La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a cuatro funcionarios de la Alcaldía de Cali por el presunto incumplimiento de una sentencia de tutela relacionada con el reasentamiento de la comunidad étnica de Playa Renaciente; la tutela fue interpuesta en un periodo distinto a esta administración.
El secretario de Gestión del Riesgo, Breayner Ricardo Peñuela Munevar; la secretaria de Vivienda Social y Hábitat, María del Mar Mozo Muriel; el subsecretario de Manejo de Desastres, Nicolás Suárez Vallejo; y el director del Departamento Administrativo de Planeación, Diego Andrés Giraldo Arboleda son los funcionarios a quienes acoge la medida. Para la Procuraduría, habrían omitido acciones para cumplir la orden judicial que buscaba proteger la vida y la integridad de la comunidad asentada en una zona de riesgo.
Señaló que la permanencia de los funcionarios en sus cargos podría incidir en la continuidad de las conductas investigadas, por lo que ordenó la suspensión provisional hasta por tres meses, mientras se adelanta el proceso disciplinario. La suspensión temporal de los cuatro miembros abre una pregunta incómoda para la ciudad: ¿qué está pasando con los procesos de control disciplinario en Cali?
Se trata de un episodio que rápidamente fue amplificado en redes sociales como un supuesto escándalo de corrupción —nada que ver con la decisión de la Procuraduría—, el cual se convierte en una oportunidad para aprovechar el crecimiento de la sistemática información falsa que se realiza contra el gobierno local, aun cuando el proceso apenas inicia y no existen decisiones de fondo. Pero no es un caso aislado. Todo parece enmarcarse en lo que podría interpretarse como una estrategia política que busca generar inestabilidad institucional.
A esto se suma la circulación constante de información imprecisa —o abiertamente falsa— en redes sociales, que amplifica la percepción de crisis, instala falsos escándalos y erosiona la confianza ciudadana, propósito evidente en los constantes mensajes en medios digitales que en muchos casos no identifican personas responsables de crear estos contenidos. A este panorama se suma lo ocurrido el año pasado con el director de la Uaesp, Diego Hau, quien estuvo suspendido durante 52 días, apartado de sus funciones en un momento clave para la ciudad: el cierre de año, la definición presupuestal y la realización de la Feria de Cali.
La medida, inicialmente por tres meses, fue anulada el 4 de febrero de 2026 por la Procuraduría, que concluyó que no existían riesgos para las finanzas públicas ni afectaciones a los recursos. Es decir, después de casi dos meses, la máxima autoridad disciplinaria del país determinó que no había mérito suficiente para mantener la sanción. Hau lidera la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, una dependencia estratégica encargada de garantizar la recolección de residuos, el alumbrado público y la calidad del agua.
Otros casos fueron el de Gustavo Orozco, entonces secretario de Movilidad, fue suspendido provisionalmente el 30 de octubre de 2025 por la Personería, en medio de cuestionamientos por actuaciones durante una incapacidad médica. La medida fue revocada 21 días después. Felipe Montoya, hoy vicepresidente de Metrocali, también fue suspendido cuando se desempeñaba como secretario de Deporte, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la ciclovía de 2024. Aunque continúa en funciones, su situación jurídica sigue abierta.
A estos casos se suma el de Roger Mina, gerente de Emcali, suspendido provisionalmente por la Procuraduría; ya está nuevamente en su cargo, junto a José David Insuasti, en el marco de un proceso por contratación del sistema de alumbrado público. El resultado es contundente y deja serias dudas: Cali acumuló cerca de 150 días de ausencia de altos funcionarios en posiciones clave, días que aumentarán con estas nuevas suspensiones. Una cifra de suspendidos que no tiene antecedentes en el panorama de la gestión pública en Colombia y que no solo refleja tiempos administrativos, sino impactos reales en la gestión local y, en consecuencia, en la vida de los ciudadanos.
En este contexto, las decisiones de los organismos de control —necesarias en cualquier democracia— quedan bajo escrutinio. No por su existencia, sino por su consistencia, sus tiempos y sus efectos. Porque cuando medidas provisionales terminan siendo revertidas, cuando las investigaciones no logran demostrar los riesgos anunciados y cuando las suspensiones afectan de manera reiterada a los mismos niveles del gobierno local, surge una duda legítima: ¿Se está protegiendo el interés público o se está afectando la capacidad de gobernar?
¿Se trata de actuaciones rigurosas o de decisiones apresuradas? ¿Hay coincidencias o hay una estrategia? ¿Existe una o varias manos invisibles interesadas en desestabilizar la gestión del equipo del gabinete? Un funcionario que pidió no ser identificado sostiene que se trata de “una cacería de brujas” que busca negar cualquier acción positiva del gobierno Eder. Las respuestas aún no son claras. Pero, mientras tanto, la administración de Cali enfrenta un escenario complejo: gobernar en medio de la intermitencia de su propio gabinete. Y la pregunta queda en el aire, cada vez con más fuerza: ¿Quién —o qué intereses— va por el gabinete de Eder?
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