Con una exposición de cargos, acompañada de duros adjetivos, la Fiscalía pidió ante el Tribunal Superior de Bogotá que Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda e Interior, sean enviados a prisión preventiva bajo el cargo de haber comprado apoyos parlamentarios por más de medio billón de pesos saqueados al Erario de los colombianos.
Durante una larga e intensa jornada de audiencia los dos exintegrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro rechazaron, también con ahínco los cargos, y se quejaron de que hasta ahora el ente investigador solo le haya permitido al país oír las versiones de delincuentes confesos y no las suyas.
Durante la imputación de cargos la fiscal María Cristina Patiño González fue especialmente dura. Aseguró que los dos exministros lideraron, promovieron y encabezaron una organización criminal para comprar al Congreso.
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Según ella, lo hicieron para conseguir la aprobación de los proyectos de reformas pensional y de la salud y para agilizar el trámite de créditos públicos convenientes para el Ministerio de Hacienda.
“Lideraron -recalcó- promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior (sic) del Invías y la UNGDR, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.
La compra de los congresistas, como la denominó ella, se materializó a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del Erario.
El monto de los 74 proyectos pactados a través del Invías con ese propósito ascendió a $571.701 millones y los cinco concertados con la UNGDR tenían un valor total de $40.536 millones, para un total de $612.237 millones.
La acusación concreta contra Luis Fernando Velasco consiste en que en junio de 2023 le ordenó a Olmedo López, director de la Unidad, apoyar la reforma pensional y presentarse ante la Comisión Séptima del Senado, donde se surtía su trámite, para entregarles los contratos a algunos de los parlamentarios.
La coordinadora de la repartija fue, de acuerdo con la presentación del ente acusador la senadora Martha Peralta Epiayú, quien conducía el debate. Lo habría hecho en coordinación con la también parlamentaria Berenice Bedoya
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Previamente, la senadora Peralta le presentó a los funcionarios del gobierno un listado de los proyectos a los que aspiraban los congresistas.
Los proyectos que se utilizaron para ganarse los votos de congresistas
Andrea Ramírez, asesora del ministro Bonilla, le entregó a su compañera María Alejandra Benavides -convertida a la postre en testigo de cargos- un listado de 71 proyectos de congresistas a los que había que beneficiar por orden del jefe de la cartera.
Su distribución sería así: Trece para la Comisión Cuarta de la Cámara donde había congresistas interesados en contratos para Atlántico; Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena por $142.658 millones; 19 para Comisión Cuarta del Senado, destinados para Magdalena, Córdoba; Montería, Atlántico, Nariño y Caldas por $80.816 millones, en tanto que para La Comisión Tercera del Senado irían 14 para supuestas obras en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre por $155.145 millones.
El listado presentado fue exhaustivo e incluía a La Comisión Tercera de la Cámara y los tres proyectos más mencionados hasta hoy, autorizados por Bonilla, en los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.
Los congresistas relacionados durante la audiencia como impulsores de la aprobación de créditos públicos a cambio de prebendas son Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
Otro de los salpicados es el actual aspirante presidencial y senador Mauricio Gómez Amín, quien puso su oficina a disposición su oficina para cuadrar las transacciones de contratos por apoyos parlamentarios.
También fueron detalladas otras reuniones importantes como las del famoso ‘cónclave’ en el Departamento administrativo de la presidencia, promovido el hoy prófugo y asilado en Nicaragua Carlos Ramón González.
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Defensa y contraataque
El abogado Mauricio Pava, defensor de Bonilla, anticipó que pediría La nulidad de la imputación por el delito de concierto para delinquir porque, el que da la pena más alta, porque la Fiscalía lo está confundiendo con una supuesta coparticipación criminal.
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La abogada Rosa Elena Suárez, defensora del exministro Velasco, le pidió a la Fiscalía demostrar si su cliente se quedó con algún dinero proveniente de lo que la misma entidad ha denominado “empresa criminal”
Bonilla, presente en la audiencia, denunció que la fiscal se negó a escucharlo antes de la audiencia, con lo cual vulneró su derecho a la defensa y Velasco se quedó de la falta de rigor en la imputación porque le atribuyeron contratos de 2021, cuando el actual presidente Gustavo Petro ni siquiera había sido elegido para el cargo, ni él era ministro.
“No acepto los cargos -exclamó Bonilla-. Llevo Más de medio siglo trabajando en actividades públicas y privadas, y nunca he tenido un peso de actividades ilícitas. (…) Cumplí con mis funciones como Ministro de Hacienda conforme a la Constitución y la ley y tengo la certeza de no haber cometido ningún delito.
“No acepto cargos y no tengo nada que negociar con la Fiscalía”, dijo a su vez Velasco. “Soy inocente y hasta hoy en la investigación solo se ha escuchado a testigos interesados que han reconocido sus delitos y se han hecho a penas menores de las que debían Pagar”, enfatizó. Pidió que cuando sea escuchado sus explicaciones sean confrontadas con lo planteado hasta ahora, pues el país solo ha oído hasta ahora las voces de delincuentes confesos. La Fiscal Maria Cristina Patiño fue implacable en sus acusaciones dirigida a demostrar que se trató de un plan concertado de cooptación a través de prebendas dirigida a demostrar que se trató del delito del Concierto para delinquir.
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