos se animan a dejar de forma voluntaria sus cultivos. Primero porque es difícil conseguir un cultivo lícito igual de rentable, y segundo por la presión de los grupos ilegales. En el Catatumbo, Nariño y muchas zonas del país el valiente campesino que decide no cultivar más la hoja de coca, es asesinado sin contemplaciones.
En materia económica, el próximo gobernante recibirá un país literalmente en quiebra
El déficit fiscal es el mayor de la historia. El 2025 cerró con un déficit del 6,4 % lo que equivale a unos 117 billones de pesos.
Eso suena como un problema macroeconómico lejano para los colombianos. Pero no es así: el déficit fiscal es simplemente la diferencia entre lo que el gobierno recauda y lo que gasta. Y así como una persona que gasta más de lo que gana tarde o temprano se quiebra, al Estado le ocurre algo semejante
En este gobierno esa diferencia ha crecido significativamente porque el gasto ha aumentado de forma desbordada, mientras los ingresos han disminuido. Y no ha gastado en cosas productivas como salud, educación e infraestructura sino en politiquería barata e improductiva.
Por ejemplo, otorgó 600.000 contratos de prestación de servicios, los famosos PS. En cristiano significa que creó 600.000 puestos de trabajo improductivos pero que tienen una gran rentabilidad política. Cuando fue alcalde de Bogotá, Petro ya había hecho algo similar.
Y de forma simultánea, marchitó a Ecopetrol la principal fuente de ingresos del Estado colombiano, después de los impuestos. En 2022 esa empresa tuvo utilidades por 36 billones de pesos, mientras que el año pasado las ganancias apenas llegaron a $9 billones. No más por ese lado, el hueco para las finanzas públicas fue de $27 billones.
Y la deuda no para de crecer, porque el Gobierno en lugar de acometer un plan serio de recorte del gasto y de aumento de los ingresos, se ha dedicado a hacer maromas para conseguir plata. Como las emergencias económicas que ha sacado del cubilete y como pagar intereses del 14% por los bonos de deuda pública.
Como dije al principio, el pobre vida mía que asuma la presidencia el próximo 7 de agosto va a recibir un país destruido. Y más que un político se va a requerir un mago para solucionar tantos problemas y tan apremiantes al mismo tiempo.
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