Cuando la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 daba forma a la Constitución Política actual, un joven asesor, experto en derecho público, sobresalía dentro del equipo que trabajaba en los proyectos de artículos tan sensibles como los relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos.
Se trataba de Jorge Enrique Ibáñez, abogado boyacense cuyos servicios fueron requeridos seis años después por el Estado ecuatoriano cuando echó a andar un proyecto para emular la experiencia colombiana, reconocida y elogiada internacionalmente entonces.
La Constitución colombiana fue presentada ante el mundo como un “pacto de paz”, denominación inspirada por los constituyentes y sus asesores para destacar que en su redacción intervinieron nuevos actores democráticos que antes empuñaron las armas.
Ibáñez preside hoy la Corte Constitucional y reclama que esos actores, que alcanzaron un alto respaldo en las urnas con su proyecto denominado Alianza Democrática M-19, no se sientan exentos de su responsabilidad de decir la verdad sobre las razones y circunstancias que los llevaron a cometer en 1981 el cruento asalto contra el Palacio de Justicia.
Como lo planteó este viernes 7 de noviembre de 2025, el indulto que ellos recibieron no debe servirles de mampara para cumplir sus deberes con las víctimas que durante 40 años han clamado por justicia.
“El corazón de la justicia -recordó Ibáñez- fue atacado a sangre y fuego por un grupo que los jueces en sus sentencias calificaron como terrorista, que pasó por encima de la Constitución y la ley y violó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
Después de una síntesis dramática y dolorida sobre lo que ocurrió hace 40 años, Ibáñez dijo que un ataque de esa naturaleza, con cerca de 300 víctimas entre personas muertas y desaparecidas, no tiene ningún mérito para ser ovacionado ni romantizado.
Por eso condenó la actitud de ambos bandos, los responsables de la toma y los autores de la retoma. Recordó que los primeros, los miembros del M-19, reconocieron que aquella fue una grande y grave ocasión y pidieron el perdón de los colombianos. Los segundos actuaron de una manera que los tribunales nacionales e internacionales juzgaron como “excesiva, caótica y desproporcionada”.
Más allá de los indultos, llamó la atención sobre el hecho de que todas las sentencias exigen verdad, justicia y reparación. “Esos fallos -recalcó- representan no solo un llamado a la justicia, sino también un compromiso con la memoria , la verdad y la dignidad de quienes fueron silenciados”.
Abrió un espacio para cuestionar las respuestas del Estado y de propia administración de justicia. “¿Por qué se levantó la seguridad del Palacio de Justicia y la protección a los magistrados? ¡qué pasó minuto a minuto durante la toma y la retoma? ¿Qué ocurrió con la suerte de cada uno de los magistrados y funcionarios? ¿Cómo se produjo el incendió? ¿Qué pasó con la cadena de custodia de las pruebas”?
El presidente de la corte considera, como lo considera también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las leyes de amnistía o de punto final dan al traste con el deber de investigar y sancionar graves violaciones de derechos y no pueden convertirse en amnesia para justificar “una pretendida estabilidad y paz”.
Por ese mismo camino concluyó que indultos y amnistías no libran al M-19 de decir la verdad sobre el Palacio de Justicia. Desde su perspectiva, la verdad y la justicia deben prevalecer por encima de todo y más cuando se trata de indultos y amnistía que van en contravía de principios y derechos universalmente reconocidos. De otra manera, el terror y la violencia prevalecerían sobre la justicia.
Anuncios.
Anuncios.
