El martes 11 de noviembre, mientras el ministro Armando Benedetti la emprendía contra la magistrada Cristina Lombana al enterarse de que allanaba su casa en Barranquilla, en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia se iniciaba un desfile de testigos dispuestos a declarar en su contra por lo posible implicación en un zarpazo que le costó más de $150.000 millones al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Córdoba.
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A la misma hora en que 30 policías judiciales, dirigidos personalmente por la jurista, se incautaban de ordenadores, celulares y memorias en el sitio de residencia de Benedetti en la capital del Atlántico, en Bogotá el magistrado Francisco Javier Farfán Molina le tomaba la declaración al abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro, condenado a 22 años de prisión, quien ha buscado beneficios judiciales a cambio de una delación contra el hoy Ministro del Interior.
Según Burgos, entre los años 2016 y 2017, cuando el hoy ministro era senador, le exigió el 20 por ciento de los recursos esquilmados al Fondo con el llamado “carrusel de la educación” que consistió básicamente es pensionar a profesores inexistentes o suplantar a otros para obtener pensiones fraudulentas.
La lengua desbocada del Ministro Benedetti que le puede costar sanción disciplinaria
Mientras la Procuraduría anunciaba la apertura de una indagación contra Benedetti por su irrespeto a una alta jueza de la República, a quien incluso llamó públicamente “h.p”, la Sala de Instrucción programaba para todo el resto de la semana diligencias con testigos dispuestos a declarar contra Benedetti para darle impulso a una causa judicial que ha transcurrido lentamente desde hace casi diez años.
El siguiente en turno sería el abogado Guillermo Raúl Rhenals Cova, condenado por los mismos hechos a 17 años de cárcel, después de que en 2018 la justicia estableció que él fue uno de los litigantes encargados de presentar poderes y clientes falsos para conseguir de manera tramposa la liquidación de prestaciones por parte del Fondo.
Por decisión de la justicia, además de Benedetti, exsenador y exembajador, están siendo investigado, en sus respectivas instancias, jueces, abogados, profesores y funcionarios que supuestamente participaron en el cobro irregular de pensiones, dejando un agujero financiero que a costo de hoy superaría el medio billón de pesos.
También en calidad de testigo comparece también Catherine Cogollo Reina, sentenciada en 2019 a siete años y cuatro meses de prisión como consecuencia de sus actuaciones cuando se desempeñaba como juez de Lorica, en Córdoba. En su momento ella fue hallada culpable de la apropiación la apropiación ilícita de $6.700 millones destinados al pago de pensiones del magisterio.
También comparecerá ante la Sala de Instrucción de Primera instancia otro testigo que ha sido “transversal” a varios procesos de corrupción en Córdoba, entre ellos los llamados “cartel de la Toga” y “cartel de la hemofilia”. Se trata de Leonardo Pinilla, alías ‘Porcino’.
El carrusel para el pago ilegal de las pensiones tuvo entre sus ejes a la Fiduprevisora, entidad presionada para el pago derechos pensionales a docentes de Córdoba, en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.
También se investiga la posible influencia de Benedetti en la adjudicación de contratos a empresas, como Certicámara, a cambio de favores políticos.
La Corte Suprema de Justicia ha ordenado un estudio patrimonial de los bienes de Benedetti y su familia para determinar su posible implicación en el escándalo.
En riesgo de suspensión
El ministro Benedetti ha recibido el respaldo del presidente Gustavo Petro, para quien la magistrada Lombana no practicó un allanamiento, sino que cometió “un secuestro” contra la familia del funcionario. También se produjeron sorpresivas mociones de respaldo del ministro de Justicia encargado Augusto Ocampo Camacho y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.
Así, el gobierno decidió convertir en causa suya un proceso abierto contra Benedetti mucho tiempo antes de que se sumara al petrismo y se convirtiera en funcionario del gobierno, con lo cual se solidarizaría también con sus ataques contra una magistrada de la Corte.
Este clima se genera mientras la Procuraduría General de la Nación avanza en una indagación contra Benedetti que, a juicio de varios expertos en derechos disciplinarios, podría desembocar en breve al menos en una suspensión transitoria del ministro. “Es de bulto que el doctor Benedetti incurrió en faltas gravísimas al agredir a una representante de otro Poder Público y que su permanencia en el cargo pone en riesgo la investigación misma”, dijo un abogado que pidió expresamente que su nombre sea mantenido en reserva porque actualmente lleva procesos ante el Ministerio Público.
“Por mucho menos fue suspendido el pastor Saade cuando era jefe del Despacho del presidencial”, recordó.
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