En una de las montañas que rodean el occidente de Medellín, 300 trabajadores suben cada mañana por una vía en construcción. Son obreros, ingenieros y operadores de maquinaria pesada que avanzan una obra que promete cambiar el mapa carcelario del país: la primera megacárcel de alta seguridad, inspirada en el modelo que levantó Nayib Bukele en El Salvador y que lo ha hecho tan famoso en el mundo.
El proyecto ya alcanza cerca del 10 % de ejecución. Se construyen plataformas, muros de contención, pilares estructurales y la vía de acceso. La meta es que la megacárcel esté lista a finales de 2027. Tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, todas en condición de sindicadas, es decir, sin condena en firme. La cifra es importante porque en Medellín las estaciones de policía han colapsado y el hacinamiento ha sido señalado durante años como una bomba de tiempo.
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Aunque hoy es el alcalde Federico Gutiérrez quien visita el terreno, explica avances y defiende el modelo, la historia de esta cárcel empezó antes. Fue durante la administración de Daniel Quintero cuando el Concejo aprobó la iniciativa. El contrato se adjudicó en 2023. En marzo de ese año, Quintero anunció una prisión con torres de vigilancia y tecnología para monitorear cada movimiento interno. La comparación con el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, surgió desde entonces.
El diseño toma como referencia ese esquema de control total y segmentación estricta de internos que se implementó en territorio salvadoreño. La cárcel de Medellín tendrá seis pabellones de 250 cupos cada uno y un pabellón adicional destinado a personas mayores o con alguna condición especial. La apuesta incluye sistemas tecnológicos para impedir comunicaciones ilegales desde el interior, en un país donde buena parte de las extorsiones se gestan tras los muros de las prisiones.
Modelo público-privado
La obra se levanta en el corregimiento de San Cristóbal, a once kilómetros del centro de Medellín. Es un territorio de 49,5 kilómetros cuadrados, donde el 97 % es suelo rural. Limita con Bello al norte, con Altavista y San Antonio de Prado al sur, con el perímetro urbano al oriente y con San Sebastián de Palmitas al occidente. Allí, la quebrada La Iguaná atraviesa el paisaje de montaña y recoge aguas de múltiples afluentes. Es una zona que ha servido de contención a la expansión urbana y conserva amplias coberturas boscosas.
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Colombia no es el único país que mira hacia ese modelo de encierro masivo y alta seguridad que copia el sistema de Bukele. Ecuador y Costa Rica también avanzan en la construcción de prisiones con características similares. La región vive una etapa de endurecimiento penal, con gobiernos que prometen control y disciplina frente al crimen organizado.
El costo total del proyecto en Medellín asciende a 675.000 millones de pesos. Se trata de la primera cárcel en Colombia desarrollada bajo el esquema de asociación público-privada. El contrato establece que el Distrito no desembolsará recursos hasta que el centro penitenciario reciba al primer interno. A partir de ese momento, entre 2027 y 2038, se harán pagos anuales que oscilan entre 56.000 y 60.000 millones de pesos, con las actualizaciones correspondientes.
Hace pocos días, la obra alcanzó un punto decisivo: el cierre financiero. El respaldo lo lideró el Grupo Aval, propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, mediante una operación por 215.000 millones de pesos financiada por los bancos de Bogotá y Occidente. En términos simples, el proyecto aseguró los recursos necesarios para seguir adelante sin frenar el ritmo de construcción.
¿Quiénes la construyen?
El ejecutor del contrato es la firma mexicana Promedex, con sede en Ciudad de México. Hace parte del Grupo Empresarial Ángeles, un conglomerado con experiencia en infraestructura hospitalaria y de transporte, cuyo presidente es Olegario Vázquez Aldir, hijo del magnate español Olegario Vázquez Raña, fallecido hace un año, en marzo de 2025. Para Medellín, la participación de esta compañía representa la entrada de un actor internacional con trayectoria en grandes obras.
El modelo prevé un año de preconstrucción y hasta dos años de obra física. Luego vendrán 17 años de operación que incluyen mantenimiento, servicios públicos, alimentación, atención médica y programas de formación para los internos. La vigilancia no quedará en manos del Inpec, sino que se plantea un esquema con personal de custodia bajo regulación de la Superintendencia de Vigilancia, aún pendiente de ajustes normativos.
La Alcaldía de Medellín sostiene que el proyecto ayudará a descongestionar estaciones de policía donde el hacinamiento ha superado el 100 %. También promete acabar con privilegios indebidos y reforzar el control interno. Al mismo tiempo, asegura que se garantizarán los derechos de los reclusos y que habrá espacios para visitas familiares y procesos de reinserción.
En San Cristóbal, mientras tanto, la obra ya empieza a verse sobre la tierra removida. Las bases ya están hechas y los muros se están levantando. Cientos de obreros suben y bajan a diario de la montaña y la meta es llegar a 500 empleos durante el año, pero más allá de eso, convertir a Medellín en un ejemplo de que las cárceles, hasta ahora hechas 100% con dinero público, pueden ser también un buen negocio para los privados.
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