Cerca de cumplirse un mes desde que Nicolás Maduro salió de Veneuela hacia Estados Unidos para ser juzgado en Nueva York, los cambios en poítica y negocios apenas se están iniciando. La primera de las empresas colombianas expropiadas por Hugo Chávez en echarse al agua sería Cementos Argos, que está dispuesta a regresar después de 20 años. Una movida audaz que podría dejar bien enrutada por el presidente de la cementara Jorge Mario Velásquez antes de su retiro de la compañía, por tiempo de servicio, el próximo 31 de marzo.
Cementos Argos es un caso emblemático de las fulgurantes decisiones de Hugo Chávez en vivo y en directo. El 13 de marzo de 2006 fue expropiada su planta que funcionaba en Llanadas de Monay, estado Trujillo, tras la sentencia de Chávez: “El cemento es del pueblo”. Desde entonces son dos décadas esperando una indemnización que no ha llegado “hasta el sol de hoy”.
Ocho años operó Argos en el mercado venezolano a través de su fábrica, Corporación de Cementos Andinos, que le compró al Estado en una subasta internacional en 1997. Durante esos años, diez centros de producción de cemento disputaban el mercado con marcas extranjeras como Holcim, Cemex, Lafarge, y una prestigiosa venezolana, Cementos del Catatumbo. En todas se cumplió la sentencia del comandante.
Junto a Argos, otras compañías como Éxito, Avianca, Alpina, Nutresa, Colombina, también fueron expropiadas, o tuvieron que salir cuando la operación se hizo insostenible con la entronización de la Revolución Bolivariana de Hugo Chavez en los primeros años de este siglo.
Las multinacionales salieron de Venezuela con el monto correspondiente a la expropiación, Cemex acudió al presidente de México Felipe Calderón para que se le pagara. Argos no recibió nada. Tuvo que sortear inicialmente un problema legal por la acción interpuesta de un tercero que decía tener la propiedad. En 2012, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de la cementera colombiana.
La capacidad que tenía la planta de Cementos Argos en Venezuela era de cerca de 1 millón de toneladas de cemento, en el momento de la expropiación presupuestaba una producción de 770.000 toneladas de clínker. Sus planes eran vender 600.000 toneladas de cemento en el mercado local y exportar a Panamá y Haití unas 300.000 toneladas de clínker. Sin una cifra oficial, se hablaba de monto de indemnización en torno a los 250 y 300 millones de dólares.
Cambios con punto a favor
Por 16 años Argos dio la batalla legal para obtener la indemnización, en Venezuela y por vía diplomática a distintas autoridades, mientras la planta se caía a pedazos. El panorama parece haber cambiado, si se tiene en cuenta la posición de Estados Unidos y especialmente del presidente Donald Trump quien públicamente ha defendido los derechos de las petroleras extranjeras expropiadas.
Por otra parte, es un hecho que Venezuela tiene hoy una demanda importante de materiales de construcción tras años de marcha lenta en infraestructura, y Argos no solo tiene conocimiento del mercado sino una cercanía muy valiosa. En línea con los planes de convertirse en gran gestor de activos de infraestructura en este continente, en el que Venezuela entraría no solo con su planta de Trujillo.
Las buenas perspectivas chocan con el hecho de que Venezuela no es la misma, la economía ha caído a una cuarta parte de hace 13 años, y aún está latente una incertidumbre que no se acaba con un plumazo en la Casa Blanca.
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