Cada vez que se acercan elecciones en Colombia, se habla de renovación, cambio, nuevas propuestas. Vemos debates, alianzas, consultas, campañas en redes sociales. Pero debajo de esa superficie visible se mueven otras fuerzas menos públicas: redes familiares, clanes políticos, cadenas de favores y compromisos que vienen de tiempo atrás.
No es un secreto. En muchos territorios, antes de que inicie la campaña oficial ya se han hecho reuniones privadas donde se definen apoyos. No todo comienza en la plaza pública; muchas decisiones se toman en espacios cerrados, entre personas que comparten apellidos, trayectorias o viejas lealtades. La política no solo se disputa con ideas, también con estructuras heredadas.
Esto no significa que toda relación política sea corrupción. En nuestra historia, figuras como el gamonal regional o el líder local se han instalado como intermediarios entre comunidades y Estado. El problema aparece cuando esa intermediación se convierte en la regla dominante y limita la competencia abierta. Cuando los cargos públicos se perciben como herencias familiares o extensiones de un clan, la democracia pierde oxígeno.
Muchos ciudadanos lo sienten, aunque no siempre lo expresen en esos términos. Cuando alguien piensa “siempre son los mismos” o “eso ya está arreglado”, no está haciendo solo un comentario de frustración. Está describiendo una pérdida de confianza. Y la confianza es el corazón de cualquier democracia.
Confiar no es ser ingenuo. Es creer que las reglas son iguales para todos, que cualquier persona puede competir en condiciones razonablemente justas, que el voto cuenta más que el apellido. Cuando esa percepción se debilita, la participación se vuelve mecánica o cínica: se vota por costumbre, por presión, por beneficio inmediato o, simplemente, se deja de votar.
En varias regiones del país, lo público y lo privado todavía se mezclan con facilidad
En varias regiones del país, lo público y lo privado todavía se mezclan con facilidad. El empleo público puede verse como favor; el contrato como recompensa; la representación como propiedad. Es una cultura política que no nació ayer y que no se desmonta con una sola reforma electoral. Pero reconocerla es el primer paso para transformarla.
Hoy, en este nuevo ciclo preelectoral, no solo se disputan votos. También se disputan formas de hacer política. La pregunta de fondo no es únicamente quién ganará, sino bajo qué condiciones se compite. ¿Decide el ciudadano libremente o dentro de redes de dependencia laboral, económica o social? ¿Pesan más los programas o las maquinarias?
Si la respuesta inclina demasiado la balanza hacia las estructuras cerradas, la democracia se vacía poco a poco. Pueden haber elecciones, campañas y resultados oficiales, pero la sensación de juego abierto se pierde. Y sin esa sensación, la legitimidad se resquebraja.
El desafío no es sencillo. Implica fortalecer instituciones, exigir transparencia en la financiación, democratizar los partidos, educar políticamente a las nuevas generaciones. Pero, sobre todo, implica reconstruir una cultura donde el poder no se herede como patrimonio familiar entre clanes, sino que se dispute como responsabilidad pública.
En últimas, la democracia no se sostiene solo con procedimientos. Se sostiene con confianza. Y esa confianza se construye cuando el ciudadano siente que su voto pesa más que cualquier apellido, que cualquier clan y que cualquier red de favores. Esa es la verdadera elección que tenemos por delante.
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