El sistema de pesos y contrapesos evita que un servidor público, una agencia o una de las ramas del poder concentre para sí un poder excesivo. Ese mismo esquema garantiza que, cuando sobre un mismo aspecto existen intereses diversos, todos reciban la debida atención, sin opacar ni desaparecer a los demás. Por esa vía, además, los ciudadanos quedamos protegidos frente a los abusos.
En un momento en que los tambores anuncian la intención de modificar múltiples aspectos de la Constitución Política de Colombia, es oportuno asegurarnos de identificar dónde están esos equilibrios, para que, si llega el momento, sepamos defenderlos.
Precisamente, uno de esos grandes logros, de la Constitución de 1991, fue la consagración de la independencia del Banco de la República. Ese paso, y todo lo bueno que ha traído, constituye un patrimonio de los colombianos.
Desde mucho antes, con la misión Kemmerer de 1923, ya se reconocía la trascendencia de una entidad de esta naturaleza. Sin embargo, dadas las limitaciones de la época, no se adoptó un modelo constitucional y se optó por la creación de la Junta Monetaria, con el propósito de asegurar los objetivos propios de una política monetaria sana.
En su momento, esa Junta fue delegataria directa de funciones del Congreso de la República. Con ello se hacía evidente que ni siquiera el legislativo debía concentrar la dirección de la política monetaria del país. Mucho menos el ejecutivo. Así comenzó el camino hacia una institución técnica, autónoma, desligada de intereses políticos y orientada al largo plazo. Y ha funcionado. No podemos retroceder en ese frente.
Posteriormente, en 1991, la Constitución reconoció que el Banco de la República no debía pertenecer a ninguna de las ramas del poder público y lo elevó a la categoría de órgano independiente, con el mandato de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda.
En efecto, su objetivo principal es la estabilidad de precios, es decir, el control de la inflación.
Debería ser evidente para todos que, para alcanzar esa estabilidad, es indispensable evitar que las decisiones monetarias se adopten con motivaciones electorales o para financiar el gasto público. Ese camino es profundamente dañino.
Para lograr esa independencia técnica, tan valiosa para todos, pero especialmente para quienes menos tienen, el Banco debe concentrarse en controlar la inflación. No es razonable exigirle que diluya ese objetivo con otros propósitos. En esa confusión nos iría muy mal. La consecución de otros fines económicos corresponde al Presidente y al Congreso, no al Banco.
Dentro de sus instrumentos, el Banco cuenta con la facultad de emitir moneda, administrar las reservas internacionales, regular el crédito y definir los términos de intercambio con otras divisas. Todas estas funciones deben mantenerse exclusivamente en su ámbito y orientarse únicamente al cumplimiento de su mandato.
Por ello, para evitar la tentación de utilizarlo como una imprenta de billetes o forzarlo a financiar irresponsablemente el gasto público, la Constitución prohíbe que el Banco otorgue créditos al Gobierno, salvo en circunstancias excepcionales y con la aprobación unánime de su junta. Menos mal es así. Sobran ejemplos, en nuestro continente y más allá, del desastre que implica financiar el gasto con emisión: hiperinflación, pérdida de competitividad y empobrecimiento generalizado.
Por mi parte, sigo profundamente agradecido por lo que hemos recibido del Banco de la República. Es, sin duda, una de las instituciones que, con sus funciones actuales, garantiza que el Estado opere como debe ser.
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