La estabilidad de una democracia no depende exclusivamente de sus normas, sino de la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones encargadas de aplicarlas. Cuando esa confianza se erosiona de manera sistemática desde el poder, el riesgo deja de ser coyuntural y adquiere un carácter estructural. En Colombia, la persistente descalificación del sistema electoral por parte del Ejecutivo —con énfasis en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral— configura un escenario que trasciende la crítica política y se aproxima a una estrategia de debilitamiento institucional.
El problema no radica en la existencia de cuestionamientos, propios de cualquier democracia, sino en su reiteración, su amplitud y su dirección. La narrativa de desconfianza no se limita al sistema electoral; se extiende a las altas cortes, al Congreso de la República y a los organismos de control. Este patrón configura un proceso progresivo de erosión de la legitimidad institucional que, en caso de consolidarse, puede generar las condiciones para desconocer resultados adversos o, en su defecto, justificar reformas de alcance estructural.
La experiencia latinoamericana demuestra que estos procesos no son espontáneos. En distintos países, la deslegitimación previa de las instituciones ha servido como antesala de transformaciones profundas en el equilibrio de poderes. La construcción de una narrativa de crisis institucional suele preceder la introducción de cambios que alteran las reglas del sistema democrático. En ese sentido, el riesgo no es abstracto: consiste en la posibilidad de que el debilitamiento de los órganos de control y del sistema electoral derive en una reconfiguración del poder político.
Dentro de este contexto, cobra relevancia un elemento adicional que, aunque accesorio en apariencia, tiene implicaciones estratégicas: la percepción de influencia política sobre las Fuerzas Militares y Policía. En los últimos días, sus operaciones se han intensificado, lo que demuestra que existe capacidad operativa para enfrentar amenazas complejas. Sin embargo, esta realidad también pone en evidencia que durante periodos anteriores no se actuó con igual contundencia, generando un déficit histórico en la respuesta frente a fenómenos como el narcotráfico.
Este punto exige una precisión fundamental: el componente militar, por sí solo, no garantiza resultados sostenibles. La lucha contra economías ilícitas requiere un enfoque integral que articule intervención social, políticas de prevención, atención a juventudes, salud pública y coordinación interinstitucional. Sin esta combinación, cualquier avance operativo tiende a ser transitorio.
A su vez, distintos gremios de oficiales, suboficiales y miembros en retiro, entre ellos ACORE, han insistido en la necesidad de preservar la neutralidad institucional y evitar cualquier forma de politización. Estas advertencias no pueden ser desestimadas, ya que provienen de sectores con conocimiento directo de la estructura y funcionamiento de la Fuerza Pública. Su preocupación se centra en la preservación del carácter no deliberante y en la necesidad de mantener la cohesión interna en un entorno político cada vez más polarizado.
En este punto, la discusión adquiere una dimensión particularmente sensible. No resulta menor que desde el Ejecutivo se haya planteado la participación de soldados como testigos electorales, propuesta que introduce un elemento de tensión entre la función constitucional de la Fuerza Pública y el desarrollo del proceso democrático. Esta iniciativa permite comprender con mayor claridad las preocupaciones sobre una eventual permeabilidad institucional, en la medida en que vincula, aunque sea de manera indirecta, la estructura militar con la dinámica electoral.
El conjunto de estos factores no puede analizarse de manera fragmentada. La desacreditación del sistema electoral, la presión sobre las instituciones, las señales ambiguas frente a la Fuerza Pública y la introducción de elementos que conectan lo militar con lo electoral configuran un escenario que exige una lectura estructural.
Colombia enfrenta, por tanto, un momento de definición. La fortaleza de su democracia dependerá de la capacidad de sus instituciones para mantener su independencia, de la responsabilidad del liderazgo político para no erosionarlas y de la vigilancia activa de la ciudadanía. Sin embargo, cuando la deslegitimación institucional se convierte en un discurso persistente, surge un riesgo adicional que no puede ser ignorado: la posibilidad de que, bajo la premisa de corregir un sistema cuestionado, se impulse una transformación constitucional ajustada a intereses coyunturales.
No se trata de una hipótesis lejana. La historia reciente del continente muestra que las reformas constitucionales promovidas en contextos de desconfianza institucional suelen derivar en concentraciones de poder y en la redefinición de los equilibrios democráticos. En ese escenario, la Constitución deja de ser un pacto colectivo para convertirse en un instrumento funcional a un proyecto político específico.
Por ello, la advertencia debe formularse con claridad. La erosión de la legitimidad electoral y la presión sobre las instituciones no solo afectan el presente, sino que pueden abrir la puerta a transformaciones de largo alcance. Y es precisamente en ese punto donde la experiencia latinoamericana ofrece una lección contundente: cuando las reglas del sistema se modifican desde el poder, bajo un clima de desconfianza previamente construido, los efectos trascienden a quienes los impulsan y terminan comprometiendo la estabilidad democrática en su conjunto.
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