El reciente y trascendental comunicado, suscrito por 209 autoridades tradicionales de la nación Nasa, no es un pronunciamiento más dentro del panorama de la conflictividad social y armada en Colombia. Es el llamado colectivo de una resistencia milenaria que celebra, con cautelosa esperanza, un avance jurídico crucial: la tipificación formal como delitos de lesa humanidad de los crímenes cometidos por grupos armados contra las comunidades indígenas, sus sabedores y su territorio. Este hito legal, sin embargo, resuena sobre un suelo aún ensangrentado. Mientras la justicia ordinaria empieza a nombrar con la gravedad que merecen estos hechos, en los resguardos del Cauca la guerra continúa escribiendo su capítulo más cruel en tiempo presente.
Es fundamental entender que el comunicado no es un ejercicio de memoria histórica sobre un pasado superado, sino una radiografía urgente del ahora. A pesar de los acuerdos de paz suscritos y de la actual propuesta de “Paz Total”, las comunidades Nasa siguen reportando amenazas, confinamientos, desplazamientos forzados y, de manera particularmente atroz, el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de actores armados ilegales. Este fenómeno no puede entenderse —ni mucho menos normalizarse— como un daño colateral, sino como un etnocidio en cámara lenta, una herida directa al corazón de la continuidad cultural de los pueblos.
El comunicado reconoce con claridad que la justicia colombiana ha dado pasos significativos. Se mencionan sentencias emblemáticas de las altas cortes que reconocen el abandono estatal histórico y ordenan medidas de reparación. Sin embargo, dichos mandatos judiciales, en su mayoría, permanecen atrapados en el limbo de la implementación, ya que la causa estructural del denominado “estado de cosas inconstitucional” —la ausencia crónica del Estado social de derecho y la persistencia de las condiciones que alimentan el conflicto— sigue intacta. Los intentos de paz de los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, aunque distintos en su narrativa, han demostrado hasta ahora una ineficacia palpable en los territorios indígenas, donde la lógica del fusil continúa imponiéndose sobre la del diálogo.
En este contexto de promesas incumplidas y violencia persistente, adquiere una relevancia central la Propuesta de Paz Territorial construida y presentada por las organizaciones indígenas del Cauca, entre ellas la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Esta iniciativa deja al desnudo una contradicción profunda del actual gobierno del Pacto Histórico: mientras proclama una “Paz Total” incluyente, no ha otorgado el acompañamiento político decisivo que esta propuesta originaria requiere y merece.
La propuesta de paz indígena no es un anexo ni un complemento marginal; es un cambio de paradigma. Como lo señalan las autoridades Nasa, esta visión descentra las negociaciones del ámbito exclusivo de los actores armados y sitúa en el centro a las comunidades víctimas. Plantea una construcción de paz desde lo territorial, sustentada en las particularidades geográficas, sociales, políticas y, sobre todo, espirituales de los pueblos. Se distancia así de los modelos tecnocráticos diseñados desde escritorios en Bogotá, marcados por un centralismo urbano ajeno tanto a la realidad territorial como a la cosmovisión indígena, y desconectado de la lógica violenta que imponen los actores armados ilegales.
El llamado final del comunicado es, a la vez, un testimonio de dignidad y una hoja de ruta sistemáticamente ignorada. Es imperativo que el gobierno de Gustavo Petro y la institucionalidad local y regional del Cauca no se limiten a “escuchar”, sino que arropen y materialicen esta propuesta. Se debe transitar de la retórica del reconocimiento multicultural —que con frecuencia reduce a los pueblos indígenas a un elemento folclórico— hacia acciones concretas que respeten su autonomía y permitan, de manera real, que su cosmovisión y sus formas propias de organización orienten el diseño e implementación de las políticas públicas que les conciernen.
La nación Nasa, al igual que los demás pueblos indígenas en resistencia, no es un tema antropológico ni una nota al pie del conflicto armado. Son sujetos políticos de derechos, comunidades dignas que han defendido su territorio y su cultura a un costo humano inmenso. Su propuesta de paz territorial no es una alternativa más: es, quizás, la única capaz de sanar las raíces profundas de la guerra en esos territorios. Ignorarla nuevamente no sería solo un error político, sino una traición histórica a la posibilidad de una paz verdadera con justicia social.
El tiempo de los discursos ha pasado. La tierra, a través de sus autoridades, ha hablado. Ahora le corresponde al Estado colombiano actuar, antes de que esta oportunidad vuelva a perderse en el mismo fuego cruzado que hoy amenaza las semillas de vida del Cauca.
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