Toda democracia está sustentada en un pacto de confianza básico: la certeza de que las reglas del juego electoral son claras, imparciales y administradas por un árbitro independiente. En Colombia, esa confianza ha sido dinamitada por la entidad designada para custodiar precisamente ese pacto: el Consejo Nacional Electoral (CNE); un organismo que debería ser el pilar institucional de la legitimidad democrática se ha convertido, debido a su composición y sus recientes actuaciones, en un instrumento de guerra política que amenaza con desestabilizar el proceso electoral y, con él, la ya frágil paz social del país.
El problema del CNE es estructural y comienza con su mecanismo de integración, ya que sus magistrados no son seleccionados por su excelencia académica, su trayectoria intachable en derecho electoral o su probidad reconocida, sino que son elegidos en negociaciones en las que prima el peso electoral y la cuota política de los partidos que los postulan. El resultado es una composición que, en la práctica, refleja los intereses de las maquinarias tradicionales y, sobre todo, el talante de los partidos que han dominado y dominan esta entidad.
Los casos más visibles que demuestran la perversidad estructural del CNE son elocuentes y públicos: Álvaro Hernán Prada (avalado por el Centro Democrático) enfrenta un juicio penal en la Corte Suprema por la presunta manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. César Lorduy (Cambio Radical), quien renunció en 2025, cargaba con el estigma de un homicidio culposo en su pasado, el cual culminó prescrito sin sanción penal. Su reemplazo, Álvaro Echeverry, llegó tras una votación en el Congreso más afín a la lógica del reparto que a la del mérito. Ante este panorama, ¿cómo puede la ciudadanía confiar en la imparcialidad de un organismo integrado por figuras con tan graves cuestionamientos éticos y jurídicos?
De igual manera, la revocatoria de la inscripción de listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en el departamento del Valle del Cauca raya en lo caprichoso y contradictorio, pues el mismo organismo que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como partido político procedió a invalidar sus listas.
Esta incoherencia en su propio proceder carece de un sustento técnico visible y se interpreta, más bien, como un acto de obstrucción política contra la principal fuerza de gobierno, mediante una maniobra que se denuncia como guerra jurídica (lawfare), en la que se usan de manera conveniente y amañada las formas legales para alcanzar fines políticos de exclusión.
Una ciudadanía que percibe que el árbitro está comprado, que el juego está amañado, pierde la fe en la vía institucional. La historia colombiana y latinoamericana demuestra que la deslegitimación electoral es el preludio del estallido social.
La derecha colombiana, electoralmente debilitada pero aún enquistada en instituciones como el CNE, podría verse tentada a orquestar un escenario de caos y desorden a partir de este descontento, para luego ofrecer, una vez más, “soluciones de mano dura” y salidas extrainstitucionales que defenestren el proyecto de cambio en curso.
No se trata de una crítica a decisiones técnicas particulares, sino de una advertencia urgente sobre la captura partidista y el claro sesgo político de un organismo que decide el destino de la contienda democrática. La sociedad colombiana, la prensa independiente, las universidades y las organizaciones internacionales de observación electoral deben rodear y vigilar con lupa cada decisión del CNE.
Colombia no puede permitir que una elección se gane o se pierda en las salas de un organismo desprestigiado, antes que en las urnas. Se requiere una reforma estructural profunda que transforme el CNE, pero mientras tanto, la defensa de la democracia pasa por la movilización cívica y la denuncia pública de cada irregularidad.
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