La triunfadora del pasado domingo fue la senadora Paloma Valencia, cuya votación resultó superior a la sumatoria de todos los otros aspirantes de la Gran Consulta por Colombia. Su presencia enriquece y diversifica las alternativas en la carrera presidencial liberando a los electores de la escogencia forzada, que puede resultar fatal, entre representantes de la extrema izquierda y de la derecha recalcitrante.
A diferencia de quienes se mueven en los extremos Paloma tiene las condiciones para materializar una convergencia triunfadora del centro izquierda y el centro derecha. Ello dependerá de su habilidad para abrir espacios, atraer y comprometer, dándole juego a sus compañeros de consulta entre quienes se cuentan algunos de los ciudadanos más comprometidos de Colombia.
Pero no se puede mirar con igual optimismo el resultado de las elecciones de Congreso. El perfil de la mayoría de candidatos y la pobreza de sus propuestas durante la campaña, hacen temer que el legislativo no tendrá la transformación deseada, continuará tomado por los mismos intereses y mañas.
Lo anterior se deduce de datos como los publicados por la Fundación Pares la semana anterior, los cuales señalan que al parlamento estarían llegando decenas de personajes con pasado cuestionable. Tal es el caso de algunos congresistas salpicados por las corruptelas de la Unidad de Gestión del riesgo (UNGRD), quienes aún no han sido sentenciados debido a la parsimonia la sala de instrucción de la Corte Suprema.
Aparte de hacer leyes sensatas, una de las principales funciones del Congreso es servir de talanquera a las conductas ilícitas protagonizadas por el presidente y los altos empleados de la República. Se trata de una tarea que la Comisión de Acusación de la Cámara se pasó por la faja o ignoró, lo que parece estar relacionado con vínculos entre integrantes del organismo y servidores del actual gobierno. Hablamos de una actitud a la que asoman los posibles delitos de prevaricato por omisión y denegación de justicia, y sobre los cuales hay denuncias andando.
Lo cierto es que una Comisión de Acusación vigilante y diligente habría podido cambiar el rumbo de este buque mal herido que es Colombia. Una nave que ha logrado seguir a flote a pesar de que su propio comandante persiste en estrellarla contra arrecifes e icebergs; a pesar de cargar una Procuraduría impávida frente a la participación en política de importantes funcionarios; a pesar de una Contraloría General indiferente ante la quiebra premeditada de Ecopetrol y una Fiscalía paquidérmica, especialmente lenta en lo relacionado con allegados al Presidente y algunos funcionarios del régimen.
Se rompió el sistema de pesos y contrapesos previsto y se dio libertad absoluta al presidente
Otra sería la suerte de Colombia si los responsables de aquellas dependencias sintieran la presencia de un organismo investigador de origen popular, que llevase cuenta de su desempeño. Tal fue lo previsto por la Constitución de 1991 al establecer la Comisión de Acusación; tal fue lo que no se cumplió en este período constitucional ya fuera por desidia, intereses cruzados o cualquier otra motivación presente en el ánimo de sus integrantes. En esencia se rompió el sistema de pesos y contrapesos previsto y se dio libertad absoluta a presidente, altos dignatarios para actuar a sus anchas. El camino más expedito para acabar con la democracia.
El caso de Petro es diciente: no obstante las exoneraciones que le han favorecido, todavía tiene vivas cerca de doscientas indagaciones. Las calumnias e injurias repetidas contra sus contradictores, los múltiples intentos de transgredir la separación de poderes, el empeño por arruinar el sistema electoral, el marchitamiento del sistema de salud y la muerte de innumerables pacientes, son apenas algunas de sus conductas merecedoras de escrutinio, pero como van las cosas este procedimiento jamás se materializará.
La buena noticia es que nueve de los catorce miembros del actual organismo investigador no continuarán en sus cargos. Esta circunstancia facilita la posibilidad de recomponerlo, hacer que lleguen caras nuevas y se renueve el compromiso con la ética pública llamado a inspirar esa entidad. El cometido que no es fácil, será una prueba de fuego sobre la fidelidad a los grandes intereses de Colombia por parte del nuevo Congreso.
Pueda ser que la Cámara de Representantes pague así la antigua deuda que tiene con el país y escoja una Comisión de Acusación independiente, ajena a las sombra de complicidad; integrada por personas de carácter, inmunes a la lógica burocrática partidista y guiadas por la voluntad de hacer prevalecer el Estado de Derecho, la democracia y la justicia.
Del mismo autor: Marco Rubio en Múnich: lo que dijo y lo que calló
Anuncios.
