Si el rasero para medirlo es su declaración de renta, el senador Óscar Barreto Amaya es el congresista más rico del país. Sus ingresos netos llegan a los 9.941 millones, como lo ratifica también en el Registro de Intereses Privados que los congresistas deben presentar al posesionase. Sus demás colegas son mucho más conservadores a la hora de darles transparencia a su patrimonio.
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Sobre ese volumen de recursos Barreto tendría que hacer una reserva equivalente a menos a las tres cuartas partes, si prospera una imputación fiscal que por $6.000 millones pe hizo recientemente la Contraloría General de la República al hacer una revisión crítica de las obras que dejó inconclusas o siniestradas a su paso por la gobernación del Tolima, de 2008 a 2011 y de 2016 a 2019.
El juicio fiscal que le acaba de ser abierto se relaciona con anomalías en un contrato de pavimentación de pavimentación de la vía secundaria Salado- San Bernardo, en Ibagué afectado por problemas de planeación y adiciones que solo condujeron a sobrecostos.
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Los investigadores del caso pidieron la imposición de medidas cautelares, con lo cual el parlamentario conservador se convertirá también el único con sus cuentas embargadas mientras repara el daño fiscal ordenado y su nombre desaparece del registro público, en caso de que la imputación conduzca a una condena.
La imputación fiscal ha causado sorpresa en su región, pues es la única de varias causas que parece estar prosperando en contra suya. Además, porque involucra al también exmandatario tolimense Ricardo Orozco, quien en las elecciones de 2026 espera ser elegido nuevamente gobernador en reemplazo de la mandataria actual, Adriana Matiz.
El pasado 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de ordenar la detención de Barreto, aunque mantuvo abierta una investigación en su contra por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Este proceso penal está relacionado con convenios suscritos con el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima para la construcción de sedes educativas.
“Hay prueba sustancial de la posible autoría del congresista en los delitos asociados a presuntas irregularidades en la firma de convenidos”, estimó la sala de instrucción de la Corte Suprema.
El blindaje jurídico que ha conservado hasta ahora le ha permitido a Barreto convertirse en el hombre con mayor poder político en su departamento, donde controla 37 de las 47 alcaldías y varias de las entidades públicas con mayor arraigo burocrático.
Ya en octubre de 2024 la misma Corte había decidido archivar varios procesos en su contra, entre ellos uno relacionado con un posible saqueo por $53.000 millones destinados a proyectos de nutrición y seguridad alimentaria.
El juicio fiscal en la Contraloría -el único que ha prosperado- involucra a otra figura importante de la cuerda de Barreto. Se trata de Andrés Hurtado, exalcalde de Ibagué, quien ha venido adobando su aspiración al Senado en 2026. Hurtado se desempeñaba como secretario de Infraestructura cuando surgió la trama alrededor del contrato de pavimentación de la vía secundaria. El hallazgo alrededor de los recursos embolatados llega hoy a los $6.097.484.125,18.
Barreto y Hurtado hacen parte de la misma cuerda política que llevó al poder a la actual gobernadora y sus nombres suelen coincidir en las investigaciones abiertas contra el uno o el otro. Esa coincidencia se da hoy en al menos ocho procesos que se ventilan en la justicia penal, en la Procuraduría y en la Contraloría.
Una de las más recientes investigaciones se relaciona con denuncias periodísticas sobre la existencia de una red de testaferrato en bienes producto de la corrupción, que gira a través de empresas que estarían siendo contraladas desde la sombra por una concejal de Ibagué. Sin embargo, el proceso apenas se encuentra en fase de indagación previa en la Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima.
Las pesquisas previas han llevado a un seguimiento a una empresa cuya razón social es Servitroal S.A.S, que sin mayo tradición ni experiencia encabeza la listas de proponentes y contratistas de entidades como la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, la Unidad de Salud de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de la misma ciudad.
Entre Barreto y Hurtado han surgido distanciamientos políticos, pero de sus coaliciones recientes queda una estela procesal importante. “Barreto ha comenzado a ver en el Hurtado un poder emergente importante que podría convertirse en una alianza para el patronato político que hasta ahora ha regentado”, dijo a Las2Orillas un expresidente de la Asamblea que los conoce bien a ambos.
Según la misma fuente el enfrentamiento abrió incluso “espacio para el cinismo”. Durante las fiestas de San Pedro, a mediados de año. Barreto criticó a Hurtado por sus lujos y ostentaciones. Hurtado ha ripostado con denuncias sobre el ausentismo de su viejo mentor en el senado.
Ninguno de los dos ha rendido cuentas sobre el origen de sus patrimonios. Hurtado ha dicho que los lujos y el buen vivir forman parte de su estilo de vida y representan su expresión personal.
Aunque el distanciamiento parece evidente hasta hoy, si la Contraloría falla el proceso en su contra tendrán que volver a ser solidarios a la hora de devolverle al fisco más de $6.000 millones producto de uno de los perjuicios que ambos le causaron al patrimonio público.
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