En la madrugada del 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos secuestraron a Nicolás Maduro. La operación contó con varios meses de preparación, implicó la utilización de miles de soldados, más de 150 aeronaves, entre cazas, bombarderos, helicópteros y drones, atacó bases militares, desplegó mecanismos de guerra electrónica, con armamento altamente sofisticado, y cortó la electricidad en zonas claves. Según el gobierno cubano, murieron 32 de sus ciudadanos encargados de proteger a Maduro, y según el New York Times, otras 80 personas que lo protegían, pero estimativos posteriores calculan que las víctimas pudieron ser varias decenas más.
Una operación largamente preparada
El ataque se realizó despues de reiteradas amenazas de Trump, una intensa campaña mediática contra Maduro y el despliegue de un gigantesco dispositivo naval en las costas venezolanas, sumado al bombardeo y hundimiento de pequeñas embarcaciones acusadas de narcotráfico. En respuesta, el gobierno venezolano activó planes especiales de defensa y movilización, incluyendo el uso de algunos dispositivos antiaéreos rusos y chinos y una campaña internacional para denunciar la amenaza de invasión.
La operación estadounidense incluyó el Fuerte Tiuna, un almacen de equipos de diálisis, el puerto de La Guaira, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Instituto de Agroecología e instalaciones militares, principalmente en el centro del país. No hubo movilizaciones inmediatas, pero mucho menos una acogida al ejército gringo, y la euforia que demostraron inmigrantes venezolanos en algunas ciudades, no se presentó internamente.
El ataque aéreo no fue detectado ni contrarrestado y en menos de dos horas, los destacamentos estadounidenses lograron su objetivo, secuestrando a Maduro y a su esposa y trasladándolos a Nueva York, donde en forma inmediata comenzó su juicio por conspiración para introducir drogas a Estados Unidos, posesión de armas y otros delitos que, según el gobierno estadounidense, afectaban la seguridad nacional. No había prácticamente comenzado la presentación de Maduro, cuando el Departamento de Justicia, principal acusador, cambió la acusación, eliminó la relativa al Cartel de los Soles al no tener evidencia de la existencia de esa organización y echó atrás otras acusaciones como la posesión de ametralladoras, que tratándose de un jefe de las fuerzas armadas venezolana, es sospechosamente ridícula. La misma acusación reconoce a Maduro como jefe de Estado y la propia legislación estadounidense da inmunidad a los jefes de Estado de otros países y prohíbe juzgarlos en territorio estadounidense. Todo indica que, si el tribunal se atiene a la legislación interna e internacional, el proceso se revelará como un montaje amañado con finalidades políticas y plagado de irregularidades. Otras fuentes de autoridades de Estados Unidos anuncian nuevas acusaciones y pruebas.
Los demás miembros destacados de la cúpula gubernamental venezolana, tales como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello o Vladimir Padrino no fueron retenidos y Delcy Rodríguez asumió la presidencia. Otros miembros de la cúpula hicieron declaraciones pidiendo la liberación de Maduro y reclamando pruebas de sobrevivencia. En sus primeras declaraciones, Delcy Rodríguez llamó a una cooperación con Estados Unidos e invocó el carácter de América Latina como territorio de paz según una declaración de la Celac.
Inmediatamente comenzaron los trámites para el intercambio de embajadores.
En la rueda de prensa posterior al ataque, Trump señaló que asumiría la administración de Venezuela y que habría una transición, que no contaría con la participación de María Corina Machado por no lograr el consenso y no estar capacitada para dirigir el país, que sería administrado por un equipo de funcionarios estadounidenses encabezados por el mismo Trump. El presidente de Estados Unidos reveló que Delcy Rodríguez mantenía una posición de cooperación, anunció que se proponía recuperar el petróleo que había sido robado por las autoridades venezolanas y anticipó que habría grandes inversiones. Para ello reunió a las grandes empresas petroleras, que, sin embargo, no asumieron ningún compromiso, exigiendo garantías económicas y de seguridad.
Para iniciar, Trump anunció la toma de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. En medio del alud de declaraciones, se supo que la Chevron ya venía produciendo y exportando normalmente por acuerdos previos con Maduro, por lo cual la operación de las empresas petroleras no sería mayor motivo de controversia.
El jefe de la Guardia de Honor de Maduro, Javier Marcano Tápata, quien a su vez era jefe de Contrainteligencia del gobierno y había sido comandante de las milicias bolivarianas, fue detenido y comenzó la búsqueda de presuntos cómplices en la entrega de Maduro, lo cual confirmó los indicios sobre la cooperación de personas de alto nivel con la operación estadounidense.
Las sospechas sobre el grado de complicidad de altos funcionarios no excluyen a nadie
Las sospechas sobre el grado de complicidad de altos funcionarios no excluyen a nadie. Haber descartado a María Corina para una eventual transición, la falta de respuesta de las fuerzas armadas bolivarianas y el reconocimiento del papel de Delcy Rodríguez permite suponer que había, o bien un acuerdo con el gobierno chavista, o que varios de sus miembros estaban negociando, o que cedieron a la presión, chantaje y sobornos de Trump.
La situación es muy cambiante. Delcy Rodríguez enfrenta las presiones cotidianas de Trump y Marcos Rubio, que le exigen la liberación inmediata de los presos políticos. Las autoridades estadounidenses quieren cobrar nuevas cabezas como las de Padrino y Cabello y al mismo tiempo cogobernar con la cúpula chavista. Sectores del chavismo manifiestan su inconformidad y renuevan su lealtad a Maduro y a la Revolución Bolivariana.
A pesar de las decenas de invasiones e intervenciones e Estados Unidos en todo el mundo, no se había visto una tan descarada, tan implacable y con objetivos tan explícitamente ligados al saqueo de recursos naturales y a cambiar la cúpula gubernamental por simples títeres.
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