La comunidad académica y la dirigencia política tienen sus ojos puestos en la elección del rector de la Universidad del Atlántico, prevista para este viernes 10 de octubre de 2025. Un presupuesto de $574.000 millones se convierten, de acuerdo con el pragmatismo del mercado, en un caudal nada despreciable en esta época de campaña y por eso el gobierno que quiere mover las fichas para la provisión de los cargos más importantes allí.
El Presidente nombró como representante en el Consejo Superior a una exalumna de sociología de la misma universidad, Melissa Obregón Lébolo, petrista pura sangre que acaba de ser nombrada gerente de Prosperidad social en el departamento y el Ministro de educación Daniel Rojas delegó en Juan Carlos Bolivar, quien forma parte de su equipo directivo. Sin embargo el gobierno no ha logrado manejar un escenario complejo en el que están enfrentadas las fuerzas políticas de la región.
La Casa Char se la juega con dos nombres: Danilo Hernández que busca la reelección -acaba de ganar una turbia consulta estudiantil que se hizo por encima de la directriz del ministro de educación-, es cuota de Arturo Char mientras que su papá Fuada le apuesta al al secretario de Educación del Atlántico, Leyton Barrios. Están en la puja por la rectoría Álvaro González Aguilar, Alcides Padilla Sierra, y Wilson Quimbayo Ospina que es quien más seduce al gobierno nacional: es distante del gobernador Eduardo Verano de la Rosa y de los Char pero en cambio es un potencial promotor de las ideas petristas en el ámbito universitario.
El gobierno tiene los ojos puestos en otras dos elecciones de rector. La Universidad Popular del Cesar ya había enviado una avanzada que cobró interés y relevancia solo por el escándalo que suscitó el uso de helicópteros de la policía para los viajes -publicitados en Facebook e Instagram- por su protegida y fallida viceministra de la Juventud Juliana Guerrero. Ella fue a Valledupar y a Aguachica con la idea de mover los hilos de la reelección del rector Rober Romero.
Juliana Guerreo terminó apoyándose en el poderoso político conservador Alfredo Ape Cuello, sancionado por el comité ético de su partido por votar a favor los proyectos del gobierno. El proceso se vio accidentado porque implicaba reformar los estatutos del claustro para establecer una figura que suena bien en los altos círculos del gobierno: la reelección.
Está también por delante la rectoría de la Universidad de La Guajira por la crisis que se avizora. El rector Carlos Alberto Robles, se ha visto envuelto en una pugna con la Fiscalía en cuyos expedientes él figura como cabeza de un cartel de narcotraficantes. Robles denunció penalmente a investigadores judiciales que, según él, quisieron extorsionarlo y como no accedió a sus pretensiones lo incluyeron en un organigrama criminal en el que aparece identificado con el alias ‘Kaloi’. Aunque el proceso no se ha movido últimamente no sería extraño que el rector se viera forzado a dejar el cargo y su sucesión desatara otra puja de intereses políticos que podrían ser arbitrados desde Bogotá.
Ya antes el Gobierno habría metido baza en la elección, por tres años, del rector de la Universidad Libre César Augusto López Mesa, al cabo de un proceso que tardó casi un año.
Tampoco es ajeno al curso de la demanda ante el Consejo de Estado que busca anular la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Múnera que le abriría la puerta para que sea su contendor Ismael Peña quien asuma la rectoría. En una consulta previa con la comunidad académica Múnera obtuvo la más alta votación y desde el comienzo ha contado con el apoyo del gobierno pero el Consejo de Estado ya se pronunció sobre la legalidad de la elección de Peña, aunque no resuelve la acción de nulidad en su contra.
Anuncios.
Anuncios.
