El ministro del Interior, Armando Benedetti, oriundo de la capital del Atlántico, dejó de ser un rumor y se convirtió en protagonista del tablero político local. En una reunión con dirigentes del Pacto Histórico el 14 de marzo, y luego en declaraciones a medios como Infobae y Caracol Radio, admitió abiertamente: “Yo tengo ganas. Si ustedes me apoyan. Porque aquí todo está muy monopolizado”. Se refería a su posible candidatura a la Alcaldía de Barranquilla en las elecciones regionales de octubre de 2027, tras terminar el gobierno de Gustavo Petro. Elogió la gestión de Alejandro Char —“Yo soy muy amigo de Alejandro Char y creo que las cosas él las ha hecho muy bien”— pero insistió en que “llegó el momento de que esta ciudad de verdad tenga otro talante nacional, que sea cosmopolita, que sea líder en el Caribe”.
La aspiración de Benedetti no surge en el vacío. Detrás de ella opera una red de aliados políticos, empresariales y locales que ha construido durante más de 20 años, entre cargos públicos, campañas electorales y relaciones de negocios. Estas conexiones ilustran un patrón recurrente en la política costeña: el uso de influencias para consolidar apoyo territorial. No se trata de especulaciones, sino de hechos documentados en investigaciones periodísticas, declaraciones públicas y procesos judiciales en curso.
El núcleo de esta estructura es el clan Torres, con epicentro en Puerto Colombia. Euclides Torres, empresario conocido como “zar del alumbrado público” en Atlántico y Santander, es amigo personal de Benedetti desde hace dos décadas. Asistió al bautizo de la hija de Benedetti, Francesca, en 2019, y en 2014 impulsó su candidatura al Senado junto a su hijo Efraín Torres, quien resultó elegido representante a la Cámara por Bogotá. Euclides también respaldó en 2019 la aspiración de Rubén Torrado al Concejo de Bogotá. Según reportes de La Silla Vacía, la familia ha sido beneficiaria de contratación pública en el gobierno Petro y financió eventos clave como la “gran P” de Petro en Barranquilla.
Camilo Torres Villalba, sobrino de Euclides e hijo de la exalcaldesa Martha Villalba (quien en 2009 otorgó concesiones de alumbrado a firmas ligadas al clan), fue elegido senador en 2026 con aval liberal y alto respaldo en Atlántico. Su esposa, Karina Llanos, ocupa curul en la Asamblea departamental. La familia controla históricamente la Alcaldía de Puerto Colombia y mantiene una combinación de poder político y empresarial que data de 2001, cuando Euclides fue alcalde y Martha Villalba le sucedió. Estos lazos no son nuevos: en 2018, Martha Villalba fue fórmula de Benedetti al Congreso.
Otro pilar es Bernardo ‘el Cura’ Hoyos, exalcalde de Barranquilla (1992-1994 y 1998-2000), condenado por corrupción en la adquisición del edificio del Banco de la República (hoy sede de la Alcaldía). Cumple casa por cárcel en el barrio Rebolo, pero mantiene movilidad y actividad política. Durante sus periodos otorgó contratos a contratistas como Euclides Torres, facilitando su consolidación regional. En 2025, el precandidato presidencial Iván Cepeda lo visitó en El Rincón Latino buscando respaldo, lo que confirma su vigencia en círculos del Pacto Histórico.
En el plano electoral inmediato, Benedetti cuenta con el respaldo orgánico del Pacto Histórico en Atlántico. El movimiento creció casi un 90 % en votos respecto a hace cuatro años, según datos citados por el propio ministro. Figuras como los representantes electos Jaime Santamaría y Andrea Vargas, el concejal Antonio Bohórquez (cercano a Petro y con caudal propio tras dos aspiraciones fallidas) y el líder juvenil Juan Maza, de la Universidad del Atlántico, conforman la base local. Estos apoyos son clave en una ciudad donde la Casa Char domina desde 2007.
Pero la red también incluye conexiones empresariales que han generado escrutinio público. El caso más reciente involucra al empresario Ricardo Leyva, representante de Ave Fénix Entretenimiento S.A.S. Leyva cedió a Benedetti el contrato de leasing de una mansión de lujo de 700 metros cuadrados en Puerto Colombia, propiedad que antes perteneció al empresario venezolano Alex Saab. Semanas después, en octubre de 2025, la firma de Leyva obtuvo un contrato directo (sin licitación) por 7.968 millones de pesos con RTVC para organizar el evento “Concierto en el país de la belleza” durante la Cumbre de la CELAC en Santa Marta. La Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar para determinar si existió un “trueque” de favores, y la Corte Suprema de Justicia allanó propiedades relacionadas con Benedetti en noviembre de 2025 en una investigación por posible enriquecimiento ilícito. Tanto Benedetti como Leyva han defendido la legalidad de las transacciones.
Adicionalmente, en marzo de 2025 el entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, publicó un chat de WhatsApp donde Benedetti recomendaba nombres para cargos en la DIAN: Nancy Patricia Holguín como directora en Barranquilla, Alejandro Gutiérrez Casas como director de Impuestos en la misma ciudad y Mario Olea Vega para Aduanas en Cartagena. Reyes rechazó la solicitud argumentando instrucciones directas de Petro contra el clientelismo y denunció presiones similares de otros aliados. Benedetti calificó las afirmaciones de “mentira” y anunció acciones legales.
En el terreno presupuestal, el Ministerio del Interior bajo Benedetti priorizó recursos antes de la Ley de Garantías (vigente desde noviembre de 2025). Según La Silla Vacía, se firmaron 83 convenios por 480 mil millones de pesos a través del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon). Atlántico recibió 65 mil millones: 44 mil millones para la Gobernación de Eduardo Verano y el resto para municipios como Baranoa, Repelón, Ponedera y Campo de la Cruz. Analistas han señalado que estas inversiones coinciden con regiones de aliados políticos y con la propia aspiración de Benedetti a la Alcaldía.
Estas redes no son exclusivas de Benedetti; reflejan el clientelismo estructural que ha marcado la política en Barranquilla y el Atlántico por décadas. La Casa Char lo ha practicado con éxito desde 2007; el petrismo, ahora en ascenso, busca replicar o desafiar ese modelo con sus propios operadores. Benedetti, con más de dos décadas en el juego, sabe que sin estos soportes —políticos locales, empresarios con contratos estatales y figuras controvertidas pero influyentes— ninguna aspiración prospera en una ciudad donde el voto se construye con obras, empleos y lealtades territoriales.
Queda por ver si el ministro logrará articular esta estructura sin que las investigaciones en curso (Fiscalía, Corte Suprema) limiten su viabilidad. Por ahora, el mensaje es claro: en Barranquilla, como en muchas alcaldías del país, detrás de cada aspirante hay una red de socios de peso. El debate no es si existen, sino cómo operan y qué impacto tienen en la democracia local.
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