La más reciente jugada de la ultraderecha en contra del proyecto popular que lidera el presidente Petro tiene que ver con la anulación de los decretos de la “emergencia económica” dictados recientemente para subsanar los problemas fiscales y presupuestales que aquejan el funcionamiento del Gobierno, como consecuencia de la desastrosa herencia del gobierno de Iván Duque en materia de endeudamiento y subsidios a los grupos más ricos de la sociedad, especialmente los banqueros y dueños del sistema financiero, y de la espantosa corrupción que persiste en los enclaves más influyentes del Estado, aún controlados por bandas y pandillas portadoras de lenguajes seudoizquierdistas como expresión del oportunismo y la degradación política.
Se trata de una falencia que ha desbordado la capacidad de gobierno del presidente Petro, víctima del engaño de personajes como Laura Sarabia, hoy embajadora en Londres, quien aprovechó sus posiciones en el alto gobierno del Pacto Histórico para realizar presuntos hechos de corrupción y saqueo de los dineros de la salud. Conducta que, según el texto, parece generalizarse en otros altos cargos de la actual administración, infiltrada por agentes de la extrema derecha, que deben ser denunciados y desenmascarados para contrarrestar el daño político en la credibilidad de los sectores y movimientos populares.
Lo ocurrido como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional constituye un verdadero lawfare jurídico contra las libertades y los derechos democráticos de los colombianos.
Este hecho realza la propuesta de preparar una Asamblea Constituyente popular, en el marco de la iniciativa política formulada por el presidente Petro para profundizar la transición política con reformas radicales en el Estado, en la economía, en la concentración de la riqueza, en el régimen agrario y en la construcción de la paz.
Hoy se ha dado un hecho trascendental cuando las autoridades electorales, en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, han reconocido el Comité Promotor de la Constituyente en los términos de la Ley 1757 de 2015, mediante la Resolución 1117 de 2026, lo que conlleva la recolección inmediata, durante seis meses, de las firmas necesarias para convocar la Asamblea Popular Constituyente mediante iniciativa ciudadana. Deben recolectarse más de tres millones de firmas de respaldo a este proceso político.
Obviamente, la campaña para recoger las firmas indicadas estará articulada a la movilización para las elecciones legislativas y presidenciales que ocurrirán en el primer semestre de 2026, caracterizado por una aguda confrontación entre el bloque popular que lidera el senador Iván Cepeda como candidato de la izquierda y la ultraderecha convocada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, bajo distintos nombres del campo reaccionario.
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