Durante finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, Álvaro Uribe Vélez emergió como una de las figuras políticas más influyentes de la historia reciente de Colombia. En un país marcado por la violencia, la expansión territorial de las guerrillas y la debilidad institucional, su discurso de autoridad, orden y control del Estado conectó con una ciudadanía cansada de la inseguridad. Para amplios sectores sociales, Uribe representó la figura del líder capaz de “recuperar el país”, una narrativa que se consolidó especialmente durante su paso por la Gobernación de Antioquia y, posteriormente, durante sus dos periodos presidenciales.
La política de Seguridad Democrática se convirtió en el eje central de su proyecto. Indicadores como la reducción de secuestros, la mejora en la movilidad por las carreteras y los golpes militares contra las FARC fortalecieron su legitimidad. Operaciones de alto impacto, como la Operación Fénix en 2008, que dio de baja a Raúl Reyes, segundo comandante de las FARC, y la Operación Jaque, que permitió el rescate de Íngrid Betancourt y otros secuestrados, elevaron su prestigio no solo a nivel nacional, sino también internacional. Estos hechos consolidaron a Uribe como referente continental de la derecha latinoamericana y como uno de los principales contradictores del proyecto político de la izquierda regional.
No obstante, tras abandonar la presidencia, Uribe intentó prolongar su influencia política mediante la elección de un sucesor que garantizara la continuidad de su modelo. Juan Manuel Santos, quien había sido su ministro de Defensa y artífice de varios de los éxitos militares del uribismo, fue el elegido. Con el respaldo ideológico y estratégico de figuras clave como José Obdulio Gaviria, Santos llegó al poder en 2010 bajo las banderas del uribismo. Sin embargo, una vez en la presidencia, Santos tomó un rumbo distinto, alejándose progresivamente del discurso de seguridad democrática y apostando por una salida negociada al conflicto armado. Este giro político representó una ruptura profunda.
El proceso de paz con las FARC, culminado con la firma del Acuerdo en 2016, fracturó el proyecto uribista y polarizó al país. Mientras Santos fue reconocido internacionalmente, incluso con el Premio Nobel de Paz, Uribe asumió el liderazgo de la oposición, denunciando lo que consideraba concesiones excesivas a la guerrilla. A este escenario se sumaron los escándalos de corrupción y financiación de campañas, como el caso Odebrecht, que afectaron tanto al santismo como al uribismo, debilitando la confianza ciudadana en las élites políticas tradicionales. En 2018, el Centro Democrático logró regresar al poder con Iván Duque Márquez, un joven senador que había construido su perfil político bajo el ala de Uribe.
Duque fue presentado como un candidato moderno, carismático y cercano, con una estrategia comunicativa basada más en la imagen que en la experiencia administrativa. Su triunfo electoral, frente a Gustavo Petro, parecía confirmar la vigencia del uribismo. Sin embargo, su gobierno terminó convirtiéndose en uno de los principales factores del desgaste definitivo del proyecto político de Uribe.
La administración Duque evidenció una marcada incapacidad para dialogar con los sectores sociales, gestionar la protesta y responder a las demandas estructurales del país. El estallido social, el manejo de la pandemia y los múltiples escándalos de corrupción revelados a través del SECOP profundizaron el descontento ciudadano. Paradójicamente, reformas impulsadas durante el gobierno de Santos, como el Estatuto de la Oposición, permitieron que Gustavo Petro, desde el Congreso, ejerciera un control político constante que fortaleció su liderazgo nacional y lo posicionó como alternativa real de poder. Las elecciones de 2022 marcaron el punto de quiebre definitivo del uribismo.
Por primera vez, el Centro Democrático no logró llevar a su candidato a la segunda vuelta presidencial. Federico Gutiérrez, aunque cercano al uribismo, no logró conectar con una ciudadanía agotada por el discurso tradicional de orden y miedo. El resultado fue histórico: Gustavo Petro alcanzó la presidencia y el Centro Democrático sufrió una drástica reducción de su representación en el Congreso, pasando de ser la principal fuerza política a una bancada secundaria.
Este declive no fue casual. Tras más de dos décadas de hegemonía discursiva, el mensaje del uribismo se mostró incapaz de responder a las nuevas demandas sociales: desigualdad, empleo, salud, educación y justicia social. La narrativa paternalista del “hijitos míos” perdió eficacia frente a una sociedad más crítica y politizada. A ello se sumó la incapacidad de Uribe y de su círculo cercano para renovar liderazgos, insistiendo en figuras desgastadas y marginando a sectores que podrían haber oxigenado el partido.
En los últimos años, los procesos judiciales que involucran a Álvaro Uribe Vélez han terminado de erosionar su imagen pública. La constante necesidad de defender su honorabilidad y enfrentar investigaciones ha desplazado su rol de gran orientador político hacia una posición defensiva. Este desgaste personal se ha trasladado al partido, que hoy enfrenta divisiones internas, pérdida de militancia y una notoria desconexión con las bases sociales.
El contraste actual es contundente. El líder que en otro tiempo llenaba plazas públicas y movilizaba multitudes hoy convoca actos con escasa asistencia, donde predominan dirigentes, escoltas y tarimas sobredimensionadas frente a un público reducido. El Centro Democrático, otrora maquinaria electoral poderosa, atraviesa una crisis de identidad y liderazgo que refleja el cierre de un ciclo político.
Así, el ocaso del uribismo no solo representa el declive de un partido o de un líder, sino el agotamiento de una forma de hacer política en Colombia. Una era que comenzó con la promesa de seguridad y control estatal termina enfrentando una sociedad que exige transformación, inclusión y nuevos relatos de poder. El tiempo dirá si el Centro Democrático logra reinventarse o si quedará como testimonio histórico de una hegemonía que no supo adaptarse a los cambios del país.
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