Muchos recordamos una entrevista donde el presidente Gustavo Petro, en conversación con la revista Cambio en cabeza de Daniel Coronell, mencionaba una de las frases más contundentes de su gobierno: "Si yo quisiera acabar el modelo de salud de las EPS… dejo que pase lo que está pasando y entonces, chu, chu, chu, eso es un dominó". No se advertía en ese momento que no era ningún juego de mesa; era una apuesta política por cambiar el modelo de atención en salud de los colombianos, era una aplanadora que en el periodo de gobierno agudizó los problemas del Sistema General de Seguridad en Salud (SGSSS).
La Ley 100 de 1993 estableció un sistema mixto que combina empresas privadas y públicas para el aseguramiento y la prestación de servicios de salud; también consignó que la salud de los colombianos debía ser considerada un servicio público, lo cual cambió con la aparición de la Ley 1751 de 2015. En ese entonces empezamos a hablar de la salud como un derecho fundamental, un derecho autónomo e irrenunciable, el cual debe ser garantizado por el Estado. Con el espíritu de esa ley, nuestro sistema de salud nació y ha ido madurando a través del tiempo.
Durante tres años y medio de gobierno hemos escuchado que las EPS tercerizan la salud, es decir, dejan en manos de algunas empresas el manejo de los recursos de salud de los colombianos. Para 2025, el gobierno colombiano, a través de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), intervino a tres aseguradores del régimen contributivo (Sanitas, Famisanar, Nueva EPS) y seis del régimen subsidiado (Savia Salud, Asmet Salud, S.O.S., Emssanar, Capresoca, Coosalud). Parecen pocas si se comparan con los gobiernos anteriores, donde las intervenciones y posteriores liquidaciones de EPS en los mandatos Uribe, Santos y Duque no generaban tanta incertidumbre en la población afiliada; salvo dos excepciones, Saludcoop (noviembre 2015) y Medimás (marzo 2022), en ese entonces las EPS no eran un tema de usual conversación entre los colombianos.
Las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) pasaron de ser una herramienta que el Estado colombiano tenía para garantizar el derecho a la salud, a una especie de oprobiosa forma de demostrar que el aseguramiento en salud era un invento neoliberal que debía ser acabado. Se desconoce así que la asignación de un interventor es un punto intermedio entre la vigilancia especial (etapa inicial) que se le impone al asegurador y la liquidación total (etapa final), un procedimiento administrativo que permite al Estado tomar el control de entidades que incumplen ciertos parámetros.
El gobierno colombiano ejerce sus funciones de inspección, vigilancia y control a través de la SNS bajo un modelo de Supervisión Basada en Riesgo (SBR) que permite conocer la viabilidad tanto financiera como funcional de las empresas; los resultados de esa SBR son los utilizados para determinar si una EPS debe ser intervenida o no.
Y solo fue hasta este gobierno que las encargadas del aseguramiento en salud de los colombianos adquirieron tanto protagonismo. Y no fue porque el SGSSS fuera perfecto; todo lo contrario, nuestro sistema tenía y tiene deficiencias estructurales: dilemas éticos acerca de la cobertura, problemas en la financiación, un periodo postpandémico y nuevas tecnologías en salud. Eso sin mencionar el “POS Judicial”, que no es otra cosa que la jurisprudencia que se establece con cada fallo de tutela interpuesto por los afiliados a los que se les vulnera sistemáticamente el derecho a la salud.
Hay una tendencia que preocupa a los expertos en salud y es la forma como el gobierno colombiano está acumulando afiliados en EPS intervenidas de maneras poco ortodoxas. El caso más reciente tiene que ver con el Decreto 0182 de 2026, el cual pretende darle un enfoque territorial y poblacional al aseguramiento. Si bien mejorar la eficiencia no es una mala idea, tal vez no sea el mejor momento para hacerlo dado el punto coyuntural en que se encuentra el sistema colombiano.
Según fue informado por el periodista Ronny Suárez, estimaciones realizadas sugieren que cerca de 6,5 millones de personas podrían ser trasladadas de EPS; la mayoría de ellas, 2,6 millones, a la Nueva EPS, intervenida desde abril de 2024 y con serios cuestionamientos en sus manejos financieros. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) alertó sobre el nuevo decreto: “Puede agravar la crisis del sistema de salud”. Los pacientes con enfermedades de alto costo, crónicas y huérfanas se convierten una vez más en el eslabón más débil de esta cadena que ya es tragedia y que algunos catalogan como humanitaria. Existe, sin duda alguna, un riesgo alto de que sus tratamientos sean interrumpidos.
Por el momento, sectores de la oposición han mencionado que pedirán al Consejo de Estado que abra un incidente de desacato al ministro Jaramillo por omitir la suspensión del Decreto 0885 de 2025 y reproducirlo en esta nueva versión, el Decreto 0182. Mientras tanto, seguirán apareciendo casos mediáticos que son en realidad niños, adultos mayores y gestantes que se juegan la vida mientras el gobierno nacional continúa pensando que su "Chu Chu Chu" es un dominó.
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