En la mitología griega, la Quimera era una criatura híbrida compuesta por partes de distintos animales. Esta figura ha sido utilizada en el lenguaje contemporáneo como metáfora de realidades complejas y de múltiples orígenes. En ese sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991 ha sido descrita por diversos analistas como un texto que integra corrientes ideológicas, sociales y políticas diversas.
La Constitución de 1991 estableció a Colombia como un Estado social de derecho, con el propósito de garantizar la dignidad humana, promover la igualdad, ampliar la participación ciudadana y reconocer la diversidad étnica y cultural del país. Introdujo mecanismos como la acción de tutela, las acciones populares y nuevas formas de participación democrática.
Su redacción fue el resultado de un proceso amplio de concertación, en el que participaron sectores tradicionales de los partidos Liberal y Conservador, movimientos sociales, representantes indígenas, líderes independientes y exintegrantes del movimiento M-19, tras su desmovilización. Este carácter plural ha llevado a que sea considerada un hito del constitucionalismo latinoamericano del siglo XX.
En el contexto actual, ha surgido el debate sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución vigente. El 26 de diciembre de 2025, se inscribió ante la Registraduría Nacional un comité promotor ciudadano con el objetivo de recolectar firmas —al menos tres millones— para impulsar esta iniciativa por la vía de la participación popular.
El proyecto presentado, titulado “Proyecto de ley que convoca a una Asamblea Constituyente de la República de Colombia”, incluye una exposición de motivos en la que se plantean los fundamentos de la propuesta. En el documento se abordan temas relacionados con la organización del poder público, el papel del poder constituyente y la estructura del Estado.
El texto hace referencia reiterada al concepto de “poder”, tanto en su dimensión constituyente como en relación con las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Asimismo, se mencionan antecedentes históricos y enfoques teóricos sobre la distribución de competencias entre los poderes del Estado. En uno de sus apartados, se plantea la revisión de la estructura política y de las competencias institucionales en el marco de una eventual nueva Constitución.
La iniciativa ha generado diversas interpretaciones y debates en el ámbito jurídico, político y académico, especialmente por tratarse de una Constitución que ha sido producto de amplios consensos y que ha regido la vida institucional del país durante más de tres décadas.
La discusión sobre una eventual reforma constitucional o convocatoria a una Asamblea Constituyente abre un debate de fondo sobre el alcance, los límites y la vigencia del pacto constitucional de 1991, un tema que deberá ser analizado en los escenarios democráticos y conforme a los procedimientos establecidos en la ley.
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