Cuando apenas se comienzan a conocer los detalles recónditos, los artículos, los parágrafos y los demás incisos menores del acuerdo firmado entre las partes, quiere decir, la Mesa Minera del Bajo Cauca y el gobierno nacional; el mismo que permitió levantar el enésimo paro minero que esta vez tuvo una duración de 12 días, se comienzan a conocer las diferencias que algunos observadores anticipan que antes de que el gallo cante tres veces, los veremos otra vez levantados en contra de lo allí firmado.
Es una paradoja completa, es la noria con todas sus letras, dijo un observador que desde hace tiempos le sigue la pista a esta controversia que parece de nunca acabar. Es que el problema minero en la región del Bajo Cauca siempre estará unido a elementos que no corren por cuenta de sus protagonistas. Por ejemplo: el precio internacional del oro que no para de romper récords desde 2019, sumado a la pérdida de la delegación minera de Antioquia que obliga a que cualquier trámite en la región dependa del Gobierno Nacional y la presencia de los grupos armados que manejan la actividad con maquinarias que arrasan a su paso centenares de hectáreas de bosques y afluentes naturales.
Estudios serios acerca de lo que sucede alrededor de la extracción del oro en esa región, señalan que un porcentaje que oscila entre el 65 y el 85% se origina en la minería ilegal, es decir, aquella que se hace sin título o contratos de exploración y explotación y que además no cumplen con normas ambientales y de seguridad en el trabajo, ni contribuyen al fisco nacional como se debe. A reglón seguido dice un estudio que dentro de esta categoría puede haber gente “normal” o que no hacen parte de bandas; pero la gran mayoría de esta actividad la hace o está bajo el control de grupos o bandas criminales con una cercanía a otras actividades como el mismo narcotráfico.
Hoy por hoy, la minería pasa por un momento que algunos llaman como de “gold rush” o “fiebre del oro” dados los altos precios del mineral, pero además porque nuestro país cuenta con zonas con un potencial aurífero grande como lo son el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca; así como sucede en los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño, que son además zonas con altos índices de pobreza y mano de obra disponible para lo que sea, que son reclutadas y prácticamente “esclavizadas” por estos mismos grupos.
Al consultar una fuente muy cercana a esa actividad, le pedimos su opinión acerca de cómo califica la situación por la que hoy atraviesa la zona, y esto fue lo que nos declaró: “Muy delicada porque siempre se llega al mismo punto y se forma una especie de nudo difícil de desatar. Se trata de un gremio minero que aparentemente lucha de manera individual por sus derechos, termina con la negativa del gobierno de no autorizar el uso de retroexcavadoras y dragones, lo cual hace que los violentos, patrocinados y pagados por los que ordenan el paro minero, porque no es un secreto de que sin el apoyo económico de los dueños de estos equipos, esos paros no tendrían futuro.
Otra cosa y es que de nuevo el gobierno se ampara en la ley 685 que es el Código Minero, que no contempla estás máquinas como equipo de minería y los mineros nunca han hecho las protestas para modificar dicha norma y vemos que ya se pasaron 4 años del gobierno de Petro y no le dio la gana de cambiarlo y mientras esto no suceda no habrá ningún punto de encuentro porque el funcionario que lo autorice así sea el presidente estará prevaricando y esto es un delito por reconocer lo que la norma no ampara.
La fuente consultada agregó que en el mismo sentido está el tema de la quema de la maquinaria ya que esta obedece al acuerdo 235 de la Comunidad Andina de Naciones, organismo del cual Colombia hace parte, al tratarse de una norma supra constitucional, que en principio debió haber sido avalada por el congreso y no se llevó a ratificar en esas altas instancias.
Dicha norma describe más o menos ocho aspectos en los que se autorizan para controlar la minería ilegal, pero el país solo adoptó la quema de la maquinaria, esto es todo ilegal pues no tiene reconocimiento del congreso y hay otras acciones menos drásticas como la incautación y la utilización de estos equipos en obras de desarrollo regional y finalmente está lucha que tiene años donde se trabaja al filo de la navaja.
Si a lo anterior le agregamos que el Estado, a sabiendas que la actividad es ilegal, pero cuando ha querido la ha consentido sin molestar y sin quemar, lo que da origen al principio de la confianza legítima, que es que cuando yo cometo una ilegalidad pero el Estado lo permite, ya no me puede obligar a no realizarla porque por años la he desarrollado con el beneplácito de ese Estado y, lo más grave, la explotación con estas máquinas es ilegal pero el oro que sacan y que venden es legal y su producción sería a mayor escala si hubiera más control en varios aspectos como la adecuación de las áreas degradadas para obtener la licencia ambiental.
Al no tener estudios geológicos que determinen la riqueza de las tierras, los mineros de vuelven pasajeros un mes en un sitio, lo vuelven nada, recogen su entable y se van otro mes para otra parte y así hasta que acaban con el país. Estos son los aspectos que deben ser objeto de pliegos de condiciones ante el gobierno nacional y ante las autoridades ambientales, concluyó la fuente.
Tanto a las entidades del Gobierno como a los gremios mineros, la noticia que con timbales y platillos se dio a conocer dos años atrás, calificada como una de las formas que permitiría desatar el nudo del que hemos hablado en párrafos anteriores. La noticia, fechada el 18 de octubre del año de gracia del 2024, fue redactada en los siguientes términos: “El día de ayer, jueves 17 de octubre, se llevó a cabo en Caucasia la firma de la resolución mediante la cual el Ministerio de Minas y Energía delimita el “Distrito Agrominero y Pesquero de la subregión del Bajo Cauca antioqueño”, lo que representa un hito en materia de planificación y formalización minera, diversificación productiva y rehabilitación ecológica en el país.
Este logro ha sido posible gracias a un año de trabajo conjunto entre el Ministerio, las comunidades locales y la participación de más de 22 entidades gubernamentales. Se han llevado a cabo 40 Mesas Interinstitucionales y 44 jornadas de diálogo social en los municipios de Cáceres, Nechí, Tarazá, Zaragoza, El Bagre y Caucasia, con el fin de construir un proceso de planificación que incluya la formalización minera, la protección de los ecosistemas y la promoción de la economía local. El Distrito Agrominero y Pesquero, cuya delimitación se firmó en Caucasia, tiene como objetivo no solo fortalecer la formalización minera, sino también fomentar el diálogo social con todas las comunidades involucradas: mineras, pesqueras, agrícolas, étnicas, campesinas y defensoras de los derechos humanos. El proceso se desarrolló con total transparencia, abriendo un espacio de participación ciudadana para que los actores locales contribuyan a trazar el camino hacia un desarrollo sostenible.
Todo ello se quedó en la letra, en promesas de cumbiambera, porque hasta el sol de hoy se trató de vísperas de todo y días de nada. Y no sobra hacer la pregunta de siempre. Una pregunta cargada de ingenuidad: ¿Alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de un político, de cualquier sector o matiz, de los mismos que recogieron votos para llegar a sus curules el pasado 8 de marzo, en contra o a favor de la actividad minera en medio de este movimiento, cuyas pérdidas todavía no han sido cuantificadas?
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