Hace doce años escribí un artículo titulado “Bloque de búsqueda por niños moribundos”. No era una metáfora gratuita. Era una denuncia y una exigencia: que el Estado colombiano usara para salvar niños la misma capacidad logística, presupuestal y operativa que históricamente había usado para la guerra. Hoy, con dolor y con rigor, hay que decirlo completo: ese bloque de búsqueda humanitario empezó a existir, de manera parcial, tardía e incompleta, a través de los equipos extramurales, los hospitales de campaña y las intervenciones recientes. Pero también hay que decir lo otro: llegó después de décadas de abandono y muertes evitables.
Pocos recuerdan que en La Guajira existió un momento en que el Hospital San José de Maicao fue concebido como un proyecto viable y de mayor complejidad. Con el paso del tiempo, ese proceso se interrumpió y el hospital entró en una etapa de deterioro institucional que afectó gravemente la prestación del servicio de salud en la región. No se trató de un fracaso técnico, sino de una degradación progresiva de la gestión pública que terminó afectando de manera directa a la población más vulnerable.
La Sentencia T-302 de la Corte Constitucional no fue un trámite. Fue el reconocimiento jurídico de una tragedia estructural. Al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional en Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y en La Guajira en general, la Corte certificó que existía una vulneración masiva, sistemática y prolongada de los derechos fundamentales del pueblo wayuu, especialmente de los niños. Y es clave recordarlo hoy: la T-302 sigue vigente, porque la brecha era —y sigue siendo— tan grande que la Corte estableció que solo se levantará cuando los indicadores del departamento se acerquen al promedio nacional. Es decir, el Estado sigue jurídicamente en deuda.
Sería injusto y poco riguroso negar que hoy existen avances que se parecen, por primera vez, a aquel bloque de búsqueda humanitario que reclamábamos hace doce años: intervención del Hospital San José de Maicao, creación de salas de Recuperación Nutricional, hospital de campaña en Nazareth y equipos extramurales —médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogos— recorriendo territorios históricamente abandonados. Los datos oficiales muestran una reducción significativa de las muertes por desnutrición infantil en los últimos años. Esto indica que cuando el Estado sí llega, hay impacto. En ese sentido, hoy existe —aunque incompleto— algo parecido a lo que entonces exigíamos.
Pero aquí está la otra verdad, que no puede maquillarse. La brecha sigue siendo escandalosa. A pesar de los avances, La Guajira continúa siendo el departamento con el mayor número de casos de desnutrición aguda infantil del país, lo que significa que, aunque han disminuido las muertes, sigue habiendo más niños enfermos y en riesgo permanente que en cualquier otro territorio. La crisis ya no es solo de mortalidad; es de enfermedad, precariedad y vulneración sostenida de derechos. La vigencia de la T-302 lo confirma.
En pleno invierno, la Alta Guajira se vuelve intransitable. Sacar un niño grave por trochas puede significar su muerte en el camino. En muchos casos, los pacientes deben ser evacuados por vía marítima y luego trasladados por carretera hasta Maicao. Que un helicóptero para salvar a un niño se vuelva noticia muestra el problema: la excepción mediática no puede reemplazar una política pública permanente. Durante décadas, en La Guajira, la geografía no fue solo una dificultad; fue agravada por la ausencia histórica del Estado.
La polémica por las lanchas ambulancia medicalizadas revela el centralismo que desconoce el territorio. En una península con comunidades costeras, rancherías dispersas y vías inexistentes, una motonave no es improvisación: es adaptación territorial. El debate no debería centrarse en su existencia, sino en la ausencia prolongada de infraestructura vial y de soluciones estructurales para garantizar el acceso oportuno a la salud.
Hoy hay que decirlo con precisión histórica y ética: el bloque de búsqueda para la vida empezó a llegar. Los equipos extramurales, los hospitales de campaña y las intervenciones recientes se parecen mucho a lo que reclamábamos hace doce años. Pero también hay que decirlo sin anestesia: llegó tarde para miles de niños.
Llegó después de años de abandono.
Llegó después de décadas de indiferencia institucional.
Llegó después de demasiadas muertes que pudieron evitarse.
La reducción de la mortalidad demuestra que el problema nunca fue técnico, sino político. Cuando el Estado decide llegar, llega. Cuando decide invertir, invierte. Cuando decide salvar, salva. La pregunta que sigue abierta no es si se puede, sino por qué tuvo que morir tanta niñez wayuu para que el país empezara, por fin, a actuar como si esas vidas también importaran.
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