La oposición uribista se equivocó una vez más. Lo hizo cuando pronosticó una devaluación masiva en el Gobierno del Cambio y tenemos la mayor revaluación conocida (de 4.810 pesos por dólar en diciembre de 2022, a menos de 3.700 en enero del 2026); el saldo entre importaciones y exportaciones (Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos) ha mejorado ostensiblemente para Colombia en estos tres años (de un déficit de 6.4% del PIB en 2022 se pasó solo 1.7% en 2024); la inflación pasó de 13,2% en 2022 a 5,1% en 2025. Ahora pronostican que con el aumento del salario mínimo en 23,5% se disparará la inflación. Se equivocan de nuevo. Veamos.
Es cierto que la inflación es una lucha distributiva, como lo recuerda el presidente Gustavo Petro, lo que quiere decir:
Ante cualquier nivel de inflación (aumento generalizado y permanente de los precios), los agentes económicos intentan recomponer sus ingresos subiendo los precios de sus productos y servicios. Quienes más rápido puedan subir precios, ganan, mientras que los demás definitivamente pierden. Como los salarios solo se recomponen anualmente (como es el caso actual de Colombia), pues estos son perdedores en el mediano y largo plazos. Igual los arrendadores y todos los que dependen de contratos anualizados. Esa es la lucha redistributiva que genera la inflación. Por eso todos los actores económicos intentan recomponer pronto el precio de sus productos y servicio, como es el caso de los trabajadores cuando negocian el salario mínimo o las convenciones colectivas de trabajo.
Por lo anterior, cuando la inflación se dispara (a hiperinflación, por ejemplo), como ocurrió en el Cono Sur en los años 70, 80 y aún 90, todos los contratos se indexaron y se negociaron mensualmente y aún con cláusulas de ajuste semanal. En el caso extremo de hiperinflación, las tasas de interés de todos los créditos se pactan de forma flexible: la inflación de la semana anterior más un proxi de la inflación esperada para la semana siguiente. En la práctica el crédito tiende a desaparecer. Todas las transacciones se hacen en efectivo. Yo estudié en Argentina y en Brasil cuando esas hiperinflaciones eran superiores a 2.500 anual. Los precios se remarcaban dos veces al día en los supermercados. Los trabajadores y empleados debían gastar todo el salario en la mañana que les pagaban, porque en la tarde podía haber perdido el 10% de su ingreso real.
En esas condiciones, los empresarios no pueden estimar los costos futuros de los salarios a pagar ni el costo del capital a tomar como crédito. Así, al final, los precios no se relacionan con los costos de producción, sino con las expectativas de inflación. La inversión se reduce únicamente a la especulativa. Se agudiza la lucha por la distribución de la pobreza, no de valor alguno nuevo a ser creado. Es la locura. En ese momento se cayeron las dictaduras del Cono Sur. Ni la invasión a las Malvinas pudo detener la caída de la Junta Militar en Argentina.
Digo lo anterior, no para afirmar que la decisión del Gobierno colombiano de subir el salario mínimo conduzca a hiperinflación. Ni siquiera los muchachos neoliberales lo han planteado, sino para demostrar que la inflación sí es una lucha distributiva, como lo demuestran la teoría económica y la práctica histórica.
De otro lado, en condiciones de inflación moderada, la lucha distributiva se mantiene, pero regulada por las condiciones institucionales vigentes: leyes, capacidad de negociación sindical, nivel de desempleo (si es reducido el desempleo, la capacidad de los trabajadores de recuperar parte del ingreso nacional es mayor), ganancias en productividad (que es la falacia neoliberal a la que quieren reducir la negociación del salario). En esas condiciones, el nivel de precios (inflación) no es determinado por la oferta y la demanda, de forma exclusiva, como afirman los neoclásicos. Esto porque el mercado nunca es de libre competencia, que es el supuesto “fajuto” de esta escuela.
En realidad, en condiciones de estabilidad, como las vigentes en Colombia, cada sector de la economía y cada empresa, fija el precio como una proxi de sus costos de producción más un margen (K) que mide el nivel de monopolio de la industria y/o de la empresa. Ese K normalmente es positivo, pero puede ser aún negativo, es decir, las empresas pueden vender por debajo del costo de producción, temporalmente, para quebrar a sus competidores y luego establecer “sus” condiciones de dominio en el mercado, que no son solo de precios sino de marca, tecnología, diseño, etcétera.
Si el nivel de precios fuera la resultante estricta de la demanda (y de la oferta, claro), y si además no existieran monopolios y oligopolios que fijan el precio como una estrategia de mercado (de competencia), y si en adición el mercado fuera cerrado, es decir, si no existiera comercio exterior, sería válido estimar que los precios seguirían en parte al componente salarial, solo en parte.
Recordemos que los salarios son solamente entre el 20% y el 30% en promedio de los costos totales. Así pues, es ese 20% o 30% de los costos totales el que subiría el 23%, no todos los costos de producción. Repito: “si y solo si” el mercado fuera de “competencia perfecta”. Es decir, si no existieran monopolios y oligopolios, algo que solo aparece en los libros de texto mal traducidos de los neoclásicos.
¿Hacia dónde se irá la demanda agregada de los trabajadores que tienen ahora un incremento en su ingreso monetario?
La propensión marginal a ahorrar de los trabajadores es muy baja, justo porque el salario anterior no cubría el mínimo vital, que es el objetivo del aumento del salario en 2026 por parte del Gobierno del Cambio. No es fácil que los trabajadores reasignen el incremento del ingreso a vivienda y pensión, por ejemplo, si no se crean, desde el Estado, las condiciones favorables para captar esos recursos en esos ámbitos. También el sector privado puede allí hacer un trabajo interesante, si las tasas de interés no las sube el Banco de la República, como seguramente lo pedirá el Partido de los Economistas Neoliberales. En otras palabras, el Gobierno colombiano, si logra el apoyo del sector privado y del Banco de la República, puede encausar la economía a un crecimiento de la vivienda y de la seguridad social. Esa es una oportunidad que debe ser aprovechada.
Una parte importante del ingreso adicional de los trabajadores se irá a la demanda de bienes importados (de China y aún desde Estados Unidos), aprovechando el bajo nivel del dólar y la reorientación de las exportaciones asiáticas desde Europa y Estados Unidos hacia el resto del mundo, incluida Colombia, a causa del nuevo orden comercial que ha generado la estrategia proteccionista del presidente Trump. Esa parte de la demanda nueva no creará inflación en Colombia, pero tampoco generará empleo, como es obvio.
En Colombia, aproximadamente el 20% de la capacidad industrial está ociosa. El empresariado puede atender parte de la nueva demanda de bienes industriales de forma casi inmediata, sin gran porte de inversión nueva. Así pues, los empresarios pueden leer esta coyuntura como una oportunidad para crecer sin grandes aumentos de precios, pues el incremento en los costos salariales es marginal al costo total. Esto es válido donde el mercado es de competencia.
Pero también las empresas monopólicas y oligopólicas pueden aprovechar, no para suplir la nueva demanda, sino para aumentar márgenes de ganancias. En ese caso, el efecto sería inflacionario, pero marginal.
El sector agropecuario está más disponible para atender la nueva demanda agregada, dada la acertada política adelantada por el Gobierno del Cambio en este sector.
En suma, no es posible, conforme a la teoría económica heterodoxa, predecir con certeza que habrá en Colombia un aumento significativo de la inflación. Una parte de la demanda nueva se fugará hacia el exterior (bienes y servicios importados, disponibles en el mercado externo); otra a bienes agrícolas, sin mucho impacto en la inflación y con efectos positivos sobre el empleo; pero otra parte puede ser aprovechada por la estructura de mercado oligopólica para captar rentas y, eventualmente, sin generar empleo; finalmente, si el Estado opera sobre la vivienda, y el Banco de la República baja tasas de interés, habría un efecto positivo en el empleo a mediano plazo, sin inflación, dada la capacidad ociosa existente.
En los sectores de la pequeña y mediana empresa de bienes y servicios, donde hay más competencia de mercado, es posible que en un primer momento las empresas que estén operando al borde del equilibrio decidan reducir la nómina porque no pueden repasar los nuevos costos laborales a los precios, repito, por la alta competencia. Algunas empresas tendrán que innovar, sustituyendo trabajadores por tecnología, si tienen margen de inversión. Por ejemplo, algunos conjuntos residenciales reemplazarán celadores por cámaras, etcétera. Este proceso es en todo caso inevitable, dada la IA, pero no es el tema de hoy.
En todo caso, más allá de los riesgos, tensiones y oportunidades que abre la decisión del presidente Petro de cumplir con el mandato constitucional de garantizar el salario vital, es un discurso fallido el de la oposición uribista afirmar que Colombia enfrentará una gran inflación. Con todo, el Gobierno debe operar en apoyo a las pequeñas empresas y a la economía popular, para mantener el nivel de empleo, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.
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